Un plan popular por vivienda digna. A Rocha, de Mazatlán para Sinaloa
A reserva de que sea casualidad y no causalidad la ausencia de representantes del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y del Gobernador electo Rubén Rocha Moya en el foro ciudadano realizado por el Consejo Popular de Mazatlán, ambos políticos tienen allí la propuesta para el reordenamiento urbano con sentido social cuya viabilidad trasciende al puerto y es aplicable en el resto de las urbes sinaloenses. En los resolutivos aprobados el domingo está la clave; falta quién la utilice para abatir la anarquía en el tema de regularización y disposición de vivienda.
Aunque el planteamiento le será entregado a Rocha Moya en el primer día que despache como jefe del Poder Ejecutivo Estatal, ningún nivel de autoridad debería desatender las líneas de acción resueltas en este ejercicio comunitario que dota de alma y esperanza a las manchas citadinas que desde la burocracia son percibidas como inánimes y problemáticas. No es un mapa, señores; es el croquis hacia la humanización del espacio habitable.
Se trata de un esfuerzo que involucra a las colonias de Mazatlán, al sensible segmento de familias desplazadas por la violencia, a aquellos que tienen derecho a la vivienda por más que la situación económica o la inconsciencia gubernamental se las niegue. El ya probado liderazgo de Miguel Ángel Ramírez Jardines aglutina las ilusiones de mucha gente que quiere hogares con certidumbre y confía en que el próximo Mandatario estatal establezca en sus primeras políticas públicas la creación de la comisión especial para resolver la regularización de la tenencia de la tierra y la escrituración.
De las propuestas destaca la integración en el gobierno de Rocha de un grupo de abogados y trabajadores sociales que en coordinación con los gobiernos municipales y apoyado en sus propias secretarías estudie los expedientes de cada uno de los asentamientos irregulares y lleve a cabo todas las acciones legales y operativas que se necesiten para conciliar intereses, tomar acuerdos justos y dotar paulatinamente de escrituras a las miles de familias sinaloenses que hoy viven en la incertidumbre, con amenazas de desalojo, violación de sus derechos humanos y ausencia de asesoría legal para defender su patrimonio.
No es un problema menor. El documento avalado por representantes de 60 colonias y comunidades rurales establece que los terrenos irregulares para casas habitación son casi el 50 por ciento de los asentamientos urbanos de Mazatlán. En lo referente al rezago de viviendas de interés social se estima en 5 por ciento, con un crecimiento anual del 3 por ciento derivado del desplazamiento forzado por la violencia en la sierra, por lo cual el planteamiento es que funcione la Comisión de Vivienda para censar, estudiar y tramitar casas en los fraccionamientos que por distintas razones se encuentran abandonadas y se destinen a enfrentar la crisis de techos para familias que los necesitan.
Entre otros planteamientos al nuevo gobierno están una ley que termine con la “engorda” de terrenos urbanos para vivir y una ética política que deje de utilizar clientelarmente las mayúsculas urgencias de vivienda popular; el amplio programa de introducción de agua potable, luz eléctrica, pavimentación y alcantarillado en todas las colonias que no cuentan con estos servicios, con supervisión de organismos ciudadanos y de expertos en la materia, así como levantar un censo de las áreas comunes y se conozcan a detalle las negociaciones ilícitas de funcionarios, malos líderes de colonias y empresas inmobiliarias o particulares, para invadir, construir o vender ilegalmente las áreas verdes y naturales que le corresponden a la ciudadanía.
Está claro que la propuesta del Consejo Popular de Mazatlán es para esta ciudad del sur del estado, no obstante que puede ser trasladada al resto de los grandes asentamientos humanos de Sinaloa donde la problemática es igual y estas acciones también resolverían carencias para los sectores poblacionales más necesitados. Y sí se puede hacer sin atropellos, con la ley en la mano, erradicando prácticas donde unos cuantos acaparan mucho y muy pocos acumulan nada.
Por más que sea mala señal el hecho de que el Alcalde Benítez no haya enviado representante del Gobierno municipal a la asamblea-foro del CPM, y que tampoco asistiera Alejandro Higuera Osuna, el interlocutor asignado por Rubén Rocha, prevalece en los impulsores del “Plan de Reordenamiento Urbano con Sentido Social” la fe en que el Gobernador electo empiece, por la emergencia misma del tema, comprando casas abandonadas en lugar de quererlas construir nuevas de manera inmediata.
En síntesis, de Mazatlán para Sinaloa se establecen buenas ideas que encajan a la perfección en la ampliación de los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado que gobernará Rocha, siendo uno toral la dotación de hogares para familias pobres. Pero, nomás por echar a perder la fiesta, salta inoportuna a relucir la vivencia social donde los políticos suelen cambiar las intenciones de campaña a favor de los desposeídos, por el despropósito de gobernar con y para los poderosos.
Si mis pies de paria apuntan,
A donde no existe un techo,
Porque carajos me preguntan,
Si soy ciudadano satisfecho.
Escrita en muy buenos términos, la civilizada carta renuncia que el Fiscal Juan José Ríos Estavillo le entregó al Congreso del Estado le da vuelo a dos conjeturas: o llegó a un muy buen arreglo con el próximo gobierno que presidirá Rubén Rocha Moya, o bien quien deja el cargo antepuso la toma de conciencia de una circunstancia política nada favorable para él donde la única concesión a su favor consiste en no pelearse con el súper poderoso Mandatario de la Cuarta Transformación. ¿Usted qué cree?
