El pasado 28 de marzo desde ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presentamos el informe anual 2022 “Voces contra la indiferencia” con el que damos eco a las voces que luchan contra la indiferencia: comunidades indígenas, periodistas, defensores de DH, activistas, familiares de personas desaparecidas.
En el primer capítulo “Sin transparencia proactiva” hablamos de la falta de información sobre los programas sociales y el impacto de esta circunstancia en las comunidades indígenas. Recuperamos la historia de María y Flor, mujeres indígenas de Yucatán y Chiapas en su camino para conseguir información para acceder y continuar en los programas sociales implementados por el actual gobierno (Sembrando Vida y becas Benito Juárez), ambos promovidos por el Ejecutivo Federal como parte relevante de sus políticas sociales.
Sin embargo, estos programas enfrentan algunos cuestionamientos que, a cuatro años de su creación e implementación, deben ser atendidos a riesgo no sólo de evitar reducir la desigualdad sino agravarla.
En voz de Tomás López Sarabia, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), históricamente las políticas sociales tienen una matriz monocultural y monolingüe que no parte de las necesidades concretas de los pueblos, sino de lo que el gobernante en turno cree que necesitan. Hay un vicio de origen.
Pero ya una vez echados a andar, los programas sociales presentan falencias que se traducen en falta de condiciones para el ejercicio de derechos. Por ejemplo, María y Flor, en su caminar para acceder a los programas en cuestión, han enfrentado varias barreras para acceder a información certera y oportuna sobre los programas sociales. No hay instancias cercanas a sus comunidades que les provean la información; falta de capacitación sobre requisitos o procedimientos por parte de las personas Servidoras de la Nación adscritas a la Secretaría de Bienestar, entre otras.
A ello hay que sumar la persistente publicación de información en páginas de Internet y redes sociales que impide que las personas que no cuentan con estos medios obtengan la información. La situación se agrava cuando la gente abandona su deseo de pertenecer a estos programas por falta de información, agravando la exclusión y prevaleciendo así la histórica discriminación hacia las comunidades indígenas y rurales.
En el informe también se aborda la falta de información pertinente para las personas y comunidades indígenas afectadas por los desastres naturales. Exponemos el caso de la comunidad de San Juan Ozolotepec, Oaxaca, afectada por el huracán Agatha a finales del mes de mayo de 2022. De acuerdo con Míriam Hernández, habitante de esta comunidad, los apoyos y el seguimiento se dio hasta el mes de septiembre del año pasado. Posterior a esa fecha, no se han recibido visitas para evaluar cómo se han recuperado las comunidades y si siguen aflorando otras necesidades que no se observaron en su momento.
A este respecto tenemos el antecedente del paso del Huracán ETA en los años 2020 y 2021, donde ARTICLE 19 documentó el caso de las comunidades zoques afectadas en el estado de Chiapas. En ambos desastres se reafirma la idea de que hay una clara ausencia de políticas públicas de transparencia proactiva para la prevención de desastres, incluyendo acciones para la prevención, mitigación y gestión integral del riesgo de los desastres (GIRD).
Con relación a las acciones preventivas, de gestión del riesgo y posteriores al evento natural, se encontró un comunicado difundido mediante la página de Internet de Sedena, donde reportaron las acciones que realizaron durante la emergencia, pero no se tenía información sobre las acciones en la etapa posterior de reconstrucción.
ARTICLE 19 realizó solicitudes de acceso a la información a la Secretaría de Marina y la Secretaría de Bienestar, encargadas de operar el Plan de Apoyo, en dichas solicitudes se pidió la evaluación de impacto de las comunidades afectadas después de la recepción de los apoyos otorgados por parte de las autoridades federales. Lo que han respondido es que no cuentan con la información, lo que no permite contar con datos exactos que permitan mejorar las estrategias y planes de ayuda para casos como estos en un futuro.
La ausencia de información sobre los impactos posteriores a un desastre natural, así como los planes de recuperación, deja desprotegida a la población ubicada en esas zonas de riesgo, que es generalmente la que vive en situación de pobreza. Es obligación del Estado proveer la mayor cantidad de información de forma oficiosa para proteger la vida de las personas y tratarse de un tema de interés público.
En este contexto, confirmamos que el derecho de acceso a la información, en los hechos, carece de universalidad. De esta manera se profundizan las brechas de desigualdad, pues en una llamada sociedad de la información, es imposible tomar decisiones con barreas estructurales que no han sido removidas por el Estado.
Peor aún si ahora el gobierno federal apuesta por dinamitar las instituciones garantes de la transparencia gubernamental, como queda en evidencia con la falta de designación de personas comisionadas para el INAI por parte del Senado, de mayoría oficialista. Desde el lunes el organismo garante no puede sesionar para resolver cientos de recursos de impugnación derivados de los intentos por ocultar información en posesión de los sujetos obligados. Pero tampoco puede empujar políticas de transparencia proactiva para que las personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad que remuevan las brechas sociales de información. La decisión de paralizar al INAI pone en grave riesgo nuestro derecho a saber y a nuestra democracia.
