Un nuevo comienzo para la educación en Sinaloa frente a retos urgentes

La reciente designación de Gloria Himelda Félix Niebla como Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa representa una oportunidad para promover una agenda que priorice el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela. Sin embargo, esta transición también subraya los retos estructurales que la nueva Secretaria deberá enfrentar, los cuales trascienden las oficinas de la SEPyC, y se reflejan en las comunidades escolares de todo el estado.

Uno de los desafíos más evidentes es el impacto de la violencia en Sinaloa sobre el derecho a la educación. La inseguridad en el estado ha permeado no sólo en las calles, sino también en las aulas, afectando directamente el desarrollo de los estudiantes. Los hechos de violencia que sacuden a municipios como Culiacán han incrementado el ausentismo escolar y profundizado las desigualdades, principalmente de quienes viven en contextos más vulnerables. Ante esto, se deberá priorizar la implementación de protocolos de seguridad claros y efectivos, que protejan tanto a estudiantes como a docentes, y que se adapten a las realidades específicas de cada comunidad escolar, para así garantizar que la escuela siga siendo un espacio seguro y propicio para aprender.

En paralelo, otro de los retos más importantes es el rezago en infraestructura escolar. De acuerdo con la investigación “Lo básico no está garantizado” de Mexicanos Primero, en el ciclo escolar 2021-2022, sólo el 66.9 por ciento de las escuelas de Sinaloa contaban con servicios esenciales como electricidad, agua potable y sanitarios adecuados. Este dato revela que más del 33 por ciento de los planteles carecen de condiciones mínimas para operar, lo que ubica al estado en la posición 21 a nivel nacional en cuanto a la prestación de estos servicios. Asimismo, en cuanto al acceso a la tecnología, sólo el 34.8 por ciento de las escuelas de educación obligatoria en Sinaloa cuentan con computadoras para propósitos educativos, lo que coloca al estado muy por debajo de la media nacional (46.3 por ciento). Además, sólo el 22.7 por ciento de los planteles tienen acceso a internet para fines pedagógicos, lo que sitúa a Sinaloa en la posición 23 en la dotación de este servicio. Ante esto, es necesario un diagnóstico sólido del estado actual de los planteles y un plan de acción coordinado para atenderlos, y así asegurar que las escuelas ofrezcan un ambiente digno y funcional para el aprendizaje.

Otro reto será la revalorización de las y los docentes. Y aunque una parte fundamental para esto es su desarrollo profesional, el presupuesto asignado para este rubro es insuficiente. Con apenas 93 pesos por docente al año, no es posible garantizar que los maestros tengan acceso a la formación continua que requieren para enfrentar los desafíos actuales, sobre todo, teniendo en cuenta lo necesaria que es en este proceso de transición de modelo educativo con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

La equidad e inclusión educativa también debe ocupar un lugar central en la agenda. La realidad es que muchos estudiantes, especialmente aquellos de comunidades indígenas, migrantes, con discapacidad y la población de la primera infancia, enfrentan contextos adversos que dificultan su desarrollo integral. Históricamente, estos grupos han sido marginados, y si se pretende construir una educación inclusiva, es fundamental implementar políticas que garanticen que estos estudiantes reciban la atención y los recursos que necesitan para prosperar en un entorno educativo.

Por último, pero no menos importante, está la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión educativa. Y para ello, es imprescindible contar con sistemas de información públicos y actualizados que permitan tanto a las autoridades como a las comunidades escolares tomar decisiones informadas.

El momento actual representa un desafío para la nueva Secretaria, pero también una oportunidad para transformar la educación en Sinaloa. El derecho a aprender debe ser una prioridad que trascienda las coyunturas políticas, y para ello, es necesaria la coordinación interinstitucional, así como la colaboración entre autoridades y actores escolares y sociales, para que en conjunto se logre convertir a la educación en la piedra angular dentro de la agenda de gobierno.

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