Al menos una vez al mes, durante los últimos seis años, el Gobierno federal dedica una conferencia de prensa matutina para exponer ante los medios el comportamiento de los homicidios dolosos y de otro tanto de delitos de alto impacto. Estos reportes de incidencia delictiva suelen ser breves, en ocasiones comentados por Presidencia ante provocaciones de la prensa, defendidos a rajatabla para preservar la narrativa de “la pacificación” en curso; lo que sea que eso signifique.
Llama la atención que el relato oficial de la pacificación se asiente en la aparente disminución de los homicidios. El recurso puede llevar a conclusiones erróneas, a definir objetivos absurdos, como que la paz sea expresión de la ausencia de delitos, o que el único parámetro para medir la seguridad pública sean las cifras de homicidio doloso. Tanto la paz como la seguridad son escenarios sociales mucho más complejos, inaprensibles numéricamente. El hecho de que se pretenda decir, sólo con cifras, que México va en la senda de la paz tan sólo demuestra una verdad añeja: con los números se hace política.
El uso de la estadística para enmarcar una forma en específico de entender y enfrentar los problemas públicos, siempre ha sido controvertido. En el caso de la incidencia delictiva, sus números son presa de usos diversos, con formas variadas de sacarles provecho. Para algunos, en cierto tiempo, conviene que el número de delitos reportados sea bajo, les permite celebrar que “hay seguridad”. Para otros, en cierto momento, conviene decir que el número de delitos reportados sea alto, les permite exigir que “haya verdadera seguridad”. Basta decir que la estadística delictiva es receptiva a todo tipo de agendas, ajustable dependiendo del actor y del momento político en que se enuncia; lo que tan sólo significa que debe estudiársele y comentársele con cautela.
Volviendo al momento actual, existen problemas en la forma en que las cifras de homicidio doloso se cuadran dentro del relato oficial de la pacificación, a través de comparaciones arbitrarias. Dos ejemplos. Durante el sexenio de López Obrador, fue frecuente que se presumieran reducciones en el número de delitos a partir de comparativos con los máximos históricos. Lógicamente, cualquier dato, dentro de una misma serie, comparado con su máximo histórico, siempre será automáticamente inferior; sin que ello signifique una reducción en la incidencia delictiva. (1)
En el gobierno actual, las presentaciones de los reportes mensuales de incidencia delictiva parten de la incorrecta comparación entre los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los del Inegi (2). Aprovechando que las víctimas de homicidio doloso reportadas por este último son superiores a las reportadas por el primero (3), el comparativo muestra falsas disminuciones que son sencillamente desmentidas usando la fuente oficial más completa.
Como puede a verse, a lo largo del último sexenio, de acuerdo con los datos del SESNSP, el homicidio doloso mostró una tendencia decreciente, luego de haber alcanzado un máximo histórico en 2019. Sin embargo, en 2024 se reportaron 30 mil 057 víctimas de homicidio doloso, 1 por ciento más que el total de víctimas reportadas en 2023. Contrario a lo que se defiende desde la tribuna presidencial, la tendencia en el caso de los homicidios dolosos muestra un incremento en el último año.
Aceptar, con base a los mismos datos oficiales, que la violencia homicida aumentó en 2024 es apenas un ligero. Los reportes de incidencia generados por el SESNSP, además presentan diversos ejemplos de anomalías y signos de probable manipulación, que generan serias dudas sobre la confiabilidad de los procesos de integración estadística que encabeza el Gobierno federal.
Desde años anteriores, en Causa en Común hemos alertado sobre la probable dilución de las víctimas de homicidios dolosos a través de las subcategorías de homicidio culposo (no intencional) y “otros delitos contra la vida y la integridad” (4). De acuerdo con el SESNSP, la disminución en el número de víctimas de homicidios dolosos, se ha producido a la par de un aumento constante de las víctimas de homicidio culposo y de “otros delitos contra la libertad y la integridad”. Entre 2018 y 2024, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11 por ciento, a nivel nacional, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumentó 11 por ciento y el de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentó 102 por ciento.
A nivel estatal, hay casos que sobresalen por las variaciones anómalas de las dos subcategorías antes mencionadas. Por ejemplo, en Zacatecas, entre 2023 y 2024, se reportó una disminución del 49 por ciento en el número de víctimas de homicidio doloso; pero un aumento del 30 por ciento en el número de víctimas de homicidio culposo. También llama la atención el caso de Puebla, que entre 2023 y 2024, reportó un inédito aumento del 136 por ciento en el número de víctimas de homicidio culposo, pasando de 447 a mil 057. Otros ejemplos llamativos son Baja California Sur y Ciudad de México que, en 2024, respectivamente reportaron 69 y 918 víctimas de homicidio doloso, en contraste con 345 y mil 127 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”.
La evidencia examinada demuestra que las estrategias implementadas en los últimos seis años han sido insuficientes para reducir de manera sostenida los delitos de alto impacto, enfrentar la violencia extrema y debilitar a la delincuencia organizada. A esto se suma la falta de cifras confiables, lo que obstaculiza diagnósticos precisos y el diseño de políticas de seguridad efectivas.
En un contexto de empoderamiento militar, falta de independencia judicial y opacidad institucional, es urgente que el SESNSP ejerza plenamente sus facultades para mejorar la calidad de la información delictiva. Las anomalías detectadas en 2024 y en años previos, no solo evidencian fallas en los reportes oficiales, sino que también reflejan la ineficacia de las fiscalías estatales y la negligencia de los gobernadores. Ante ello, resulta imprescindible fortalecer la denuncia ciudadana, incrementar los recursos para el sistema de información criminal, homologar criterios de recopilación de datos y establecer mecanismos de auditoría y rendición de cuentas. Solo así se podrá avanzar hacia una política de seguridad basada en datos reales y no en cifras manipuladas que distorsionan la realidad y desinforman a la ciudadanía.
1. Véase: Nancy Angélica Canjura Luna (2024), “Debilitamiento institucional y desafíos de seguridad”, Nexos. Disponible aquí: https://seguridad.nexos.com.mx/debilitamiento-institucional-y-desafios-de-seguridad/
2. No hay que olvidar las dos principales fuentes para examinar el comportamiento estadístico de los homicidios dolosos. Los reportes del Secretariado se construyen a partir de los datos contenidos en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías; mientras que los informes del INEGI se construyen a partir de las actas de defunción expedidas por los servicios médicos de todo el país. Son registros con metodologías, criterios y definiciones diferentes para recolectar y clasificar información sobre el mismo fenómeno, razón por la que sus datos no coinciden.
3. Además, se aprovecha el desfase con que el INEGI publica la actualización de sus reportes, dado que el proceso de revisión e integración de los datos contenidos en los certificados de defunción de 2024, aún no ha concluido.
4. El SESNSP utiliza una clasificación estadística que distingue los homicidios culposos (no intencionales o accidentales) de los dolosos (intencionales). Para determinar si un homicidio ocurrió por un acto intencional o no, es necesario que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación, la cual se recopila en una carpeta de investigación que incluye la clasificación inicial del delito. El elemento en común entre ambos delitos es la privación de la vida de una persona; por tanto, si un asesinato intencional quiere mantenerse oculto o fuera de las estadísticas de homicidios dolosos, lo más sencillo sería reportarlo como un homicidio culposo.
Véase: México Evalúa (2020). Fallas de origen. Disponible aquí: https://www.mexicoevalua.org/fallas_de_origen_2020/
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