Se busca método para cambiar de Fiscal
¿Renuncia Ríos Estavillo? ¿O hay plan B?

Con todo y la autonomía o los plazos de desempeño del cargo que las leyes en la materia amparan, la designación del Fiscal General del Estado, cargo que antes era de Procurador de Justicia, ha sido siempre una decisión política a cargo del Gobernador en turno y también la subordinación con el Ejecutivo permanece intacta en los hechos, entendida por las dos partes como coexistencia necesaria. No obstante, la posible destitución de Juan José Ríos Estavillo plantea el dilema de la continuidad que establece la ley o la pertinencia de que el Mandatario estatal electo, Rubén Rocha Moya, tenga a alguien de su confianza en ese puesto.

A pesar de la discrepancia entre lo jurídico y lo político y que la decisión al parecer ya está tomada para un “cambio terso” en la FGE, la complejidad de la circunstancia amerita el cabildeo intenso con muchas instituciones y personajes. Primero, los mandatarios saliente y entrante deben propiciar condiciones en las cuales el Fiscal en funciones decida retirarse del cargo y que éste actúe como el primer invocador de la conformidad. Luego, el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá emitir la convocatoria, el Gobernador definir una terna y el Congreso del Estado hacer lo propio eligiendo a uno de los tres.

La dificultad no estaría en la actual estructura del CESP y ni en 64 Legislatura que se instalará el primero de octubre. De hecho, hilar y tender la alfombra roja para la transición amable en la FGE les correspondería a Quirino Ordaz Coppel y Rubén Rocha Moya, pues el Fiscal electo para el período de QOC está por concluir en cuanto al plazo político aunque no en el tiempo legal de desempeño del cargo, mientras que a RRM le es cuestión de gobernabilidad tener en dicha posición a alguien que se apegue a los principios de la Cuarta Transformación en materia de abatimiento de los índices de impunidad.

Así ha sido siempre. De la misma manera que el área de Seguridad Pública representa la piedra de toque de cualquier gobierno en Sinaloa, la Fiscalía es la pinza que hace presión para que los infractores de la ley sean llevados ante los jueces con carpetas de investigación sólidas, sin posibilidad de que regresen en libertad a la actividad delincuencial. En este sencillo razonamiento de que a los gobernadores se les reconoce o descalifica según la paz pública que aporten, la FGE sigue siendo el crucial brazo operativo del Ejecutivo Estatal.

Recordemos que Mario López Valdez tuvo a su propio Procurador de Justicia veinte días después de asumir el cargo. El 20 de enero de 2011 el Pleno del Congreso del Estado le atendió la decisión de designar en tal responsabilidad a su amigo, paisano y abogado particular, Marco Antonio Higuera Gómez, lo cual fue el comienzo de la etapa más gris y sospechosa en toda la historia de la institución del Ministerio Público en Sinaloa y eso ya es demasiado decir tratándose de la dependencia que para sus titulares ha significado sacarse la rifa del tigre.

Seis años después, en marzo de 2017, la 62 Legislatura local corrió el trámite para elegir a Juan José Ríos Estavillo de la terna que le envió Quirino Ordaz Coppel, la cual también incluía el nombre de Óscar Fidel González Mendívil en torno a quien estaban los consensos para que inaugurara la era autónoma de la ahora denominada Fiscalía General del Estado. El Gobernador optó por la determinación política por encima de la idoneidad requerida para el cargo.

Existen ciertas similitudes entre las designaciones de Higuera Gómez como Procurador y Ríos Estavillo como Fiscal. Una vez electo Gobernador, Malova comenzó a operar mediante el manoseo descarado del procedimiento la destitución de Alfredo Higuera Bernal, uno de los mejores perfiles que ocupó la PGJE. El pésimo desempeño del malovista ya se conoce y nadie lo describió tan bien como el luchador social Rodolfo “Chichí” Rodríguez Meléndrez, quien al reclamarle en 2014 a Higuera Gómez la pasividad frente a la desaparición del hijo de Sandra Luz Hernández, lo tildó de “traidor, inoperante, obtuso, bueno para nada y cínico”.

Guardadas las proporciones, a Ríos Estavillo le faltó rodearse de sociedad en el tiempo que despacha como Fiscal y mostrar mayor empatía con los movimientos de víctimas y deudos de la violencia que por cuenta propia toman medidas y corren riesgos para que avancen las investigaciones y den los resultados esperados. Las organizaciones de rastreadoras, los desplazados de la sierra por inseguridad, la herida siempre abierta de los feminicidios y los hechos criminales de alto impacto están allí, muy visibles, en el mirador de las impunidades.

Es por eso que el cambio de Fiscal se ve como un asunto de trámite de parte del Gobierno estatal que encabezará Rocha Moya. Lejos de cuestionarse la factibilidad del relevo, lo que se analiza es con qué método operarlo sin que dé la impresión de alterar la legalidad o evidencie un acto de fuerza de Estado pretextando el bien común de combatir el delito a través de la sanción ejemplar y la mano firme del Mandatario que trae a Sinaloa el sello y la misión de la 4T.

Al Fiscal lo que se le reprocha,

Es que ni siquiera entienda,

Que no tiene apoyo de Rocha,

Ni sociedad que lo defienda.

Los morenistas que desempeñan cargos públicos en Sinaloa debieran aprender del caso Olga Sánchez Cordero que como Secretaria de Gobernación hizo la función de “florero” sin aportar mucho a establecer en México la línea y la moda de la Cuarta Transformación. ¿Qué les quiere decir el Presidente Andrés Manuel López Obrador a sus correligionarios? Que cada día escucha más a los ciudadanos y menos a los políticos, fundando sus actos en lo que le dice el pueblo sabio. Y que hasta el mejor hueso se les puede caer al llevarlo del plato a la boca.