Ante la poca importancia que le han dado los tres niveles de Gobierno a la búsqueda de desaparecidos y sobre todo, al descubrimiento de fosas clandestinas, por todos los rumbos del País han surgido colectivos ciudadanos entregados a la exploración de terrenos aledaños a los centros poblacionales urbanos, con el propósito de descubrir restos humanos, y con un poco de suerte, encontrar los que corresponden a sus desaparecidos, tal vez la expectativa menos deseable, pero a la vez, cuando se convierte en una realidad, significa ponerle fin a la asfixiante incertidumbre en la que fueron envueltos.
Cabe señalar que, en la loca realidad mexicana, los grupos cívicos de búsqueda de personas, son repudiados por las autoridades, las cuales, no miden boca para asegurar que obedecen a fines políticos y de remate, son acosados y agredidos por los grupos delincuenciales que operan en sus ámbitos de influencia.
Una de las líderes del colectivo de madres buscadoras de Sonora que ha sufrido el estar entre dos fuegos por su actividad rastreadora, a propósito de los recientes hechos de Teuchitlán, manifestó lo siguiente: “No buscamos justicia, ni que se les procese, son batallas en las que no podemos desperdiciar fuerzas. Por eso, y ante las amenazas que hemos recibido por el rancho de Teuchitlán y otros, lo único que buscamos nosotras es la esperanza de que ahí encontremos a varios de nuestros desaparecidos, no otra cosa.”
La desaparición forzada de personas en nuestro País, alcanza niveles de escándalo internacional, las cuales reflejan la impunidad con la que actúan las bandas delincuenciales y la falta de reacción oportuna y efectiva de las autoridades para atender el ilícito que durante el período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador registró alrededor de 45 mil desapariciones forzadas, número trágico que no fue suficiente para que el Estado activara acciones de gobierno que acotaran el delito y ni tan siquiera para crear cuerpos investigadores que se aplicaran en la búsqueda de los desaparecidos.
Es increíble que, ante la magnitud del criminal hecho, las fiscalías reciben las denuncias respectivas 72 horas después de la desaparición de las personas y vaya usted a saber cuánto tiempo pasa para que impulsen los protocolos de búsqueda después de darle entrada a la denuncia; días de espera que resultan vitales para la localización del ausente. Afortunadamente, la Presidenta Sheinbaum ha presentado la iniciativa para que las cosas cambien; esperemos que sus legisladores no le corrijan la plana.
Jalisco es el estado mexicano que puntea en cuanto a número de personas perdidas en la incertidumbre, con una cifra que ronda las 15 mil víctimas y bajo ese contexto se han formado una veintena de grupos civiles de búsqueda, entre ellos está el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyo trabajo ha expuesto ante los ojos del País y del mundo el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el pequeño municipio jalisciense llamado Teuchitlán. Dicha propiedad venía operando desde hace varios años como centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio de personas enganchadas por un grupo delincuencial y cuya notoria actividad no alertó a las autoridades locales ni a las federales, las que, ante los hechos, optaron por la reprobable y cómplice omisión.
Teuchitlán no es un caso de politiquería, como lo asegura el controvertido Senador Fernández Noroña, quién desde su confort fifí, a la altura de sus dudosas convicciones de izquierda, menosprecia las evidencias expuestas por la dolorosa realidad del Rancho Izaguirre, llegando a especular que bien puede ser un montaje de la derecha. ¡Buen día!
