Desde hace tres años, Artículo 19 (A19) ha enfatizado que existen una serie de narrativas prejuiciosas, estigmatizantes y descalificadoras que propalan de diferentes formas diversas autoridades del Estado mexicano. Estas narrativas legitiman agresiones contra sectores y personas críticas a la actual administración como periodistxs, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles e instituciones autónomas, pero ambas situaciones son la punta del iceberg.
Además de los constantes ataques verbales, 2021 estuvo marcado por un claro debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección, prevención, justicia, garantías de no repetición y reparación del daño causado por las distintas violencias ejercidas contra estos sectores. En este marco, se puede referir el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos (en adelante, el Mecanismo de Protección) y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Derecho a Víctimas (CEAV). De igual forma, la indefensión de los sectores críticos se ha catalizado por el uso faccioso de las instituciones encargadas de investigar delitos y violaciones a derechos humanos (ddhh) como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Artículo 19 observa en su informe Negación (2021) que la actuación de CEAV se ha mermado porque no existe una política nacional coordinada que facilite la atención a las víctimas, situación que se agrava con la falta de presupuesto con el que cuenta la Entidad: la CEAV opera con un déficit de más de 1,600 millones de pesos. Además, presenta una reducción de personal en áreas estratégicas de atención a víctimas como la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal (DGAJF).
Esta reducción es promovida por la priorización del financiamiento militar de la actual administración de AMLO. En 2021 se acrecentó la brecha presupuestal en un 271 por ciento entre las secretarias de mando militar y aquellas pertenecientes al sector de defensa (Sedena y Semar) y las de mando civil e instituciones dedicadas a la atención a víctimas (FGR, Segob y SSPC). La prioridad es clara para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales: mayor militarización en México a costa de la atención a las víctimas de la violencia.
Este panorama empeoró con la determinación del Congreso Federal de Extinguir el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) como parte de la política de austeridad y combate a la corrupción de AMLO y la merma de los recursos destinados a la CEAV por parte de la Cámara de Diputados con la restricción técnica a cuenta del presupuesto anual.
Por otro lado, desde el poder Ejecutivo y Legislativo de la Federación no se han propiciado cambios estructurales para la óptima implementación de la Ley General de Víctimas. Siguiendo esta línea, las acciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para promover la articulación entre las autoridades de los diferentes niveles han sido insuficientes. Es más, dicho Sistema no se reúne desde su creación en 2014. Ello compromete severamente la atención de las 21.2 millones de víctimas de 18 años o más, registradas por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2021.
Particularmente, el debilitamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se confirma en sus datos que registran el cambio de color de la impunidad por esta entidad cuando 98.1 por ciento de los crímenes en contra de periodistas permanecen impunes. Además, desde su creación solo ha obtenido 28 sentencias condenatorias de las 1469 indagatorias iniciadas (hasta diciembre 2021), así mismo de los 25 asesinatos de periodistas del trienio de AMLO, la FEADLE solo atrajo seis casos. La FEADLE había tenido un empuje interesante desde 2017 con su titular Ricardo Pérez Sánchez del Pozo pero queda claro que la llegada de Gertz Manero como titular de la FGR la frenó .
Dos tendencias son las que alientan esta impunidad en los crímenes contra periodistas. La primera es la falta de implementación de protocolos específicos para investigar delitos contra la libertad de expresión como sucede con la ausencia de aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por las diferentes fiscalías. La segunda causa de impunidad, es un uso faccioso de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se enfoca en perseguir delitos de interés personal y político de su titular.
En esta lamentable línea de debilitamiento institucional, la Segob reconoció que de 2017 a septiembre de 2021 se cometieron dos homicidios de personas defensoras de derechos humanos y siete personas que contaban con medidas de seguridad parte del Mecanismo de Protección. Cuatro periodistas más que tenían medidas de protección locales del mismo orden también fueron asesinadxs.
Primero, la falta de participación de quienes forman su Junta de Gobierno, como es el caso de la FGR y de la CNDH y las fallas de las autoridades estatales y municipales en la implementación de las medidas de protección derivadas del Mecanismo. En segundo lugar, durante el último cuatrimestre del 2021 se observó una ausencia de desarrollo de capacidades de les analistas para transitar de la metodología cuantitativa a la cualitativa que considere el entorno de las agresiones o ataques, además de que es clara una gran falencia de la casi nula perspectiva de género e interseccional del análisis de riesgos.
A lo anterior hay que añadir el gran reto que implica para el Mecanismo la implementación de planes de protección integrales que, en todo caso dependen de la ejecución del análisis mencionado y de la actualización del catálogo de medidas desde hace 10 años, lo que demuestra una negación de la complejización de las agresiones a periodistxs y defensores de derechos humanos. De manera preocupante, en los últimos meses ha imperado la lógica del “ahorro” presupuestal para asignar medidas.
Recientemente, el Consejo Consultivo del Mecanismo (compuesto por personas defensoras de derechos humanos y periodistas) denunció la toma unilateral de decisiones por parte de SEGOB para renovar el contrato con la empresa de seguridad privada RCU SISTEMAS y un recortado catálogo de medidas de seguridad, excluyendo de esa resolución a la sociedad civil que tiene 4 votos en la Junta de Gobierno y minando el espacio de gobernanza participativa que se pensó para esa instancia.
En lo que va del presente sexenio se han asesinado a 33 periodistas en posible vínculo con su labor. Sin duda persisten falencias que deberán repararse y corregirse en un corto plazo. Pero el Mecanismo no puede seguir siendo la única opción del Estado mexicano frente al contexto de violencia que enfrenta el gremio, pues se necesita que su eficiente funcionamiento converja con el de instituciones como la FGR, la SSP, la CNDH y la CEAV, por mencionar algunas.
Finalmente, en el caso particular de la CNDH hay una perceptible pulverización de su legitimidad poniendo en riesgo no solo a víctimas, sino a sus redes de apoyo. Así da cuenta una encuesta realizada por Artículo 19 entre periodistas, quienes mayoritariamente dicen desconfiar de la ombudsperson. Ello se demuestra, por ejemplo, con la defensa selectiva de la Directora de Notimex Sanjuana Martínez, considerando que fue “agraviada” como periodista y soslayando las denuncias en su contra por agresiones a periodistas que trabajaron con ella en la agencia.
Ayer la institución emitió una Recomendación General por el abuso del software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Si bien el instrumento publicado tiene muchos aspectos a mejorar, esperemos que sea señal de una nueva voluntad de atender las problemáticas que aquejan de manera sistemática la prensa y al movimiento de defensorxs de derechos humanos.
Todo este panorama nos indica que no hay transformación posible si no trasciende al campo de lo discursivo. Los cambios de fondo deben reflejarse en una institucionalidad que ponga en el centro a las víctimas de violaciones derechos humanos y que funcione eficazmente en pro de ellas.
