Las macrotendencias en la geopolítica mundial están acercando a México y a Estados Unidos. Si sólo nos dejáramos guiar por esto podríamos anticipar un futuro brillante para México, como parte de la región con mayor potencial de crecimiento económico en los próximos lustros.
Desgraciadamente, influyen también los elementos de la política doméstica de ambos países. Y esto no habla de buenas noticias. Por razones diversas, se avista un conflicto entre ambas naciones.
Recientemente, el Gobierno del Estado de Texas anunció la puesta en marcha de la Ley SB4. Se trata de una serie de medidas que convierte en un delito que un ciudadano no estadounidense “ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera”.
Por buenas razones, esto se ha considerado como una acción política de carácter anti-inmigrante. La cuestión ha llegado a los tribunales de nuestro vecino del norte. Aunque la Corte de apelaciones del 5to Circuito había tomado la decisión de permitir que la policía comenzara a detener personas migrantes que carecen de la documentación para permanecer en Estados Unidos, pronto entró en acción la Suprema Corte de Justicia, que anuló la decisión de esa Corte de apelaciones, estableciendo que, por lo pronto, no se permitiría la puesta en marcha de ninguna Ley que autorizara el arresto de personas que han cruzado la frontera ilegalmente. Sin embargo, esta decisión fue temporal y, recientemente, fue reemplazada por una nueva directiva que efectivamente permite implementar la Ley SB4, por ahora.
Ante esto, el Gobierno mexicano ha reaccionado con acierto, al declarar que nuestro País no recibirá ningún migrante que sea impelido a dejar el territorio estadounidense, luego de ser arrestados. Así tiene que ser, pues nuestro País no puede ni debe aceptar decisiones impuestas por otra nación sin que medie una negociación de carácter bilateral.
Tanto el Presidente como la Secretaria de Relaciones Exteriores expresaron este sentir públicamente, en sendos mensajes. Fue lo adecuado.
Lo que observarnos aquí son las consecuencias de una ola de opinión anti- inmigrante en Estados Unidos que lleva varios lustros siendo instigada desde varios medios de comunicación. El triunfo de Trump en 2016 y su posible reelección en 2024 son producto de este cambio en la opinión de un sector importante de los ciudadanos estadounidenses.
La siguiente Presidenta y el siguiente Congreso federal mexicano tendrán que ser muy habilidosos en responder creativamente a un Presidente estadounidense hostil a México. Pero incluso si Trump fuera derrotado, el problema persistiría, aunque no de una manera tan intensa.
Los dos países deben ahora trabajar para evitar al máximo que sentimientos xenófobos impongan una agenda que, indudablemente, llevarían a nuestros países a un conflicto en el que nadie ganaría.
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Presidente de Alternativas por México
@gdehoyoswalther
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