En el curso de este año, el caso de Monterrey se ha acentuado como el emblema de una de las problemáticas más importante que enfrentará México durante este siglo: el acceso al agua potable. Monterrey permite visibilizar claramente la forma en que los efectos del cambio climático están dando lugar a un escenario en el que el acceso al agua se convierte en una competencia cada vez más aguda entre el poderoso sector industrial y la población, pero también de la falta de un plan de gobierno orientado a resolver este problema desde una perspectiva ambiental y de derechos humanos.
El actual periodo de estiaje ha traído consigo una de las sequías más fuertes en Nuevo León, y los focos de alerta se encendieron cuando las principales presas que abastecen de agua a Monterrey, que son La Boca y Cerro Prieto, registraron volúmenes mínimos históricos.
Las autoridades han hablado muy poco sobre el impacto del cambio climático en el ciclo del agua como una de las principales causas de la baja disponibilidad de agua. Eso es muy preocupante porque si las políticas públicas ambientales y de gestión integral del agua potable no están estrechamente vinculadas, entonces será muy difícil garantizar el bienestar de las poblaciones urbanas en el mediano y largo plazo.
En ese sentido, Monterrey no es una excepción de lo que está sucediendo en varias ciudades del país respecto a la falta de control del crecimiento urbano, primordialmente regido por un mercado inmobiliario altamente especulativo que poco o nada tiene que ver con la vivienda como un derecho humano, lo cual ha disminuido drásticamente las zonas de valor ambiental que son indispensables para afianzar la infiltración pluvial en los acuíferos y lograr una mayor disponibilidad de agua para la población.
Tal vez el panorama de urgencia y pánico político han impedido que el Gobierno de Nuevo León plantee soluciones de fondo, centrándose en la inmediatez con acciones como bombardear las nubes con yoduro de plata para que llueva, esto con apoyo de la Sedena, o replantear al Gobierno federal la restauración del proyecto Monterrey VI, un ducto inmenso de más de 300 kilómetros de longitud para trasvasar agua del Río Pánuco a la entidad.
Sin embargo, está demostrado que los trasvases no son más que espejismos que no sacan del problema a las grandes ciudades, como sucede con el Cutzamala en el Valle de México, que implican despojar del líquido a otros entornos locales con menor poder, y que demandan un inmenso gasto energético, reforzando así un círculo vicioso de calentamiento global y de extractivismo interno que sucede de forma continua.
Finalmente, este problema termina siendo un asunto de justicia: van en aumento las protestas y movilizaciones ciudadanas de personas en Nuevo León y otras partes del país que ven al sector industrial como uno de los principales causantes de su imposibilidad de acceder al agua potable de forma regular, reclamos que en muchas ocasiones están más que justificados.
Tal vez sería necesario preguntarnos si aún son viables los títulos de concesiones de aguas nacionales por períodos de hasta 30 años en un contexto de crisis climática en el que el ciclo del agua se está alterando de tal manera que la certidumbre sobre la disponibilidad es cada vez menor. Sin duda será necesario replantear este esquema; en primer lugar para garantizar que los derechos humanos al acceso al agua potable y saneamiento de todas las personas sean garantizados y priorizados por encima del interés económico y, segundo, para hablar de un sistema de justicia distributiva de esos beneficios que se traduzca en más y mejor infraestructura para la gestión del agua en los municipios. Por ello y a modo de propuesta como cierre de este texto queremos recordar que y poner el punto sobre la í: urge que se expida una nueva Ley General de Aguas que enfrente los retos y las realidades actuales.
