Este jueves 9 de noviembre el Estado mexicano tendría que haber respondido por los reiterados intentos de debilitamiento institucional de órganos constitucionales autónomos que afectan el sistema de pesos y contrapesos en el País. La falta de interés de distintos actores del Gobierno mexicano por mantener estos mecanismos, así como de cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos humanos, en específico respecto al derecho a saber, ha llevado a la sociedad civil a hacer un llamado a las instancias internacionales para que se pronuncien sobre el riesgo en el respeto y garantía de este derecho.
En el marco del 188° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil exponemos en una audiencia temática nuestra preocupación ante el grave riesgo de afectaciones al derecho a la información y la protección de datos personales en el que se encuentra la sociedad en nuestro País, debido a los múltiples intentos por parte del Estado mexicano de debilitar a los organismos autónomos constitucionales, particularmente, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de garantizar nuestro derecho a saber y a la información pública.
El INAI estuvo impedido para sesionar por casi cinco meses debido a la falta de designaciones de tres personas comisionadas. Esta omisión deliberada del Senado de la República abrió la puerta para que se violaran los derechos de más de 8 mil personas que en ese periodo buscaban acceder a información pública o proteger sus datos personales. Dado que este acceso tiene un carácter instrumental, esta omisión también generó afectaciones a otros derechos, como el acceso a la salud o el derecho a la privacidad.
Después de una batalla legal y mediática por parte de distintos actores de la sociedad civil organizada y del propio órgano garante, actualmente, el INAI puede sesionar gracias a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1), en la que permitió al órgano garante reestablecer sus funciones para evitar acumular más afectaciones a los derechos y ordenó al Senado de la República cumplir con su obligación constitucional de designar a las personas comisionadas faltantes hasta antes del cierre del periodo ordinario de sesiones legislativas, es decir, antes del 15 de diciembre de 2023.
No obstante, el Senado de la República ha mostrado una resistencia por cumplir con dicha sentencia, acompañada de los constante ataques públicos desde el Ejecutivo federal en contra de los órganos autónomos. A la fecha sigue siendo omiso, pues tiene pendiente resolver más de 100 procesos de designación y, como señaló la misma Corte, ha superado todo plazo razonable para ello, dejando claro que detrás de ello existe una política de desmantelamiento de las instituciones de contrapeso.
El riesgo para nuestro derecho a saber, para la verdad, la libertad de expresión y la protección de datos sigue presente en tanto no se fortalezcan las instituciones. Frente al contexto la audiencia ante la CIDH, en la que también estará presente el Estado mexicano y el propio órgano garante como peticionario, permite a las organizaciones civiles denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos la situación en que se encuentra este derecho en el país, con el fin de que la CIDH emita recomendaciones y se pronuncie para limitar las distintas formas de afectación a los derechos y con ello se evite la repetición de estas violaciones.
El llamado hacia el Estado mexicano es claro: deben cesar las reiteradas transgresiones al derecho a la información y la protección de datos personales. La apuesta del Estado mexicano en correlación con las obligaciones, adquiridas internacionalmente, de respeto y garantía de los derechos humanos, debe buscar fortalecer y no atacar a las instituciones que los garantizan.
#LoQueDejamosDeSaber
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La autora es Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
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1. Sesión pública de 02 de octubre sobre la resolución de fondo de la controversia constitucional 280/2023 promovida por el INAI.
