amparocasar@gmail.com
Sin duda lo más importante en estos momentos es defender al INE e impedir una reforma que entraña la posibilidad de regresar a los tiempos en que el partido en el Gobierno controle a las autoridades electorales. No tengo más que aportar a lo que decenas de colegas, estudios internacionales y yo misma hemos escrito al respecto. No quedan más que tres cosas que hacer: seguir insistiendo y denunciando en condiciones desventajosas porque tenemos un gobierno que no atiende razones, esperar que la Oposición resista y alentar a que la sociedad se movilice el próximo domingo 13, y cuantas veces sea necesario, aunque de antemano sepamos que movilización que no es controlada por el Presidente es tachada de movilización de los conservadores y no del pueblo.
Con esta iniciativa de reforma, el propio Presidente tocó fondo en sus intenciones concentradoras de poder y tocó fondo en su desprecio por la democracia. Quiere abiertamente acabar con nuestro fondo que garantiza la democracia.
Mientras esto ocurre se tocan otros fondos.
Son fondos económicos, pero que tienen que ver con el ejercicio democrático del poder, en este caso el poder de la Bolsa. Se trata de los fondos de recursos públicos que van alimentándose en épocas de vacas gordas para que puedan usarse en épocas de vacas flacas. Recursos que van al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), que alcanzó más de 300 mil millones de pesos (2018) y que a cuatro años de gobierno ha quedado en la raquítica cantidad de 9 mil millones.
Ya aprobada la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) por las cámaras de diputados y senadores con los votos de Morena y sus aliados, el viernes 4 de noviembre se les ocurrió hacer una modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria consistente en que, “tratándose del FEIP, la SHCP podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros”. De inmediato se prendieron las alarmas. ¿Qué activos financieros? ¿Podrían tomarse los recursos de las Afores, IMSS, Infonavit o Fovissste además de los activos financieros de las empresas públicas u otros organismos? La aclaración por parte del Secretario de Hacienda vino de inmediato diciendo que esto no sería el caso y que no se dispondría de ahorros y recursos de los trabajadores. Pero como no precisó qué activos financieros sí entran en el supuesto de la Ley, la duda quedó sembrada.
La Ley de Ingresos contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan al Gobierno federal cubrir los gastos de la Federación. La mayoría proviene de impuestos y derechos. Cuando no alcanza, el FEIP está para amortiguar la baja de ingresos presupuestarios o las mayores necesidades de gasto.
¿Por qué entonces las dudas y las alarmas? Por varios motivos. El primero es la opacidad. ¿A dónde fueron a parar los 290 mil millones que usó este gobierno del FEIP que le dejaron los gobiernos anteriores? y ¿a dónde irán a parar los nuevos recursos con los que se pretende alimentar el FEIP?
Ni hay ni habrá una rendición de cuentas puntual del uso discrecional que se hará de estos recursos. No lo hubo de los famosos fideicomisos disueltos en el 2020 y que le dieron al Gobierno alrededor de 62 mil millones de pesos y no lo ha habido de las ampliaciones presupuestales producto de 453 mil millones de pesos de más que se gastaron el año pasado de acuerdo con la Cuenta Pública.
El FEIP es para época de vacas flacas, pero si nos atenemos a las “otras cifras”, las de las mañaneras, no se puede justificar que estamos en épocas de vacas flacas. Una y otra vez el Presidente insiste en
“estamos viviendo un momento estelar”.
La verdad está en otra parte. El presupuesto no está alcanzando -problema añejo de un México con serios problemas en su hacienda pública- porque en el 2023 inicia el quinto año de gobierno y las obras emblemáticas han más que duplicado su presupuesto original; porque el Presidente -a diferencia de casi cualquier Presidente de izquierda- no ha querido hacer una reforma fiscal; porque se ha querido mantener el subsidio a las gasolinas aunque esta política constituya una medida regresiva que beneficia más a los ricos que al pueblo, y porque estamos en la antesala del año electoral (2024) cuando la necesidad de destinar más recursos a los programas sociales personalizados se vuelve apremiante para ganar la voluntad de los electores. Y no hablo de la deuda porque a diferencia de lo que se repite todos los días, en realidad, ésta ha crecido y ya es la mayor de los últimos 10 años. Para 2023 se calcula en 1 millón 176 mil millones de pesos.
No nos hagamos bolas. La reforma que permite pasar “ciertos” activos financieros al FEIP, responde a propósitos políticos y a seguir tratando los recursos públicos como botín del gobierno en turno. Para lo que se ofrezca.
