Trabajo infantil en México: consecuencias de la falta de garantía de los derechos laborales en el trabajo agrícola

El trabajo infantil en México es una problemática que afecta a miles de menores especialmente en el sector agrícola. La historia de Javier Modesto, un niño indígena de tres años de la comunidad ña’a savi en Guerrero, cuyo cuerpo fue encontrado en León, Guanajuato, después de haber desaparecido mientras sus padres trabajaban como jornaleros agrícolas, pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de los hijos de jornaleros migrantes.

Familias jornaleras agrícolas, como la de Javier, se desplazan continuamente en busca de trabajo, lo que implica que sus hijos a menudo no asisten a la escuela de manera regular y quedan expuestos a situaciones peligrosas. En el caso de Javier, la falta de acceso a derechos laborales de sus padres derivó en que tuviera que acompañarlos al lugar de trabajo. En estos espacios carecía de la vigilancia constante de un adulto y quedaba expuesto a múltiples peligros, incluyendo accidentes o incluso la posibilidad de participación de un tercero en su desaparición.

En México, el trabajo infantil afecta a aproximadamente 3.7 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años, lo que representa el 13.1 % de la población infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023). De estos, 2 millones se encuentran en labores peligrosas, que incluyen actividades en la agricultura, construcción, minería y la industria química (INEGI, 2023; EFE, 2023). Estas actividades no solo ponen en riesgo su salud física, sino que también afectan su desarrollo psicológico y social. Además, se estima que 1.1 millones de niños trabajadores no asisten a la escuela, perpetuando un ciclo de pobreza y limitando sus oportunidades futuras (INEGI, 2023). La falta de acceso a una educación de calidad es uno de los principales factores que contribuyen al trabajo infantil, junto con la pobreza y la falta de protección social (UNICEF, 2023).

El caso de Javier Modesto también destaca la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. A pesar de la emisión de una Alerta Amber y la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda, su familia ha denunciado omisiones y falta de acceso a la investigación por parte de la fiscalía de Guanajuato. Esto refleja una problemática más amplia de falta de apoyo y protección para las familias jornaleras y sus hijos. Organizaciones de la sociedad civil han abogado por una atención especializada y una búsqueda coordinada para casos como el de Javier, destacando la necesidad de acciones inmediatas y comunicadas en la lengua materna de las familias afectadas. La tragedia de Javier no es un caso aislado, sino un símbolo de las condiciones adversas que enfrentan miles de niños jornaleros en México.

Para abordar esta problemática es fundamental implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas trabajadores. Esto incluye acceso a educación, medidas de seguridad en el trabajo, y programas de apoyo para las familias jornaleras. La vulnerabilidad de derechos comienza con los trabajadores jornaleros que laboran sin acceso a derechos laborales mínimos, y se extiende a sus hijos. La falta de acceso a derechos laborales básicos, como seguridad social, condiciones laborales adecuadas y salarios justos, no solo afecta directamente a los trabajadores, sino que también tiene un efecto dominó sobre sus familias. Los niños, al no tener un entorno seguro y protegido, quedan expuestos a múltiples riesgos, incluyendo la necesidad de trabajar para complementar el ingreso familiar o estar presentes en ambientes de trabajo peligrosos.

El efecto bola de nieve de no garantizar derechos laborales y sociales para todos se refleja en la perpetuación de la pobreza y la vulneración de derechos fundamentales de los niños. Los menores que crecen en estos entornos tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional a largo plazo. Además, la exposición constante a riesgos laborales y sociales afecta su salud física y emocional, creando un ciclo de vulnerabilidad difícil de romper.

La exclusión de derechos laborales para los jornaleros agrícolas tiene repercusiones directas en el debilitamiento de la protección de las infancias. Garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores es crucial para crear un entorno seguro y propicio para el desarrollo de sus hijos. Esto requiere una acción coordinada entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para implementar políticas efectivas que protejan y promuevan los derechos de todos los trabajadores y sus familias.

* Pablo Andrade Martínez (@PabloAnd89) es coordinador de la Causa de Construcción de Paz en Nosotrxs por la democracia A. C.

Referencias:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022. Ciudad de México: INEGI.

United Nations. (2023). AccioNNar: Combating Child Labor and Forced Labor.

UNICEF. (2023). Child Labor Statistics.

EFE. (2023, 5 de octubre). Child labor in Mexico: 2 million children in dangerous jobs.