Un año de la lucha contra construcción de cuarteles militares en Ciudad de México

Un año ha pasado ya desde que inició la lucha de habitantes de Xochimilco y de Azcapotzalco contra la militarización, por la defensa del territorio y por la protección de sus derechos humanos. El 10 de agosto de 2022 pobladores de San Luis Tlaxialtemalco y vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, presentaron sendas quejas, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la vulneración de distintas garantías, tras la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en sus comunidades.

En el primer caso, se cedió un predio, de más de 30 mil metros cuadrados, para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, sin realizar una consulta libre, previa e informada, sin analizar las afectaciones de las y los pobladores y violando su derecho al medio ambiente, al desarrollo propio y a su autodeterminación como pueblo indígena.

“Como pueblos originarios tenemos el derecho a que se nos informe bien, sin ningún sesgo ni tendencia; sin embargo nunca nos consultaron. La presencia de la Guardia Nacional tampoco garantiza la seguridad del ciudadano (...) Por otro lado, el hecho que se haya construido en esa zona nos preocupa porque ¿de dónde se toma el agua para el abastecimiento del personal del cuartel? De nuestros propios recursos naturales, cuando en el propio barrio de San Luis no llega el agua”, explicó una de las habitantes, durante Foro Xochimilco NO es cuartel, realizado el 17 de junio de este año, junto con varios integrantes de las Asambleas del Agua de la demarcación.

Por su parte, las y los habitantes de Azcapotzalco, argumentaron en su queja que al construir un cuartel en donde antes se encontraba la única área recreativa de la Unidad -una cancha de futbol-, en las inmediaciones de un preescolar, las autoridades del Gobierno capitalino y de la Alcaldía vulneraron su derecho a la ciudad, al espacio público y a la recreación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios de convivencia social.

Así, las y los vecinos de ambas alcaldías buscaron la protección del organismo de derechos humanos local, en un tema donde la Comisión ha tenido históricamente un papel activo en advertir los riesgos de la militarización. Hoy en día, las quejas siguen sin ser admitidas.

Gran parte de la justificación de las autoridades capitalinas para realizar estas acciones, pese a que se realicen en detrimento de las garantías de los capitalinos, ha sido la supuesta necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad. Esto, pese a que en múltiples momentos las mismas autoridades han indicado que en la Ciudad de México la incidencia delictiva ha ido a la baja y que se cuenta con la mejor policía del país. Estas aseveraciones confirman que en esta entidad no se necesitan más cuarteles ni mayor despliegue de una corporación como la Guardia Nacional, que tiene desdibujado su carácter civil, y que, al estar compuesta mayormente por militares, ha reproducido las inercias castrenses como el abuso, uso excesivo de la fuerza y la opacidad.

Una muestra de esto es la detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo, cometidas en 2022 por parte de elementos de la Guardia Nacional, por las que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación el pasado 2 de agosto.

Justamente, como hemos venido insistiendo en distintos posicionamientos, para prevenir estas situaciones que atentan contra los derechos y para proteger la integridad de las y los capitalinos es necesaria la existencia de controles robustos, que se exija la rendición de cuentas y que la presencia de la corporación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Policía capitalina. Es necesario, sobre todo, preservar la vía civil en la capital y darle contenido real y exigible a los derechos al medio ambiente, a la seguridad ciudadana y a la ciudad, recientemente incorporados en la Constitución local, lo que por cierto fue muy celebrado y difundido.

Estas no han sido las únicas luchas contra la militarización en la Ciudad. En febrero, habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, por medio de una demanda de amparo, lograron la suspensión definitiva de la construcción de instalaciones de la GN sobre el Vivero Nezahualcóyotl, un área natural protegida, medida cautelar que sigue vigente. Mientras que vecinas y vecinos de San Mateo Xalpa (también de la alcaldía xochimilca) y habitantes de Milpa Alta han resistido y mantienen su exigencia contra la construcción de cuarteles en sus zonas.

Para dialogar sobre estos procesos, esta semana sostendremos en el Centro Prodh el foro: “Derechos Humanos y militarización: ¿necesitamos al Ejército y a la Guardia Nacional en la CDMX?”.

Es fundamental que se evite la implantación de un modelo de seguridad militarizado en la capital, lo que sería contrario a la identidad de una verdadera “ciudad de derechos”.