Un albur el retorno a la sierra inhóspita
El expedito regreso a Sinaloa Municipio

Enorme paquete le echan encima al Gobernador Rubén Rocha Moya sus secretarios de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, y de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, al determinar que existen condiciones para que regresen a sus casas en la sierra las familias que sufrieron desplazamiento forzado por la violencia que afloró durante la última semana de julio en el Municipio de Sinaloa. El hecho de que vuelvan resulta hasta más arriesgado, además de temerario, que los eventos de amedrentamiento que los hicieron huir.

Es que más allá de la apuesta a que el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y cuerpos municipales de seguridad restablezcan condiciones para el retorno, es el crimen organizado quien determina cuándo estallan o cesan esos episodios de dispersión de terror que ocasionan que la gente de bien abandone despavorida tales franjas de salvajismo. Los cálculos del gobierno son con base a la presencia numérica de fuerza pública; los fragmentos escindidos del Cártel de Sinaloa miden en función de los cargamentos de drogas que les pudieran afectar.

Cualquier análisis de Inteligencia militar y policial deduce que detrás del fenómeno social donde ciudadanos pacíficos son forzados por la delincuencia beligerante a abandonar los poblados que habitan, están las células del narcotráfico que quieren producir estupefacientes en territorios libres de gente que las denuncie, sicarios rivales que les disputen el negocio y fuerza pública que los combata. La región de los altos, de difícil rastreo por tierra, es la guarida perfecta y más si expulsa a testigos que aún sin deberla ni temerla sí implican posibilidades de delación.

A simple vista, pero sobre todo al desconocerse la información confidencial que soportó el retorno, parece poco tiempo entre la fecha en que ocurrieron los sucesos de inseguridad y la decisión de hacer volver a los desplazados. Comúnmente se acude a procedimientos establecidos en las leyes correspondientes que recomiendan verificar con reiteración la eliminación de peligros latentes y lograr el consentimiento pleno y reflexionado de las víctimas de la migración forzada, ideal que en más de una década no les ha sido posible alcanzar a los expulsados de las montañas de Concordia y Rosario.

El caso del Municipio de Sinaloa tiene que ver con la escisión en el grupo criminal que controla los municipios del norte del estado, con mayor presencia en Guasave, Ahome, El Fuerte y la zona sinaloíta y que al romperse el liderazgo único concretiza la confrontación a través de narcomantas, levantamientos, ejecuciones, apropiación de poblados y todo ese modus operandi tan conocido en varios puntos de la tierra de los once ríos. Como se ve, las acciones crecen cada vez más rozando los métodos del terrorismo.

¿Ya se apaciguaron los cabecillas y sicarios de este segmento del Cártel de Sinaloa? Al parecer la llegada de elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías locales logró aplacar a los grupos rivales y el lapso de calma durará el tiempo que permanezca el destacamento de la fuerza pública, o bien solucionen los capos sus rencillas. Algunos de los pobladores desterrados de San José de las Delicias habían ido por voluntad propia a checar cómo andaban las cosas por allá y trajeron el reporte de la paz recobrada.

Tal como lo dijo en La Semanera de ayer, el Gobernador Rocha Moya tiene informes de la Mesa de Coordinación en Seguridad Pública de que el amedrentamiento que realiza la delincuencia en la sierra, los casos de homicidios dolosos en Culiacán y ataques con armas de fuego como el que le quitó la vida a tres personas en El Habal, cerca de Mazatlán, son secuelas de los golpes que se le están dando a organizaciones criminales y reacomodos que se realizan los ámbitos del hampa. De hecho se notan los tres focos rojos por la presencia militar-policiaca concentrada en Culiacán, Mazatlán y Sinaloa, con violencia remarcada.

No es exagerado exponer que en tanto dependa del mayor despliegue de fuerza pública, o de que se arreglen o agraven las rencillas entre narcos, la seguridad pública está prendida con alfileres. Y que al resolver los titulares de la SSP y Sebides autorizar el retorno se echan encima, y comprometen en ello al Gobernador, el incómodo y peligroso enigma de nadie saber a ciencia cierta en qué terminará todo esto.

Mientras sigan llegando pelotones del Ejército, salga la Guardia Nacional de la base El Sauz para irse a defender a los pacíficos en las comarcas que disputa el narco, y Policía Estatal sea factor de orden y ley sin convertirse en otro brazo del crimen, y los agentes municipales tengan vetada la información sensible sobre los operativos, es muy probable que aquellos que vuelven a sus terruños y pertenencias sí retomen la tranquilidad, ojalá sin perder en el intento la esperanza y la vida.

San José de las Delicias,

Te fe en que el gobierno,

Te dará buenas albricias,

De ya no más tu infierno.

Para asombro de los que creemos que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos ya han padecido todos los suplicios posibles en la tenaz lucha por encontrarlos, emerge la cobardía que desde el anonimato trata de deslegitimar el movimiento de las Sabuesos Guerreras agregándoles peligros a rastreadoras cuya labor de por sí es de alto riesgo. ¿Qué pretenden? ¿Incitar a que las agredan? ¿Debilitarlas para hacerlas aún más vulnerables? El Gobierno de Sinaloa, el Instituto para la Protección de Personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Fiscalía General del Estado, deben detener esta escalada infamante sin esperar a que se den las consecuencias para tomar cartas en el asunto.