Hablar de nuestro derecho a la exigencia es por fortuna ya muy común, exigimos apego a la ley. Pero también, todos, es decir desde el ciudadano anónimo hasta el Presidente de la República estamos obligados a acatar la ley.
Ese compromiso ciudadano crece con las responsabilidades. Que un ciudadano común no respete una señal de tránsito o no pague sus impuestos, es grave, nos retrata la cultura cívica de nuestra nación. Pero si un servidor público incurre en las mismas faltas, sus actos se convierten en un agravio y burla para toda la sociedad. Por eso de ellos se exige un comportamiento ejemplar, sólo ese actuar acredita su auténtico derecho a ocuparse de la cosa pública. Llegó el momento en el proceso electoral en que más ciudadanía se demanda. Habrá vencedores y vencidos, seguramente habrá reclamos que deberán ser encauzados jurídicamente. Pero, siguiendo a Cicerón, nadie debe pretender situarse por encima de la ley.
Terminan las tristes campañas. Tristes por la violencia que segó la vida de decenas de mexicanos. Tristes por la frivolidad de muchos candidatos de todos los bandos que demostraron saber cantar, o bailar, pero en rara ocasión propusieron alternativas bien sustentadas. Tristes porque los partidos comparsa usan nuestros dineros para beneficios personales. Tristes porque la polarización impulsada desde el poder, ha inyectado un veneno de largo plazo, que estará entre los ciudadanos atizando odios hacia sus compatriotas. Tristes porque el Ejecutivo Federal se ufanó de violentar la ley y lanzó una campaña para minar a las autoridades electorales que son patrimonio de todos los mexicanos.
Recordemos que las autoridades electorales son sólo las encargadas de encauzar una jornada sustentada en alrededor de millón y medio de ciudadanos. Son ellos los que instalan las casillas, los que acreditan a sus compatriotas; son ellos los encargados de mantener el orden y respeto dentro de esas capillas efímeras que permiten la expresión libre de los ciudadanos. Son ellos los que cuentan los votos frente a sus pares hasta lograr un primer acomodo de las cifras. Son ellos, los responsables de llevar el material electoral a los distritales. Allí, setenta y dos horas después, no antes, surgen las cifras oficiales que van acomodándose en el rompecabezas.
Gritar fraude a partir de corazonadas, chismes o intrigas, es una ofensa a los ciudadanos que entregan tiempo de sus vidas para que esta República se organice. Los resultados preliminares, conteos rápidos, encuestas de salida y otros, sirven para esbozar algunos rumbos. Pero la propia ley establece un periodo de ayuno, de contención, en el cual no debemos prejuzgar y, menos aún, lanzar resultados alternativos. Por esa vía lo único que se logra es viciar el ambiente, provocar el enojo, en una sociedad de por sí crispada. Ni los líderes de los partidos, ni los candidatos que se suponen ganadores, menos aún el Presidente, pueden suplantar la información oficial que ciudadanos y autoridades van gestando. Lleva tiempo. En esto el margen de tolerancia debe ser cero: nada de que yo tengo mis propios datos.
Nos ha llevado más de cuatro décadas edificar este andamiaje electoral que se ha ido perfeccionando a través de la elaboración de consensos. Al día de hoy el marco normativo que nos rige es el único válido y aceptado en los hechos por los contendientes. Tuvieron tiempo para plantear las modificaciones, pero este no es el momento para sacudir esos acuerdos plasmados en la ley y poner en duda la actuación de ciudadanos y autoridades electorales. Ese andamiaje ha demostrado ser capaz de administrar elecciones altamente competidas. Seguramente las habrá y serán controvertidas. Para todo hay cauces legales.
No olvidemos a Cicerón, nadie por encima de la ley. A cumplir como ciudadanos. A votar, a esperar y guardar silencio.
