El pasado martes 16 de julio será un día histórico para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cientos de universitarios de distintas corrientes y grupos que existen al interior de la institución (respetables todas y todos ellos), se han manifestado en el Zócalo de la Ciudad de México y en la avenida Bucareli, ante el llamado de la Secretaría de Gobernación, para una mesa de diálogo que permita desenredar el actual diferendo entre los directivos de la Universidad con el Congreso y la Fiscalía Estatales.
Al final así tenía que suceder, Gobernación tenía que intervenir, pues ya eran más de quince meses de conflicto, con marchas y manifestaciones en lo local. Según las declaraciones del Gobernador, como del encargado de rectoría, la charla se dio en torno a dos vertientes: los procesos judiciales de algunos directivos universitarios y por otra, la posibilidad de reformar la ley orgánica de la universidad.
El resultado de esa reunión - por lo que sabemos hasta ahora- es positivo. La secretaria, Luisa María Alcalde, se comprometió a llevar un acompañamiento permanente en los procesos judiciales que llevan los directivos universitarios, esto para garantizar que tengan un proceso justo, objetivo y apegado a derecho. Con esto se esperaría que dichos procesos se agilicen en las próximas semanas y al fin, los sinaloenses y universitarios conozcamos la verdad en torno a las acusaciones.
Por el otro lado, en lo referente al marco normativo universitario, creo que es momento de tener un diagnóstico sobre el sentir de la base universitaria en lo referente a nuestra actual Ley Orgánica. Considero pues que -en pleno respeto a la autonomía - es el tiempo de hacer un ejercicio de consulta interna con los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad, sobre si desean cambios a la ley, o si están conformes con la que tenemos hasta ahora.
Se trataría de hacer solo una pregunta, algo así como: “Usted como trabajador(a) o alumno(a) estaría de acuerdo en una reforma a la ley orgánica?” De la misma forma en que se han hecho consultas populares en todo el país sobre otros temas, fundamentadas en la Ley Federal de Consulta Popular, y requisito plasmado también en el artículo 2, del Primer Capítulo de la Ley General de Educación Superior. Es de suma importancia conocer y medir lo que arroje dicha consulta, pues ese diagnóstico no lo tenemos hasta ahora.
Si la mayoría responde que No, ahí terminaría todo el conflicto sobre ese tema, y permitiría una ruta hacia la reconciliación, pues cada día es más evidente que la tensión está ya teniendo una escalada ascendente con avistamientos violentos. Si la respuesta fuera que Sí, el siguiente paso sería pensar y dialogar sobre las múltiples propuestas de reforma que se han dado lectura ya en el congreso del estado.
Este ejercicio democrático afirmaría el espíritu básico de toda universidad autónoma: la pluralidad de ideas. Por supuesto, esta consulta se deberá hacer con una amplia jornada informativa previa en todas las regiones académicas y con los principios rectores de toda elección democrática de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Finalmente, creo que toda la comunidad universitaria -independientemente de su inclinación política- pero sobre todo los universitarios libres; los que no tenemos afinidad o afiliación a partido político alguno, y sin apetitos particulares, tenemos el derecho de ser consultados.
Es cuanto...
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omar_lizarraga@uas.edu.mx
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