¿Seis sexenios sin el cerebro de la seguridad pública?

Cuando en 1994 redactamos el anteproyecto de ley que creaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública jamás dudamos de la necesidad de vincular las políticas públicas en la materia a la investigación científica. Nos habíamos inspirado en el Instituto Nacional para la Justicia (NIJ) de Estados Unidos y en el Centro de Altos Estudios de la Seguridad y la Justicia de Francia.

En el 2017 el NIJ cumplió 50 años construyendo evidencia. Desde principios de la década de los setenta del siglo pasado esa institución ya publicada hallazgos científicos mostrando que “una pequeña proporción de delincuentes comete la mayoría de los crímenes”, hallazgo que medio siglo después ha sido confirmado por la estrategia Alto al fuego que ahora se implementa en la Ciudad de México.

O bien, hacia 1974 el NIJ daba a conocer los resultados de un experimento que demostraba que el patrullaje aleatorio no impide necesariamente el delito, logrando con ello que muchos departamentos de policía en ese país abandonaran desde entonces el patrullaje aleatorio. Confirmo aún hoy que en buena parte de México así se patrulla.

En el anteproyecto referido incluimos un capítulo que creaba el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública; sería el cerebro del naciente órgano de Estado en la materia. En la Secretaría de Gobernación, ya iniciado el gobierno de Zedillo, borraron la propuesta de inmediato aduciendo que lo que proponíamos era una idea académica y que no cabía en el proyecto.

Estamos pagando con creces esa decisión. Casi tres décadas después de haberle quitado a México la oportunidad de iniciar un efecto bola de nieve para anclar las políticas en la materia al conocimiento científico, hoy día la inmensa mayoría de los gobiernos a lo largo del país repiten inercias, improvisan y reproducen decisiones que no logran construir entornos protectores de manera sostenida.

El Banco Interamericano de Desarrollo apenas lanzó la primera plataforma en español con buenas prácticas en seguridad y justicia basadas en evidencia. Ese impresionante ejercicio de sistematización contesta qué funciona y qué no. Pues bien, algo muy parecido es lo que hemos intentado crear en México los últimos 5 sexenios federales, enfrentando una barrera política multicolor que ha impedido lograrlo. Hay entidades federativas y municipios que ciertamente han avanzado en la ruta de la toma de decisiones recogiendo el conocimiento más avanzado, pero son unos cuantos y aún estos no han llegado a la etapa de la documentación regular y pública de lo que funciona y lo que no.

Después de todo este tiempo ya no me queda duda, la mayoría de las personas que detentan o que aspiran a detentar cargos de autoridad cierran el camino al anclaje científico de la seguridad porque reduce las oportunidades para la manipulación política de esta función pública.

De hecho, la militarización de la seguridad pública es la válvula de escape más importante ante el fracaso de las políticas de seguridad y este, a su vez, es en buena medida nutrido por tal manipulación. Hay una relación inversa entre poder disponer de las instituciones de seguridad para fines diferentes a su mandato legal y la comprobación de qué funciona y qué no, con los métodos generalmente aceptados.

Quienes frenan la vinculación de la ciencia a la seguridad pública son soporte de la prolongación de una crisis humanitaria que ha colocado a México entres los más escandalosos laboratorios a nivel global del fracaso de las políticas de seguridad, justicia y construcción de paz.

Vamos a volver a intentarlo, pero no parece haber suficientes liderazgos políticos que apoyen el salto hacia una nueva generación de políticas de seguridad. De ser así, pasaremos al sexto sexenio federal sin instalar el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública y seguiremos sin contar con la producción científica disponible indispensable para mover el timón en la toma de decisiones, prolongándose el desfonde sin límites de las violencias.