Una red ciudadana contra la justicia selectiva y la corrupción

El Congreso del Estado acaba de desechar una muy pertinente propuesta de ley, presentada por Iniciativa Sinaloa, con la que se buscaba reducir los tiempos que tardan las investigaciones por casos de corrupción.

Y es que, actualmente no existe un plazo para comenzar y poner fin a una investigación derivada de una denuncia sobre faltas administrativas de servidores públicos, por lo que queda a discreción de las autoridades el tiempo que toma recabar información para esclarecer los hechos.

Esta situación provoca que muchos actos de corrupción queden en la impunidad, ya que no hay ordenamiento que obligue iniciar las investigaciones correspondientes y presentar resultados en un tiempo razonable. Mientras eso ocurre, mucha información sensible desaparece.

Lo más grave es que, ante la falta de un mandato para dar seguimiento a todas y cada una de las denuncias presentadas por actos de corrupción, las autoridades pueden elegir sin ningún inconveniente qué casos perseguir, y qué otros dejar en espera indefinida.

Durante la actual administración, hemos sido testigos de una implacable pesquisa judicial por la malversación de recursos en la UAS, el problema es que se han dejado de lado otros eventos igual de condenables, como el caso Precasin, ocurrido durante el periodo de Quirino Ordaz, cuya denuncia lleva en la congeladora casi cuatro años.

Esta discrecionalidad ocurre siempre por criterios estrictamente políticos, a conveniencia de los intereses del gobierno en turno, dejando de lado temas que resultan incómodos de atender en el momento.

A esto se le conoce como justicia selectiva, un sistema de arreglos y complicidades extrajudiciales que no solo debilitan el Estado de Derecho, sino que además socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Fue para poner fin a este tipo de prácticas discrecionales de justicia, que Iniciativa Sinaloa presentó desde diciembre de 2022, el proyecto de ley que proponía un plazo de hasta 365 días para que las autoridades culminen las investigaciones luego de la presentación de una denuncia.

Sin embargo, la propuesta ciudadana fue rechazada por la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la LXIV legislatura, que preside la Diputada Cecilia Covarrubias, por considerar que la medida va en contra de principios constitucionales, lo cual causa mucha extrañeza, ya que la reforma apuntaba precisamente a cumplir con el derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita.

Con esto se comprueba que todavía existen trabas institucionales para erradicar la corrupción y la impunidad.

La buena noticia es que desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ya se ha puesto en marcha el registro para conformar una red ciudadana anticorrupción, que permitirá conjuntar esfuerzos desde la sociedad civil, para forzar que las autoridades cumplan con sus responsabilidades en esta materia: investigar, juzgar y sancionar a todo funcionario público que haga mal uso de la autoridad que la ciudadanía le confiere.

Resulta que no solo es el caso del maestro Sergio Arredondo y del maestro Antonio Chávez, sino que en estos 18 años de cuenismo, en la UAS se ha despedido injustamente a una decena más de profesores. Sus nombres son: Kirey Hernández, Fortino Lizárraga, Genaro Ochoa, Juvenal López, Ricardo Vera, Manuel Bojórquez, Marco Medrano, Francisco Zirahuén, Ramón Sánchez y Candelario Gómez. Justicia para todos ellos. Exigimos su reincorporación.

Tras más de 40 días desde que Jesús Madueña Molina fue destituido, la Ley Orgánica mandata al Consejo Universitario nombrar un Rector Interino. Luego tendrán que pasar otros 40 días para que se nombre un Rector sustituto. Robespierre Lizarraga está impedido para ocupar el cargo, porque no cumple con lo que marca el Estatuto General. Además, enfrenta un proceso por abuso de autoridad. Es tiempo ya de que a la universidad la dirija una persona ajena al PAS, en CIVITAS-UNIVERSIDAD tenemos varios candidatos que cumplimos los requisitos.