Sinaloa en 2024: construir paz y justicia sin perder lo ganado en seguridad

Desde el periodo previo a la epidemia nacional de violencia sufrida de 2008 a 2012 y que en Sinaloa alcanzó un máximo de 6.57 asesinatos diarios en 2010, en el estado no se ha logrado volver a la estadística de un homicidio por día. Sin que eso sea aceptable, por supuesto.

El registro reciente más bajo es de 558 homicidios ocurridos el año 2022, 1.53 diarios, según datos de INEGI; y con datos de la Fiscalía estatal, en 2023 se registraron 565 asesinatos en total para un promedio diario de 1.54. Dato que INEGI habrá de ajustar a la alza en el futuro ya con todas las actas de defunción registradas. El saldo de 2023 representa un incremento marginal de 1.25 por ciento anual en la estadística.

Los datos de 2023 muestran que la reducción sostenida de homicidios en Sinaloa que inició en el año 2017 se estancó el pasado 2023.

Durante el gobierno de Quirino Ordaz el promedio diario de homicidios pasó de 4.29 a 2.16 y en lo que va del gobierno de Rocha el mismo indicador disminuyó de 2.16 a 1.54 hasta ahora; la reducción en el caso del priista es de 50 por ciento y de 30 por ciento para el morenista en los dos años que lleva de gobierno.

Cada vez que se presentan hechos de violencia de alto impacto o que dan la nota nacional, el Gobernador Rocha Moya insiste en que hay anomalías y no ajustará la estrategia de seguridad pues ésta funciona y rinde resultados. Sobre el saldo de homicidios de 2023 reconoció un ligero incremento.

El mismo Rocha ha definido su abordaje de seguridad como la “coordinación” entre los tres niveles de Gobierno a través del seguimiento diario en la mesa de seguridad que sucede de lunes a viernes por la mañana y a donde acuden las fuerzas civiles y militares que combaten el crimen en el estado.

La pregunta obligada de cara a este 2024 es si la estrategia actual seguirá alcanzando para conseguir mejores resultados en el futuro y, sobre todo, si permite aspirar a que Sinaloa alcance tasas de homicidio cercanas a las de los países mejor desarrollados y más pacíficos.

Con los datos de 2023 la tasa en Sinaloa fue de 18.67 homicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 25 pero muy por encima de referencias internacionales. Por ejemplo, la tasa de Dinamarca (que tanto gusta al Presidente usar como referencia en materia de salud) en 2022 fue de 0.99 homicidios por cada 100 mil habitantes y la de Estados Unidos, nuestro vecino, de 6.38.

Es decir, y sin menospreciar el progreso alcanzado hasta ahora, en Sinaloa estamos muy lejos de ser una sociedad “en paz” en términos comparativos.

Mención aparte, pero elemento fundamental de este complejo escenario de inseguridad, merecen otras violencias letales como el feminicidio, que repuntó en 2023, y la desaparición de personas que, con datos de la Fiscalía a octubre de 2023, también superó el registro de 2022 en 6 por ciento.

A lo que hay que agregar que más allá de la frialdad de las estadísticas, la manifestación del poderío del crimen organizado en Sinaloa es evidente en hechos como la “celebración” de Año Nuevo que deja siempre víctimas inocentes de balas perdidas, la cruenta batalla del más reciente Jueves Negro, la proliferación de “halcones” que vigilan hasta a los convoyes de las Guardia Nacional o la intoxicación de menores por fentanilo y metanfetaminas, por mencionar algunos. Hechos que aunque no siempre se traduzcan en víctimas mortales, sí dan cuenta de una sociedad que ha hecho de la normalización de la violencia y el miedo un modus vivendi.

Esas situaciones difícilmente se verán reducidas a niveles manejables en tanto no se busquen abordajes más modernos como la regulación de ciertas drogas y mecanismos de justicia transicional y se invierta, en serio, en la reducción de la impunidad que supera, casi siempre, más del 90 por ciento de los delitos graves.

Algo que se ve difícil pues implica que quienes nos gobiernan reconozcan que lo que hasta ahora funcionó ya no lo hace en la misma intensidad, que se está ante un problema cada vez más global y complejo y, sobre todo, implica proponer un camino diferente al adoptado por la Presidencia de la República, concentrado en el prohibicionismo de las drogas, la militarización de la seguridad y el populismo punitivo en materia de justicia.

El reto de Rocha Moya, como el de los gobernadores anteriores, es contribuir a ir minando, año tras año, el estigma narco-violento de Sinaloa y eso requiere cambios profundos y sostenidos en la realidad, no solo en la narrativa, lo mediático y lo simbólico, donde también hay que trabajar.

En suma, 2024 será un año clave para saber si los poderes criminales que se hacen cada vez más presentes en épocas electorales volverán a manifestarse como en la pasada elección y si, en ese contexto de gobernanza criminal, el Gobierno del Estado encabezado por Rubén Rocha será capaz de recuperar la tendencia descendente de asesinatos y desapariciones.