Tragedias que llegan a toda velocidad. Hay muertes que sí se pueden impedir

A la desgracia cotidiana donde la velocidad y la estulticia transitan a toda velocidad sin barreras de contención se le agregó la madrugada del sábado en Culiacán la tragedia del accidente vial que le costó la vida a una niña de 11 años de edad y le causó lesiones graves al padre y un hermano de ella. La familia, que pudo ser cualquier otra, se topó de repente con la vertiginosa amenaza de cafres que se convierten en dueños de las calles y policías que nunca aparecen en el lugar que debieran y cuando sí están carecen de la capacitación para detener a tiempo eventos que desencadenan luto e impotencia.

Ya llevamos décadas cerrando los ojos hasta que la fatalidad nos hace abrirlos atónitos ante las víctimas del caos vial. En las rutas diarias casi siempre hay heridos, o en peor de los casos muertos, que incitan al razonamiento colectivo sobre la jungla de concreto y acero en la que acechan bestias del asfalto, siempre sin ley. Apenas tenemos lágrimas para llorar como sociedad a los inmolados por el crimen organizado y ahora hemos de buscarlas para despedir a los sacrificados por los perpetradores motorizados.

Los homicidios culposos causan demasiado duelo en Sinaloa y basta de reducirlos a manejos estadísticos sin acciones enérgicas para impedirlos antes de que signifiquen más vidas humanas perdidas. La vigilancia vial es deficiente, los agentes le otorgan mayor arresto a perseguir carcachas para cumplir con la cuota de multas y dejan pasar y hacer a los cafres del volante, y los puntos de mayor tráfico vehicular lucen descuidados como licencia para el atropello y las carreras.

Que alguien les explique a los deudos de la pequeña Mónica por qué en un día normal de paseo el cruce de Manuel J. Clouthier y Constituyente Alberto Terrones se convirtió en trampa letal al ser embestido el auto compacto en que viajaba con su papá y dos hermanos, por una camioneta conducida por un sujeto ebrio que huía después de ocasionar otros dos choques en diferentes puntos de la ciudad. O que le digan a Lupita, la madre de la joven Monserrat que murió en las horas posteriores de otro encontronazo vial suscitado el 10 de julio en Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, qué hacían los operativos-barrera de velocidad y alcohol.

También que las autoridades responsables de la seguridad vial manifiesten la razón por la cual la Policía no logró inmovilizar la unidad conducida por el presunto culpable del accidente, a pesar de que la persecución inició en Obregón y Juan de Dios Bátiz, donde ocurrió la primera colisión, y la otra en el sector Cañadas, cerca de donde se ubica la clínica del Seguro Social. Pese al riesgo inminente de que sucediera el percance mayor, ¿no pudieron someter al desquiciado chofer en la prolongada ruta de fuga?

¿Qué sucedió el 16 de julio más allá del parte rendido por la Policía de Tránsito y de las crónicas de nota roja? En la confluencia de las vías citadinas mencionadas hay semaforización, obras de ordenamiento del flujo vehicular, sin embargo, la deficiencia apunta que se permitió que el peligro potencial se desplazara en mucha distancia y excesivo tiempo hasta que tuvo el desenlace fatídico de la niña muerta y un hermano y el padre gravemente lesionados.

Todo esto debe dejar de ser la sucesión de silencios en las oficinas públicas y consternación social aprisionada en la endeble guarida del “ojalá no me suceda a mí”. Si las instituciones siguen negándose a actuar, nos corresponde a los sinaloenses accionarlas en la responsabilidad que asumieron. Perdónenos Mónica y Monserrat si a través del dolor de sus familias tomamos fuerzas para que nadie esté en similar sufrimiento al de los hogares de ustedes y de tantos más.

Mientras nos decidimos a exigir allí están los datos revelados recientemente por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública que exponen que el comportamiento del delito se ha invertido en Sinaloa al registrarse más homicidios culposos, 692 en 2021, contra 645 del tipo doloso el mismo año, posicionándose el estado en el tercer lugar en México por la tasa más alta por cada 100 mil habitantes. La totalidad de los ilícitos imprudenciales corresponden a siniestros de tránsito y, para no variar, la impunidad en éstos es del 98 por ciento.

Entonces urge sacar este problema del papel y del discurso para traducirlo en decisiones del tamaño de las consecuencias. Utilizar las cámaras de videovigilancia en detectar y detener a quienes conducen a alta velocidad, antes de que ocurran los accidentes; sectorizar a las ciudades para que haya la presencia permanente de vigilancia vial poniéndole fin a la mentalidad de poner a los agentes de tránsito donde más infracciones puedan aplicar; hacer valer el Bando de Policía y Buen Gobierno en lo concerniente a normas de conducción vehicular y señalizar y semaforizar después de muchos años de tener abandonada estas tareas.

Hacer que la movilidad urbana ocurra con respeto entre todos es cuestión de voluntad del gobierno para que la ley valga, y de la mentalidad ciudadana que ponga a salvo a la familia de los peligros que a veces nosotros los fomentamos y en otras los padecemos. Sin duda es más factible someter a los que se convierten en amenaza pública al tomar las calles como pistas de carreras, en la mayor de los casos en estado de alcoholismo y drogadicción, que a los pistoleros del narcotráfico que estampan con sangre sus fechorías en el inmenso territorio de la barbarie.

Y seguimos ahora mismo,

Como rehenes de la paciencia,

Soportando con estoicismo,

Este otro modo de violencia.

Le faltó a la extraordinaria Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, informarse en qué terreno estaba plantada al entregarle al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el distintivo a Mazatlán como destino garante de la paz, los derechos humanos y la inclusión. ¿Y los desaparecidos, feminicidios y familias desplazadas por la violencia? Qué mentiras le hubo de contar “El Químico” para hacerle creer en ese paraíso inexistente.