Los expertos en cuestiones administrativas recomiendan que para realizar cambios trascendentales o corregir fallas de una entidad, el primer paso que se tiene que dar es conocerla a fondo, tener claro los procesos y procedimientos que se realizan para su operación, control y evaluación. Posteriormente, en su caso, rescatar lo que esté funcionando correctamente, para luego establecer los cambios que se pretenden con el obvio propósito de obtener mejores resultados, bien sea para incrementar el patrimonio de la empresa, cuando se trata del sector privado, o bien, de alcanzar el mayor número de beneficiarios, en el caso de instituciones del sector público.
Claro, en este proceso, también es importante realizar una evaluación de la persona a la que se le confiará el organismo reconstruido o creado para alcanzar los propósitos que se persiguen.
Uno de los rasgos que caracterizan al actual gobierno federal, es el barrido de diversas instituciones que conforman el sistema gubernamental sin realizar un previo balance de fortalezas y debilidades de las mismas, entregando la nueva estructura a gente a la que no le anteceden méritos de capacidad y en algunos casos, de dudosa probidad. Por esa vía, por ejemplo, caminó el caso del Insabi, cuya dirección se le asignó a Juan Antonio Ferrer Aguilar, preparado profesionalmente en la administración empresarial y en cuya hoja de vida se destaca que era el encargado de algunas zonas arqueológicas del país, y de ahí, brincó a conducir la fracasada institución de salud creada por la administración de López Obrador.
Otro caso, aunque este de escándalo, es el del abogado Ignacio Valle Fernández, de larga carrera política al servicio de administraciones priistas, la cual, se inicia en la gestión de Luis Echeverría Álvarez y continúa con José López Portillo, Miguel de la Madrid y el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. De ahí, pasó a formar parte del consejo directivo nacional del PRI, y posteriormente obtuvo una Diputación plurinominal bajo el manto tricolor.
Con todo ese etiquetado de los que el Presidente considera la mafia política que por largas décadas acaparó el poder del país, lo reactivó para que dirigiera la Secretaría de Seguridad Alimentaria de México, conocida por su acrónimo Segalmex.
Bajo la conducción de Valle Fernández, pronto, muy pronto, demasiado pronto, se gestó una red de corrupción en la entidad a su cargo, plenamente demostrada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que le están costando al país miles de millones de pesos, constituyéndose, hasta ahora, en el caso más sonado de corrupción dentro de una gestión gubernamental que constantemente presume que la combate y cuyo líder, asegura que la podredumbre en nuestro país, es cosa del pasado.
En cualquier otra nación, seguramente Valle Fernández estaría en la cárcel, pero en el nuestro no hay tal, y en el extremo inaudito, el Presidente ya lo perdonó, diciendo que el señalado fue engañado por priistas corruptos, y de paso, lo rescató del lodazal de Segalmex y lo acomodó dentro de la Secretaría de Gobernación.
La aseveración presidencial de que Valle Fernández fue engañado, de plano no es creíble, ya que se trata de un hombre con una experiencia de más de 50 años en la gestión pública y obviamente, al igual que todos los políticos, el Presidente de la República piensa que gobierna a una masa que no piensa, y peor aún, bajo el embrujo de su todavía enorme popularidad, sataniza a quienes le señalan sus errores.
Total, muchos de los fracasos de la administración actual, se deben a la puesta en marcha de costosas ocurrencias, y de paso, los postulados básicos de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar, ante los vergonzosos casos de Segalmex y Insabi, resultan pura palabrería hueca; sí, al igual que la construida por los conservadores. ¡Buenos días!
