Seguridad y relevo presidencial, la ‘imposible’ definición del problema basada en el terreno

Luego de observar detenidamente los relevos presidenciales desde Ernesto Zedillo a la fecha, puedo afirmar que la debilidad del diagnóstico sobre seguridad es una constante. En cada transición se elaboran estudios, se organizan todo tipo de foros y se abre una aparente ventana hacia la profundidad en la caracterización de los fenómenos asociados a las violencias, la delincuencia y la impunidad, pero una y otra vez se impone el límite. ¿Cuál es ese límite? La descomposición del Estado mismo. Me explico.

Los mejores diagnósticos de dichos fenómenos son los que toman muestras en terreno, los que captan las historias de las violencias desde la voz de quienes las ejercen y quienes las padecen. Cuando se recogen esas voces, todo cambia en la interpretación del rol del Estado porque ahí es donde emerge el relato de lo que las investigaciones llaman “gestión de las violencias”, esto es, prácticas de regulación informal donde las instituciones públicas responsables de prevenirlas y controlarlas coexisten con ellas mediante criterios de oportunidad.

Ante la reproducción de todas las violencias imaginables, asociadas o no a mercados ilegales, el Estado no puede, no sabe o no quiere intervenirlas para reducirlas. Puede tratarse desde formas complejas de violencias en los hogares, cuyas herramientas técnicas de intervención no son siquiera conocidas por las autoridades, hasta violencias armadas crónicas que son parte de disputas por el control de mercados y territorios donde las policías, las fiscalías y las instituciones militares deciden cómo y cuándo intervenir para disputar la extracción de rentas asociadas, o bien evaden cualquier confrontación, siguiendo políticas institucionales no escritas, a su vez asociadas a incentivos no declarados.

En una nuez: el Estado dice que hace una cosa, pero hace otra. Negarlo es útil a la reproducción de políticas de seguridad, justicia y paz que fallan sistemáticamente, en buena medida precisamente porque toleran instituciones cuya descomposición las ha terminado por refuncionalizar.

Este abordaje se soporta en un enfoque sistémico de rendición de cuentas que sí lidia con las prácticas, en lugar de evadirlas en los diagnósticos oficiales. Nuestra perspectiva se aproxima hacia la comprensión de la distancia entre las normas y las prácticas para descifrar los incentivos que gobiernan, no lo que se dice que se hace, sino lo que se hace, particularmente en el terreno.

Acaso esto representa una imposible definición del problema desde la mirada presidencial, dada la dimensión de la descomposición. Pero debería suceder exactamente al revés, colocándose en el centro la auténtica caracterización de los formatos que involucran a múltiples actores oficiales y no oficiales en la gestión de las violencias.

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@ErnestoLPV
Animal Politico / @Pajaropolitico