El Presidente está en todo su derecho de seguir gobernando hasta el día en que concluya su sexenio. Puede seguir elaborando decretos, proponiendo nombramientos, enviando nuevas iniciativas y haciendo aprobar las reformas constitucionales conocidas como el Plan C. La nueva mayoría -si le alcanza- estaría también en su derecho de aprobar cualquier cambio constitucional.
De confirmarse la super-mayoría de la coalición gobernante -en litigio por la sobrerrepresentación que supone- el actual Presidente tiene el mes de septiembre para seguir mandando y la nueva Presidente, tres años para continuar un proyecto que fue refrendado en las urnas el pasado 2 de junio.
La pregunta a López Obrador es por qué apresurar una reforma, la del Poder Judicial, que ha sido cuestionada prácticamente urbi et orbi, por todos los especialistas desde diversos ángulos. Por su posible violación a los tratados -de derechos humanos y comerciales- que ha firmado México y que tienen rango constitucional, por sus potenciales efectos nocivos para la inversión y los mercados, por la “partidización” de un ámbito del poder que debe mantener independencia y autonomía frente a los vaivenes electorales, por las consecuencias políticas sobre el equilibrio de poderes que requiere una democracia y por sus efectos perniciosos sobre la carrera judicial. Pero, sobre todo, porque sus defensores no han podido demostrar que la elección popular de ministros, jueces y magistrados tengan los efectos que la iniciativa de López Obrador le ha asignado en su cabeza: acabar con la corrupción y mejorar la impartición de justicia. No parece haber ningún vaso comunicante entre la elección popular y la ausencia de corrupción, la justicia pronta y expedita o que los jueces no respondan a intereses particulares.
No he escuchado ningún argumento sólido al respecto y no hay una sola experiencia internacional exitosa que aconseje este experimento.
Tampoco se sostiene que la reforma deba ser aprobada porque al votar por la continuidad se votó también por el mandato de que los integrantes del Poder Judicial se sometan a votación popular. Las encuestas recién publicadas sobre si la gente prefiere el nuevo método son absurdas como guía para informar el curso de una reforma. Hay cuestiones que simplemente no se someten a la opinión del ciudadano. Por eso tenemos una democracia delegativa.
El ascenso al poder de Sheinbaum no será fácil. Las cuentas que le entregará el Presidente saliente no son buenas. Ya han sido documentadas hasta la saciedad: altos índices de violencia e inseguridad; corrupción e impunidad; crecimiento lento e improductividad de las empresas estatales; déficit de legalidad y de democracia; militarización.
Me vuelve a venir a la cabeza la afirmación de Carlos Urzúa (qepd): quienquiera que reciba el País, recibirá un cartucho de dinamita encendido.
Repito, de confirmarse la mayoría calificada que el INE otorgó a la Seguimos Haciendo Historia, López Obrador tendría el poder para cambiar a sus anchas la Constitución. Pero se vale soñar. El Presidente en funciones ya ejerció el poder a plenitud durante casi seis años. Ahora el futuro le corresponde a Sheinbaum.
El Presidente podría ser magnánimo con su sucesora y permitirle gestionar las 18 reformas constitucionales del Plan C como ella mejor considere. AMLO tiene suficientes garantías de continuidad porque ambos coinciden en el proyecto a seguir. Por qué obligarla a comenzar con la discordia. Por qué obligarla a pagar los costes de una reforma tan controvertida. Por qué no permitirle, tal y como ella lo anunció, hacer foros de parlamento abierto que no sean una parodia. Por qué persistir en que los conocedores del derecho “no se metan”, como dijo en la mañanera del lunes respecto a los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Con o sin reforma, la Corte ya no tendrá la fuerza numérica para frenar los proyectos del Ejecutivo. Tampoco tendrá la posibilidad de detener, mientras se resuelve el fondo, las reformas aprobadas por la mayoría pero que se presumen inconstitucionales porque ya fue publicado en el Diario Oficial el decreto que lo impide.
Hay muchas formas de confirmar y reafirmar el legado de AMLO. Considero que la ratificación estuvo en las urnas y que constituiría un gesto para la República y para su sucesora permitir que una reforma de la envergadura que quiere emprender en el Poder Judicial sea discutida a profundidad.
Esto ayudaría a Claudia en muchos frentes. En el económico, pues ya se vio con toda claridad cómo reaccionaron los mercados. En el ámbito del ejercicio del poder, porque a pesar de haber respaldado las reformas en campaña (no le quedaba de otra) también inició con un gesto de apertura. En el de la conciliación porque se mostraría el valor democrático de apertura y diálogo.
En medio de la polarización existe, existe un consenso sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial. Que Claudia vaya por ese consenso. Se vale soñar.
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