Una política de violencia contra las personas migrantes: México y Estados Unidos negarán a miles su derecho de asilo

El pasado 4 de junio el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que cerrará la frontera entre México y Estados Unidos cuando el número de personas migrantes que hayan sido detenidas intentando cruzar la frontera superen las 2,500 por día durante una semana. Cuando se rebase este número la frontera estará cerrada incluso para las personas solicitantes de asilo, una violación clara a derechos humanos y a los tratados internacionales.

Las diversas crisis políticas y económicas en Haití, Venezuela, Nicaragua, entre otros, han traído como resultado una gran ola de personas migrantes con necesidades de protección internacional que están huyendo de las condiciones catastróficas de sus países. Esta crisis humanitaria ha empeorado por las medidas restrictivas promovidas por los gobiernos de los Estados Unidos. Bajo leyes que se aprobaron durante la presidencia de Donald Trump, una cantidad muy alta de personas migrantes y sujetas a protección internacional que cruzaron la frontera norte fueron deportadas rápidamente a México, siendo privadas del derecho humano a solicitar asilo. Las deportaciones a México incluyen todas las nacionalidades -a pesar de que muchos no son mexicanos.

Es importante recordar que una parte central de la política migratoria estadounidense es la externalización del control de la frontera con México. Esto se demuestra con la nueva orden ejecutiva de Biden, la cual es una continuación de una política migratoria indiferente a la seguridad y a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional, ya que al amenazar el cierre de la frontera norte con solo una semana de notificación traerá consecuencias graves para muchos de los albergues en México, sobre todo los que se encuentran en la frontera norte, pues la mayoría de ellos ya han rebasado su capacidad máxima para alojar población, y ahora deberá hacer frente especialmente a las personas que serán deportadas de manera acelerada, las cuales en su mayoría no tienen ninguna conexión con el territorio mexicano.

Los peligros provocados por las deportaciones aceleradas desde los Estados Unidos a México están claramente documentados. De acuerdo con una investigación realizada por Human Rights First, desde el inicio de la Administración Biden se han registrado casi 9,000 casos documentados de secuestros, torturas, violaciones y otros ataques violentos contra personas que han sido bloqueadas o expulsadas a México bajo el Título 42, una de las políticas migratorias que aprobó el ex Presidente Trump y que se mantiene por la administración estadounidense. Si la frontera se mantiene cerrada el número de deportaciones aumentará y, con ello, los casos de violencia que sufren las personas migratorias en México.

Con esta medida, Estados Unidos está vulnerando el derecho a solicitar asilo y, sobre todo, uno de sus principios fundamentales consagrados en la Convención de Ginebra de 1951: el principio de no devolución. Este principio establece la obligación de llevar a cabo procedimientos de asilo para garantizar que las personas no sean retornadas a sus países de origen donde podrían enfrentar persecución o amenazas contra su vida.

En este momento la orden ejecutiva de Biden no solo vulnera el derecho de solicitar asilo, también en México encontramos diversas vulneraciones. Una de ellas es que la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados (COMAR) en la Ciudad de México se encuentra cerrada desde el 27 de mayo, otro ejemplo de la erosión del derecho de asilo a través del continente. En meses recientes, las autoridades mexicanas adoptaron una política no oficial de transportar a las personas migratorias que han sido deportadas desde Estado Unidos hacia la frontera sur de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que todavía está buscando llegar a un acuerdo con Biden para que los migrantes sean directamente devueltos desde Estados Unidos hacía sus respectivos países. Asimismo dijo, en una de sus últimas conferencias matutinas, que México está tratando muy bien a todos los migrantes.

Es indiscutible que la política migratoria en México trabaja bajo las reglas de la política estadounidense, aquella que goza de poner a las personas migrantes y sujetas a protección internacional en condiciones de riesgo, vulnerabilidad y peligro extremo. Ambos países están a un paso de tener un cambio de gobierno, por lo que ahora más que nunca es importante que el gobierno mexicano tome acciones concretas para proteger todos los derechos humanos de las personas migratorias en México y pueda alejarse lo más posible de acciones como la de Biden.

* Sasha Jenkins y Jana Grossmann son integrantes del equipo de la Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad de Sin Fronteras.

-

@SinFronterasIAP
Animal Politico / @Pajaropolitico