Siguiente escalón de la Ley de Protección
Pacto sociedad-periodismo-ombudsman
Hoy comparecen ante el Congreso del Estado las y los defensores de derechos humanos y periodistas que aspiran a dirigir e integrar el Instituto y Consejo Consultivo que se crean para la protección de aquellos que velan por el respeto a las garantías individuales y la libertad de expresión, dos sectores históricamente desamparados con las consecuentes cuotas de ataques y muertes derivadas de tal indefensión. Son ombudsman y comunicadores los que a diario postulan que los sinaloenses vivan en paz, con justicia y dignidad, por lo tanto es condición indispensable que tal promotoría se realice desde la certidumbre y el abrigo de la sociedad.
Vale acotar, desde el inicio, que no es más importante la vida de los activistas y periodistas que las de los demás ciudadanos. Lo que otorga mayor relieve a los dos segmentos protegidos es que con su labor procuran la salvaguarda de la comunidad entera con acceso a la democracia, seguridad pública, bienestar, disfrute libre de oportunidades de desarrollo y reconocimiento de todo el caleidoscopio humano en la diversidad.
Entonces es erróneo postular que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, y la integración de las instancias que de ésta emanan, son de incumbencia solamente de los sujetos amparados. Al contrario, la aprobación de la norma el 24 de mayo constituye el abrazo fraterno que la sociedad ofrece a través de sus representantes populares y el refrendo de la alianza para que nos cuidemos unos a otros.
También vale decir, sin rodeos, que en los periodistas y defensores de derechos humanos cobró vuelo la expectativa de que el luchador social Óscar Loza Ochoa fuera el primer Director del Instituto de Protección, por la incuestionable trayectoria de él y acompañamiento a los sectores vulnerados, fiel representante de esa estirpe que guarece al débil de la que son ejemplos Norma Corona Sapiens, Jesús Michel Jacobo y Jorge Aguirre Meza, entre muchos más.
Al excluir el Congreso a Óscar Loza se hizo valer lo establecido en la ley de la materia y aun cuando el Legislativo pudo ponderar más toda una vida dedicada a defender a los eterna e impunemente trasgredidos, optó por el apego estricto al estatuto. Y de allí emanó, también, otro episodio de dignidad del luchador social que por encima del derecho a participar decidió cuidar el nacimiento del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, al desear “por el bien de esta lastimada sociedad que quien sea designado como director o directora tenga la entrega y vocación para forjar una verdadera trinchera que cobije a los activistas y reporteros”. “Le deseo toda la suerte del mundo y reitero que contará con todo mi respaldo moral”.
Es decir, el procedimiento de la 64 Legislatura debe continuar con el voto de confianza en que los diputados sigan haciendo las cosas bien como lo hicieron al elevar a categoría de ley la iniciativa ciudadana. Y allí estarán este día Jhenny Judith Bernal Arellano, Jesús Antonio Bustamante Rivera y José Manuel Salas Fernández exponiendo los motivos, o mejor dicho las capacidades, por las cuales uno de ellos será el primer director o directora del Instituto de Protección.
También comparecerán por la tarde Juan Mario Martini Rivera, Rosina Ávila Palma, Martín Alberto Durán Romero, Estefanía López Corral, María Isabel Cruz Bernal, Alberto Morones Rivas, Ivonne América Armenta Zúñiga, Jorge Rubén Ibarra Martínez, Marco Antonio Santos Guzmán, Sheila Del Carmen Arias Martínez, Griselda Inés Triana López y Aldo Ruiz González, que buscan integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Protección en el que hay tres sillas disponibles para periodistas e igual número para activistas en pro de los derechos humanos.
Quienes sean de ellos que resulten electos tendrán enfrente la tarea colosal de sentar en poco tiempo las bases para que periodistas y defensores de derechos humanos tengamos mejores condiciones para desempeñarnos en dichas actividades que en México son consideradas de alto riesgo. Partirán casi de cero en estructurar el andamiaje reglamentario, de identificación de peligros, de transparencia, de cercanía con aquellos en inminente peligro, de prevención y de respuesta oportuna.
Mal haríamos en comenzar a llenarle de obstáculos el de por sí agreste camino que habrán de recorrer la directora o director y consejeras o consejeros. El apoyo y colaboración de la ciudadanía entera, pero sobre todo la toma de conciencia en comunicadores y activistas de que al deteriorarlos a ellos nos dañamos a nosotros mismos, permitirá construir algo que ahora no tenemos y que quizá nos signifique el último reducto en la ilusión de seguir sirviéndole a la sociedad sin perder la vida en el intento.
La cuestión es ¿hemos aprendido a través de los ataques, las víctimas y los miedos a construirnos las rutas de evacuación hacia el ejercicio de los derechos y libertades en ambientes exentos del arma en la sien?
Cuánto tiene de idealismo,
Soñar con un fruto maduro,
Por sembrar en terreno duro,
Las utopías del periodismo.
Sobre este mismo tema, la comisión de vigilancia a la implementación de la correspondiente ley refrendó la exigencia de máxima transparencia en las fases siguientes del proceso de designación de director y consejeros del Instituto de Protección. Ratificó el compromiso de mantenerse cercana a estos trabajos y brindar acompañamiento a los y las aspirantes. “Estamos convencidos y convencidas que este Instituto es un reto que nos involucra a todos como sociedad, y que de la voluntad política de las autoridades dependerá tener en Sinaloa un Instituto referente que funcione y brinde verdadera protección y seguridad a periodistas y personas defensoras de DDHH, con presupuesto suficiente y, sobre todo, con franca autonomía”.
