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Algo está roto.
Hasta antes del 5 enero las acciones de los miembros del Ejército y la Marina en el territorio sinaloense eran preventivas, disuasivas y rutinarias.
No había detenciones importantes, aun cuando la delincuencia hacía de las suyas recorriendo de norte a sur el estado, incluso, agraviando a las fuerzas de seguridad del estado, quizá, todavía, envalentonada por el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019.
Pero la madrugada del 5 de enero marca un parteaguas en esa relación de aparente sometimiento de las fuerzas de seguridad y, como se dice, “van con todo contra el Cártel de Sinaloa” y, no solo en el estado de los once ríos, sino en otras regiones del norte del País, especialmente en Sonora y Chihuahua, donde ha recibido golpes que han impactado en la estructura operativa.
Sin embargo, los asentados en Sinaloa tienen rasgos distintivos en materia de operación militar, como son los ataques de precisión bajo la sombra de la madrugada, la movilización numerosa de efectivos por tierra y aire, las ráfagas intensas contra el objetivo criminal.
En la sindicatura de Jesús María ocurrió con un número de muertos que oficialmente alcanzó a 29 personas entre militares, policías y delincuentes, aunque extraoficialmente en el pueblo se habla de que fueron muchos más de los declarados, incluso todavía no se conocen los nombres de los fallecidos y, probables, detenidos.
En Tacuichamona se siguió el mismo patrón de operación para detener a Guadalupe “El Lupe” Tapia, un empresario de transporte terrestre considerado uno de los operadores financieros de Ismael “El Mayo” Zambada y, hasta el momento, de escribir estas líneas no se sabe de otras detenciones y, felizmente, de acuerdo con el parte oficial, hubo un herido, pero sin pérdidas de vidas humanas.
Me pregunto, como seguramente lo hacen o harán otros observadores de estos sucesos trágicos: ¿qué necesidad de hacer estos operativos tan espectaculares que ponen el riesgo la vida de los habitantes de estos pueblos? ¿Por qué no hacerlo de otra forma aprovechando los servicios de inteligencia para la localización de sus objetivos de detención?
¿Acaso en la característica de los operativos hay mensajes específicos de que se acabó la larga tregua y ahora se va, con todo, tópese con lo que se tope? O más allá, ¿al mismo tiempo que manda el mensaje de que hay gobierno se busca estar en sintonía de respuesta con la política estadounidense de cero tolerancia con los productores de fentanilo que fue, recordemos, el principal reclamo que hizo Joe Biden en la reciente Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte que se celebró en la Ciudad de México?
Cualquiera que sea de estos motivos, u otros, para explicar las razones que están detrás de los nuevos operativos, conviene explorar para perfilar escenarios de los efectos sociales que podría tener para el estado de Sinaloa - dicho de paso, los operativos, tiene cierta semejanza con los ocurridos a finales de los años 70 con la llamada Operación Cóndor que, recordemos, atemorizó a los pueblos y pobladores de la sierra provocando una diáspora criminal hacia otras regiones del País pero especialmente a la Perla tapatía, donde personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, entre otros, crearían el Cártel de Guadalajara, semilla del actual Cártel de Sinaloa.
Pero lo que es evidente con el suceso de Tacuichamona es que el operativo no se agotó el 5 de enero, sino, quizá, como sucede en las guerras, después de un golpe no viene el retiro sino los siguientes golpes para evitar que el enemigo se recupere y responda, como todo parece suponer que ocurrió durante el periodo presidencial de Felipe Calderón, cuando se detuvo en 2008 a Jesús “El Rey” Zambada y con esa detención se derrumbó el control criminal que se ejercía sobre el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Quien por cierto, en las comparecencias del juicio contra Genaro García Luna que se celebran en la Corte Este de Brooklyn, uno de los testigos de la Fiscalía dijo que la detención la habían hecho delincuentes vestidos de agentes de la AFI y que ellos lo habían entregado a las fuerzas de seguridad a cargo del hoy convicto en el Centro Metropolitano de Detenciones de Brooklyn, bien, pues la reacción hipotética habría sido el derrumbe fatal de las naves que ocupaban los secretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.
Lo cierto es que hoy se vive en el centro del estado una tensa calma y los desplantes a los que estamos acostumbrados los sinaloenses, afortunadamente, han venido a menos, especialmente la violencia criminal, porque la otra, la económica y simbólica, no ha recibido un solo rasguño, y probablemente esas estructuras se mantendrán porque se trataría al final de cuentas solo tener claro quién manda en Sinaloa.
Y eso no será difícil que se acate en el mundo criminal, porque hay que recordar que la historia de Sinaloa es interesante por las relaciones que se han tejido en la oscuridad a lo largo de décadas y que, por cierto, Luis Astorga, el sociólogo sinaloense que tiene un despacho en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde ha realizado las investigaciones académicas más serias sobre el tema y en ellas da cuenta en sus libros, que son toda una referencia en los estudios sobre la connivencia entre el poder político y el criminal; el narcotráfico y la violencia.
Es decir, quizá estamos en Sinaloa en un momento de transición de un mando hasta ahora compartido, que hasta podría servir de laboratorio para otros estados si se logra lo que se busca y pueda servir para pacificar otros estados donde la violencia está fuera de control y, siendo organizaciones menores a la del Cártel de Sinaloa, los operativos podrían ser más eficaces, el mensaje está ahí, en las ráfagas de metralla que sacuden a estas poblaciones rurales y son una suerte de santuarios para familias de personajes del crimen organizado.
En definitiva, lo sucedido en las sindicaturas de Jesús María y, ahora, en Tacuichamona no lleva a la interrogante central ¿es el principio del fin de la política de abrazos no balazos del gobierno del Presidente López Obrador? ¿O es un ajuste para devolver al Gobierno en el estado su primacía en materia de seguridad pública?
