"Seguridad alimentaria y transparencia"
norma@sanchez-castillo.mx
Hace unos días recibí un mensaje privado en mi FB pidiéndome ayuda con una despensa. Era una madre sola con tres hijos, despedida por una empresa que cerró en Culiacán porque no pudo con los efectos del Covid. Esa mamá no tenía ahora cómo alimentar a sus hijos y estaba desesperada.
Ese mismo día leí en las páginas de internet de los Ayuntamientos de Ahome y Culiacán noticias que daban cuenta de la distribución de miles de despensas en sus comunidades. Me pregunté -entre otras cosas- cómo había el Gobierno decidido a quien darle, cuánto estaba gastando en armar esos paquetes alimentarios, a quién le estaba comprando los insumos, y cómo podía la gente acceder en igualdad de circunstancias a un apoyo como ese.
La seguridad alimentaria es uno de los primeros objetivos durante una emergencia: mucha gente se queda sin trabajo y sin ingresos y el confinamiento la orilla a padecer hambre. Una pandemia agrava la desigualdad social, sobre todo en zonas con altos índices de corrupción e impunidad como México y sus 32 entidades federativas.
Recibir una despensa puede significar la sobrevivencia del día para una familia, pero hacerlo bajo criterios de opacidad y discrecionalidad representa un riesgo para las personas más vulnerables. Distribuir apoyos sin transparencia incentiva la corrupción y la distribución distorsionada de la ayuda social.
¿Qué tan transparentes están siendo el Gobierno de Sinaloa y sus 18 municipios respecto a los programas alimentarios activados por la emergencia sanitaria? El Mecanismo de Seguimiento impulsado por organizaciones civiles y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Sinaloa, sobre los fondos, programas, acciones y planes anunciados por Covid en esta entidad, ha arrojado los primeros resultados.
Respecto a las (1) reglas de operación, (2) montos autorizados o por ejercer y (3) lista de beneficiarios de los programas alimentarios, el Poder Ejecutivo cumple en su página de internet con los dos primeros, mientras que aún no lo hace con el criterio tres.
Los municipios de Ahome y Mazatlán, que también impulsan programas alimentarios, todavía no transparentan reglas de operación ni montos totales ejercidos o por ejercer, y solo Mazatlán publica lista de beneficiarios de despensas pero la información es difícil de encontrar pues está ubicada junto todos los programas sociales del municipio y no en un micrositio especializado, uno de los principios más relevantes para el Mecanismo de Seguimiento.
Además de esos tres criterios, también son importantes los que tienen que ver con las compras y, en ese sentido, lo que el Mecanismo mide es la transparencia y rendición de cuentas de los procedimientos a través de los cuales se elige a un proveedor, servicio o producto. Asegurar condiciones para una competencia leal y equitativa genera confianza y mejora precios y calidad.
¿A quién y en cuánto se están comprando las despensas en Sinaloa? ¿Son los alimentos nutritivos y contribuyen a satisfacer el derecho humano a la alimentación? Garantizar la alimentación en tiempos de emergencia es un derecho humano y una prioridad, pero para que esa mamá con tres hijos y cada una de las familias sinaloenses que ahora padecen hambre reciban un paquete de alimentos es necesario que las instituciones aseguren mecanismos para que los apoyos sí lleguen a su destino y sean de calidad. La nutrición en tiempos de pandemia es un asunto también de derechos humanos.
Cuando una familia tiene que recurrir a un conocido para conseguir un apoyo gubernamental algo está fallando. Los canales y reglas deben ser los más claros, accesibles, transparentes y públicos posibles para cualquier persona de la costa, sierra o ciudad, sobre todo cuando se trata de mitigar el hambre.
La transparencia mejora la calidad de vida de las personas y satisface otros derechos humanos, y cuando una institución lo entiende podemos entonces hablar realmente de desarrollo social y económico.
