Va suave la justicia contra ‘El Químico’. Inhabilitarlo, pero sin que pise la prisión

Por la vía jurídica, sin reeditar el juicio político que además de largo trae consigo el riesgo de demasiados conflictos añadidos al que se busca resolver, la carpeta de investigación abierta contra el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, será la ruta a seguir por la Fiscalía General del Estado para la destitución de “El Químico” como Secretario de Turismo y la única probable sanción de inhabilitarlo para desempeñar el servicio público durante seis años.

Así, con el debido control de daños y sin que el indiciado pise la cárcel, los aparatos de procuración y administración de justicia harán que sea leve la sanción en el caso de la adquisición irregular de 2 mil 139 lámparas compradas a la proveedora Azteca Lighting por 400 millones 204 mil 74 pesos, aquella operación opaca que se concretó el 2 de marzo de 2022, y ocasionó que Benítez renunciara a la Presidencia Municipal el 25 de octubre y ese mismo día el Gobernador Rubén Rocha Moya lo designara Secretario de Turismo.

En unos días, tal vez usando como distractor las celebraciones navideñas que ocupan toda la atención de los sinaloenses, vencerá el estatus de presunción de inocencia que opera a favor del ex Alcalde de Mazatlán y sus colaboradores implicados en el dossier penal “luminarias opacas”, pues los fiscales han hallado pruebas suficientes para judicializar delitos de desempeño ilegal de la función pública, daño a las finanzas del Ayuntamiento de Mazatlán y violación a la ley de adquisiciones y compras.

También está tomada la decisión en el tercer piso de Palacio de Gobierno para que el actual titular de la Secretaría de Turismo dimita al cargo en cuanto la Fiscalía decida llevar la denuncia formal ante el Poder Judicial, reparando de esta manera la indignación y asombró que provocó aquel “rescate” que Rocha Moya hizo instantes después de que “El Químico” dejó la Alcaldía mazatleca. Fue, y los sucesos que vienen lo corroborarán, un salvamento político vigente solo en el tiempo anterior al día que Benítez deba presentarse ante los tribunales.

Al no ser el caso de apropiación de recursos del erario para beneficio particular, sino el manejo ilícito de éstos, la resolución judicial alcanzaría para impedirle buscar puestos de gobierno, mínimamente (con exceso de indulgencia del juez) en la elección constitucional de 2024 cuando en Sinaloa serán votados presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores.

Es decir, nadie espere que Benítez Torres y los integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán pasen alguna temporada tras las rejas, porque las denuncias adjuntadas al expediente Azteca Lighting atacan el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa debido a la inexistencia de los supuestos de urgencia, fuerza mayor, seguridad nacional ni ausencia de otros proveedores para que se le otorgara a Azteca Lighting el contrato sin la adecuada licitación.

De ser declarados culpables de desempeño irregular de la función pública, el artículo 300 del Código Penal les asigna la prisión de seis meses a tres años, y de 30 a 180 días multa, e inhabilitación para ejercer la función pública hasta por seis años. Aunque sí podrían ir a la cárcel si son declarados con responsabilidad en otros delitos como abusos de autoridad y el castigo sea acumulativo.

Por lo pronto existe la posibilidad de que a Benítez Torres y ex funcionarios se les sentencie por desempeño irregular de la función pública y la pena a pagar que más les dolerá es que no podrán competir ni ocupar posiciones de gobierno o de representación popular según el tiempo que se los prohíba la justicia. De ser la máxima inhabilitación, de seis años, “El Químico” ni siquiera podrá aparecer en la boleta electoral para Gobernador el primer domingo de junio de 2027, a no ser que gane la batalla legal que seguramente librará para revertir cualquier fallo adverso.

El método de separar del cargo a Benítez Torres para que responda en situación no ventajosa por la compra chueca y opaca de las luminarias estará a prueba quizás hasta enero próximo no obstante que la Fiscalía podría citarlo a declarar antes de que concluya el año 2022. Ello significaría que en la primera semana de 2023 Rocha Moya deba designar a un nuevo Secretario de Turismo, ya sin el estigma del salvamento político.

Y que el Gobernador rescatará la palabra dada en el sentido de que el arropamiento a “El Químico” será en tanto la Fiscalía lo encuentre culpable o inocente de los delitos que se le acusan. Así le rendirá buenas cuentas también al Presidente Andrés Manuel López Obrador quien está de acuerdo en que el ex Alcalde de Mazatlán responda por los ilícitos endilgados, con una sola condición: que no pise la cárcel.

Inimaginable un desenlace distinto. Será inhabilitado electoral y gubernamentalmente, sin embargo, evitarán que ocupe una celda en algún reclusorio.

Esto tiene un lado anímico,

Al verlo desde otra arista:

Ya le toca pagar a ‘El Químico’

Sus viajes de eterno turista.

Quiere cobrar su aguinaldo el destituido Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que en otra de sus machincuepas legales acudió ayer al Ayuntamiento a notificar que está por vencer el plazo para el cual pidió licencia como Presidente Municipal y no hay sentencia que lo declare culpable de los delitos que le imputan. Eso sí: para cuando la justicia va, él ya viene de regreso, y cuidado, porque el tortuguismo legal lo puede reinstalar en el cargo ridiculizando al aparato legislativo-judicial-político que pretende ajustarlo a la ley.