Sociedad civil al rescate de Culiacán
Palomas de paz contra aves de rapiña

Por fortuna, son más las voces ciudadanas respetables las que proponen con sensatez recuperar la paz en Culiacán, que aquellas que para ganar a río revuelto les agregan la beligerancia altisonante a las zonas de Sinaloa atrapadas en medio del fuego cruzado entre los segmentos del Cártel de Sinaloa confrontados por la forzada puesta a disposición de Ismael Zambada García ante la justicia de Estados Unidos. Unos exigen, desde la legítima sociedad civil, detener la senda hacia el desquiciamiento de todo; otros, que ven cómo la lumbre que inició el 25 de julio en Huertos del Pedregal les podría llegar a los aparejos, le apuestan a que arda el estado para emerger ellos desde las cenizas, no como aves fénix sino como buitres de la política.

Mientras los herederos de los fundadores del Cártel de Sinaloa disputan los territorios que sus padres respetaron en las coordenadas originalmente delimitadas, las hordas de partidos y malévolos añadidos se camuflan tras el humo de la narcoguerra para lanzar misiles de intriga contra instituciones y gobernantes, atizándole con pólvora a la natural insatisfacción popular que emerge en circunstancias donde la ley y el orden son comprometidas por el crimen organizado. A los dos bandos les apetece la ingobernabilidad igual que la fiera ansía masticar la carroña.

¿Y Culiacán qué? ¿Y Sinaloa qué? Pues el exabrupto de proponer la desaparición de los poderes legítimos se acopla perfectamente al bufido criminal que quiere ver a la población en general huérfana de gobierno constitucionalmente instaurado, y a merced de aquellos que al dispersar terror dictan sus modos anárquicos de dominación generalizada. Allí están los muertos, las calles y carreteras bloqueadas, los enfrentamientos donde y cuando menos se esperan, y los desaparecidos para el banquete de los rapaces.

Los que proponen el colapso por encima de lo de por sí ya derrumbado hasta se asumen como la solución, creyendo que la sociedad ya olvidó que echaron a perder lo mucho y valioso que han tenido a su cargo. A narcos que hoy plantean la desestabilización extensiva los llevaron a ocupar posiciones en gobiernos y legislaturas, les hicieron el pase de charola para las campañas políticas de los partidos, los metieron a controlar espacios santuarios de Sinaloa como universidades públicas, y no se diga el consentimiento copular para el lavado de capitales del crimen.

¿Quién de ellos, los que quieren que Sinaloa se incendie, se consideran capaces de encabezar las instituciones y tener la fórmula mágica para terminar con la jornada terrible que viven Culiacán y otros municipios? ¿Cuáles de quienes al borde del paroxismo y sin pizca de referentes honorables tienen un plan pacificador distinto al de la intervención sobrehumana de militares y policías que se juegan la vida para ceñir a la ley a los facinerosos? Que alcen la mano y se propongan ante la gente como salvadores, en vez de alzar la voz compitiendo con el ruido de las ametralladoras.

En cambio, existen las posturas sensatas que llaman a la unidad popular para construir las rutas de evacuación junto a las acciones que desarrollan las autoridades, como es el caso del comunicado ciudadano publicado el 13 de septiembre y firmado por más de 70 organizaciones que representan a la mayoría de sinaloenses preocupados y ocupados por la crisis de seguridad pública, con la propuesta de “un diálogo inmediato y abierto con el titular del Poder Ejecutivo, Rubén Rocha Moya, en una exigencia respetuosa y colaborativa para abrir un espacio de construcción como aliados en favor de la paz y prosperidad de Sinaloa; hogar común de los que repudiamos la violencia, el abuso y la injusticia”.

Otro posicionamiento fue el de los ex presidentes de la Cámara de Comercio de Culiacán, José Lauro Meléndrez Parra, Fernando Inukai Sashida, Octavio Crespo Sánchez, Ignacio Muñoz Orozco, Eduardo Ortiz Hernández, Diego Castro Blanco, Agustín Olivera Jones, Willy Acosta, Rosendo Flores Esquerra, José Luis Aispuro Calderón, Juan Carlos Esquer, Carlos Vega Pereda, Alejandro Sánchez Chávez y Pepe Espinoza De Los Monteros, que exigen la “acción inmediata para proteger lo más valioso que tenemos: nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestra comunidad”.

Demandan “resultados concretos y visibles por parte de las autoridades correspondientes. No podemos permanecer indiferentes ni ser espectadores pasivos ante la crisis que enfrentamos. Es momento de actuar con determinación y firmeza para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesitamos” y a los tres niveles de gobierno que “asuman su responsabilidad y garanticen la seguridad de todos los ciudadanos. No podemos permitir que la violencia continúe poniendo en peligro vidas, empleos y el futuro económico de nuestra comunidad”.

En efecto. Este es el momento de intervención decidida de la sociedad civil y del pacto social del Gobernador Rocha Moya con los ciudadanos. Con los que en unidad le apuestan a que el Estado de derecho prevalezca sobre la barbarie. Los que mantienen la frente en alto, las manos limpias y ondean la bandera de la paz. Aquella mayoría absoluta que se aleja de ambiciones e intereses particulares, exenta de coparticipaciones con el crimen y que se aglutina para recuperar al Culiacán digno, al Sinaloa decoroso, que la delincuencia pretende arrebatarnos.

Que acuñe bien el presente,

El papel que juega cada quien,

Los del dislate reincidente,

Y el de ciudadanos de bien.

Septiembre de 2004: fue abatido Rodolfo Carrillo Fuentes en plaza Cinépolis de Culiacán y al quedar en evidencia que la Policía Ministerial le brindaba protección al capo, la Oposición al Gobierno priista de Juan Millán le exigió renunciar al cargo. Enero de 2008: inició la bestial guerra de los Beltrán Leyva contra “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada y los enemigos políticos de Jesús Aguilar Padilla, del PRI, le pedían que dimitiera a la titularidad del Ejecutivo Estatal. Julio de 2023: una célula delictiva secuestró a un guardaespaldas de Mario López Valdez para que desnudara la protección brindada por Malova a Joaquín Guzmán Loera y la persecución contra Fusto Isidro “El Chapo” Meza, y los partidos rivales demandaron que el Gobernador panista abandonara su silla en tercer piso de Palacio de Gobierno. Y ninguno de los tres renunció.