Venderle tu casa a un narco, o un avión a una narco-dictadura

    Dejemos de lado los problemas jurídicos y de precio. No está nada claro cuánto dinero le acabará quedando al fisco (para ser gastado en dos hospitales en zonas marginadas), ni si existe daño patrimonial al Estado por rematar un bien nacional a un precio muy inferior a su valor, según López Obrador fijado por un avalúo, y que por otro lado poseía un defecto de origen hasta ahora jamás mencionado. Tampoco insistamos en la versión publicada por Mario Maldonado y difundida en redes sociales según la cual el gobierno de Emomali Rahmon (dictador en funciones desde 1994, dizque reelecto en 2020) no es más que un testaferro para el régimen de Putin en Moscú. Centrémonos en el origen del dinero.

    @JorgeGCastaneda

    Cuando se insiste en hacer algo en materia de Estado por pura necedad y cumplimiento de una ocurrencia, suele salir todo mal. En México, esto sucede con cierta frecuencia, y en casi todos los sexenios. Es parte del síndrome presidencial de la anécdota de toda la vida (“¿Qué hora es, teniente? La que usted diga, señor Presidente”), de la falta de rendición de cuentas, de una prensa sumisa y omisa, de oposiciones ineptas y desidiosas, y de antiguas tradiciones nacionales. El síndrome es propio también de otros países, cuando se dotan de líderes populistas desbocados, desde Perón hasta Trump, e incluyendo una larga lista de ejemplos.

    Es el caso de la venta del avión presidencial. Siempre critiqué la adquisición, y su inclusión en una compra más amplia de la Sedena y de Aeroméxico; Airbus le había hecho una propuesta mucho más económica a Calderón, pero por razones ¡desconocidas! no se aceptó. También es cierto que Peña Nieto gastó más de lo necesario en el acondicionamiento del avión; hubiera podido salir más barato lo que se le tuvo que agregar al precio inicial de compra. Pero Peña Nieto sí tuvo la intuición de intentar venderlo o devolverlo; mandó realizar un estudio al respecto, cuyas conclusiones fueron categóricas. Era imposible.

    Pero nada es imposible en la cabeza de un necio. López Obrador no solo se negó a utilizarlo; insistió en deshacerse de él a través de esquemas delirantes, cada uno peor que el anterior. Ya en la desesperación, encontró una solución que parece ser mucho peor que el problema, que él mismo creó. La venta a Tayikistán, suponiendo que sea venta, que sea a Tayikistán, y que se produzca, puede entrañar complicaciones ulteriores.

    Dejemos de lado los problemas jurídicos y de precio. No está nada claro cuánto dinero le acabará quedando al fisco (para ser gastado en dos hospitales en zonas marginadas), ni si existe daño patrimonial al Estado por rematar un bien nacional a un precio muy inferior a su valor, según López Obrador fijado por un avalúo, y que por otro lado poseía un defecto de origen hasta ahora jamás mencionado. Tampoco insistamos en la versión publicada por Mario Maldonado y difundida en redes sociales según la cual el gobierno de Emomali Rahmon (dictador en funciones desde 1994, dizque reelecto en 2020) no es más que un testaferro para el régimen de Putin en Moscú. Centrémonos en el origen del dinero.

    Los bancos establecieron desde hace algunos años la obligación y práctica de KYC: “Know your customer” (Conoce tu cliente). Se trataba de algo muy sencillo, que obviamente no se hacía antes, ni se hace ahora con todo rigor, en todos los bancos, en todos los países. Consiste en preguntarle a cada cliente de dónde proviene su dinero: el que deposita, el que invierte, el que recibe de terceros, el que le transfieren, el que le prestan. Su objetivo principal reside en el combate al lavado de dinero, pero también a la corrupción.

    En 1989, para propósitos semejantes, se creó el Financial Action Task Force (FATF), o Fuerza de Tarea de Acción Financiera, una organización intergubernamental que incluye a 39 miembros, principalmente países de la OCDE, que procura supervisar, investigar, denunciar, y en su caso sancionar, a países que violan normas internacionales de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Es en parte un instrumento de la FinCEN de Estados Unidos, ya que ellos son los más interesados en combatir lo que ellos entienden por lavado y terrorismo.

    FATF lleva a cabo continuamente un proceso llamado “Know your country” (Conoce tu país), cuyo propósito es proporcionar información a sus miembros -y a cualquiera que se meta a su sitio- sobre el (buen o mal) comportamiento de tal o cual gobierno en esta materia. Cito las conclusiones sobre Tayikistán en 2021, es decir, antes de la invasión rusa de Ucrania, y antes de que el país en cuestión se convirtiera, junto con las demás ex repúblicas soviéticas de Asia Central, en cómplices de Putin para burlar las sanciones de buena parte de los países miembros de la OCDE (México no, desde luego):

    “Tayikistán ya no figura en la lista de países de FATF que han sido identificados como aquellos con deficiencias estratégicas anti-lavado de dinero... Ha sido clasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un país y una jurisdicción de preocupación primaria respecto de lavado de dinero y delitos financieros... El lavado de dinero en Tayikistán se asocia con actividades delictuosas como la corrupción, sobornos, robo y tráfico de drogas. Tayikistán es el principal país de tránsito para los opioides afganos introducidos ilegalmente a Rusia, Bielorrusia y algunos países europeos. En tiempos recientes (esto en 2021), el país ha realizado esfuerzos significativos para mejorar su capacidad de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

    Olvidemos el asunto moral: cada quien puede venderle o comprarle chivas a quien quiera, en teoría. Puedo comprarle diamantes a los traficantes de África Occidental, o venderle mi casa a un narco, muy mi asunto en materia de moralidad. ¿Quién tira la primera piedra? ¿Pero a una narco-dictadura/protectorado de Putin? ¿En serio?