La seguridad ciudadana sigue siendo uno de los pendientes que tiene nuestro País. Hoy las cifras principales de violencia son muy altas a pesar de lo prometido por el actual gobierno. Lejos están los días en que las condiciones de seguridad para los mexicanos mejoraban de manera continua y sostenida.
De acuerdo con datos del INEGI esto ocurrió entre 1990 y 2007. No es sorprendente que esa mejoría haya sucedido en el periodo en que nuestro país decidió transitar hacia la democracia liberal. Este es el régimen que, históricamente, ha creado las mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía. Sin embargo, México no ha consolidado esta forma de gobierno, en parte, debido a la acción de poderosas bandas criminales que controlan varias regiones del País.
Entre 2007 y 2011, aproximadamente, se disparó el número de homicidios en México, debido mayormente a la reacción de organizaciones criminales ante la política del Presidente Felipe Calderón de quitarles el monopolio de la violencia. Entre 2012 y 2014, la cifra de homicidios disminuyó notablemente sólo para volver a crecer señaladamente. Esta es la situación en que nos encontramos hoy.
Aunque es verdad que el número de homicidios se redujo entre 2021 y 2022, variando el índice de 28 a 25 de estos delitos por cada 100 mil habitantes, esta cifra sigue siendo mayor a la registrada en promedio durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
De acuerdo con la organización Causa en Común, casi la mitad de los emstados de la República se encuentra en alerta roja por los índices de homicidio y otros delitos de alto impacto. Un hallazgo preocupante, publicado en el estudio hecho por Causa en Común, es el crecimiento de lo que denominan “atrocidades”. Se trata de hechos delictivos que, por la forma y magnitud en que ocurren, convocan la inmediata indignación moral.
Acciones como la tortura, el asesinato de mujeres con violencia extrema, homicidios múltiples, mutilación de cuerpos, asesinato de policías y hallazgo de fosas clandestinas, configuran lo que puede llamarse un desfile del horror.
La inseguridad ciudadana no sólo debe medirse con estadísticas y números, sino por el grado de crueldad enorme con que se despliega la violencia. Para ser un país que no se encuentra en guerra, el grado de crudeza y ferocidad que vemos extenderse ante nuestros ojos, es sorprendente.
Las entidades federativas más afectadas por la comisión de atrocidades son Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos. Ahí ocurrieron el 40 por ciento de las 3 mil 285 registradas en el País entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, de acuerdo con el análisis de Causa en Común.
Aunque la mayor parte de los responsables de estos delitos no fueron cometidos directamente por el Estado, algunas atrocidades sí tienen autoría estatal. Destaca, entre ellas, la muerte de 29 migrantes asfixiados y calcinados como resultado de la negligencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este hecho, vergonzoso y horrendo, debe ser investigado hasta encontrar a los verdaderos responsables y se haga justicia.
Es ya inaplazable que la política de seguridad desplegada por este Gobierno cambie hacia una que tenga más sentido. No podemos permitir que las atrocidades sean parte del acontecer cotidiano de nuestra Nación.
