¿Un juicio político afelpado para Estrada?
El Congreso calla y el Alcalde se victimiza

Qué chulada para Jesús Estrada Ferreiro el juicio político instaurado en su contra por el Congreso del Estado. La secrecía con que actúa la Comisión Instructora, el silencio del Movimiento Regeneración Nacional ante uno de los suyos sentado en el banquillo de los acusados, y la permanencia del Alcalde de Culiacán en el cargo utilizando todo el aparato público municipal para defenderse, convierten el proceso de destitución en la mejor oportunidad para que el indiciado se convierta en héroe y los poderes Legislativo y Judicial resulten ser las víctimas.

De seguir esto así, el correctivo que se le quiere aplicar a Estrada terminará siendo la reprimenda para los diputados que buscan sancionarlo. La estridente alharaca del Presidente Municipal fraguada desde el Ayuntamiento para evitar que le apliquen la ley, contra el suave ostracismo camaral que le evita a los culiacanenses conocer la otra versión, les dan forma a sospechas no para el que delinquió sino para quienes lo enjuician.

¿Acabará siendo un juicio político al revés? Cuidado con la alteración de las funciones ya que la 64 Legislatura, que debe ceñir a la práctica legal a todos los servidores públicos, acabaría dándole forma, a cómo van las cosas, a un desvencijado apóstol político a quien el marco jurídico le vale y prefiere martirizarse ante los ciudadanos haciéndoles creer que es inocente de todos los cargos que le imputan.

A Estrada se le está haciendo un juicio a la medida, con justicia aterciopelada y felpa parlamentaria. Por ejemplo, la dispensa a conveniencia del artículo 136 Constitucional que establece que “por la declaratoria de procedencia, el servidor público quedará separado de su cargo mientras esté sujeto al proceso penal”, representa el asomo de un tratamiento elástico con demasiadas consideraciones para el enjuiciado. Bastó con que el funcionario se absolviera a él mismo de culpas y declarara que no va a renunciar ni pedirá licencia.

¿Qué con las tres condicionantes del juicio político que establece la Constitución? La violación grave a disposición expresa de la Carta o a las Leyes que de ellas emanen; el manejo indebido de fondos y recursos del Estado o de la Federación; y, los ataques a la libertad electoral. ¿Y las tres conductas indebidas que el Gobernador Rocha Moya le atribuyó al Alcalde de Culiacán? Buscapleitos, soberbio y desobediente.

La estrategia de Estrada consiste en desviar el caso del curso estrictamente legal y arrinconarlo en su guardia política. Que lo ponen en total estado de indefensión; que el dirigente nacional de Morena no ha salido a defenderlo; que el Gobernador Rubén Rocha Moya debe reunirse con Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, para ordenarle que detenga el juicio político y que le impiden trabajar como Alcalde porque lo traen ocupado en defenderse.

A pesar de que se le caen los pilares que lo sostenían en la función pública solapándole la evidente incapacidad para gobernar a Culiacán, Estrada se la juega con un escenario de presión social para que el Congreso desista en quitarle el cargo. Hasta donde se sabe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que él no meterá las manos para que la materia jurídica se entorpezca en uno u otro lado y Morena hasta hoy también se ha mantenido al margen.

Entonces desde su cuartel de defensa, que a la vez es la sede del Gobierno municipal, el Alcalde en la dualidad de presunto infractor usa la posición edilicia, recursos públicos y funcionarios adeptos en el plan que consiste en hacer tronar el juicio político y erigirse como el héroe que derrotó a todos los poderes legítimamente instaurados que por quererlo aniquilar políticamente lo convirtieron en mártir, esa inmejorable plataforma para buscar en 2027 la candidatura a Gobernador. Qué chulada de maíz prieto.

Y todo porque el Congreso desdeña el precepto de máxima publicidad en situaciones que son de gran interés para la sociedad, vacío de información que la contraparte capitaliza para que nada más se conozca la versión del enjuiciado y la leyenda del pobre perseguido que solamente cometió el delito de traicionar a su pueblo y dejar caer la arrogancia del poder encima de los más desposeídos. “Yo no hice nada”, argumenta y el problema es ese: no ha hecho nada relevante para Culiacán.

Hay que notar que las apuestas se colocan a favor de que será un susto, tal vez amonestación amigable, la que reciba el abogado de Culiacancito que por una falla de la democracia tomó la conducción de Culiacán en 2018 y, cuando ni su partido ni los culiacanenses lo toleraban más, en 2021 el error se repitió porque el Partido Sinaloense le completó los votos para la reelección. Así, de aquella expectativa de “quien la hace la paga” que nació el 22 de abril cuando el Congreso decidió por mayoría iniciarle el juicio político, la perspectiva pública ha virado a la acción legislativa-judicial con final feliz para el munícipe.

Si prosigue igual el proceso,

Podría anunciar el edicto,

Que fue derrotado el Congreso,

Y que Estrada salió invicto.

Desde el ejercicio de la 63 Legislatura con Graciela Domínguez Nava al frente la figura constitucional del juicio político procedió a desgastarse en el Congreso del Estado porque había muchos servidores públicos a quién aplicársela, pero faltaron diputados con los tamaños para abrir los respectivos procedimientos. Ahora en varios municipios la gente quiere que los alcaldes sean medidos con ese rasero: Guasave porque Martín Ahumada desobedece el mandato judicial de destitución del Director Jurídico y Mazatlán donde el Movimiento Amplio Social Sinaloense se queja de atropellos de Luis Guillermo Benítez Torres. Más los que se acumulen.