El General retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió, a principios de 2019, el cargo de coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. Éste, junto con el entonces comisionado del sistema penitenciario, eran la carta fuerte de Andrés Manuel López Obrador para reconducir la política penitenciaria. Con el respaldo de una brillante carrera militar, su nombramiento generó grandes expectativas e inclusive, en los inicios de su mandato, se habló de “reconciliación”, “derechos humanos” y se emitió un decreto para que los torturados en prisión fueran liberados. Pero a dos años y medio de aquello, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y en diferentes partes del País empiezan a organizarse colectivos que señalan que el Gobierno no ha hecho nada para cambiar la situación.
En los últimos meses, familiares y presos han denunciado la continuidad e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social. En especial, los gestionados de forma privada, llamados Centros Penitenciarios Concesionados.
La escasa y deficiente alimentación, la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas, así como la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar o de desarrollar una actividad laboral son las denuncias más corrientes. Pero también se ha denunciado el abuso de autoridad, la tortura y la sistemática utilización de amenazas tanto a los reclusos como a sus familiares.
En el último año, aproximadamente mil 500 personas, que fueron privadas de libertad por presuntamente haber violado la Ley, han presentado más de doce amparos frente a la justicia federal, de la mano de la asociación civil Dignidad y Derechos Humanos, para mejorar sus condiciones de vida en los Ceferesos de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Además, la periodista Guadalupe Lizárraga ha hecho visible (a través del medio Los Ángeles Press) una serie de abusos de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario federal como local.
El pasado 19 de julio, este colectivo se manifestó frente al Palacio Nacional y posteriormente denunció al Estado mexicano ante el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas en la Ciudad de México para exigir una intervención del organismo internacional.
Inicialmente, los amparos tuvieron efectos positivos y se atendieron algunos de los reclamos. Sin embargo, las demandas se han empezado a incumplir recientemente y las autoridades del sistema penitenciario han desatado una campaña de represión en contra de los presos y sus familiares. Esto se ha traducido en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas y tiempo fuera de la celda, así como en traslados arbitrarios y en abuso de poder y tortura.
El 14 de mayo del año pasado, los internos del Cefereso número 4, en el estado de Nayarit, se rebelaron y señalaron a la directora, Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura y, a continuación, estalló una huelga de hambre. El 14 de marzo de este año, en el Cefereso número 17 de Michoacán, los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director, Alfredo Reyes Vázquez, y al comandante de seguridad, Roberto Lázaro Chavarría, por abusos de autoridad. Esto llevó al ingreso de la Guardia Nacional al penal y al traslado de un grupo de internos a un nuevo centro penitenciario en Guanajuato donde fueron torturados.
Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos del Cefereso número 15 de Chiapas, la directora del penal, Erika Adriana Tenopala Chussee, decidió incumplir con las medidas ordenadas por los jueces y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. A partir del 4 de julio los reclusos iniciaron una huelga de hambre y la rebelión continúa hasta estos días.
El caso del periodista Héctor Valdez, quien fue desplazado por razones de seguridad de Tulum a Ciudad de México, evidencia la falta de control de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Desde la prisión, el periodista ha denunciado golpizas e incluso amenazas directas del subsecretario del sistema penitenciario, Enrique Serrano.
Esta larga lista de abusos, sin embargo, no suceden únicamente en el sistema federal, ni específicamente en los CPS. El sistema penitenciario local es mucho más difícil de controlar y los abusos y los casos de tortura están a la orden del día.
La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en los penales y los traslados sin notificación son algunos de los agravios que se han diseminado en los últimos meses en el sistema penitenciario federal. Ante esta situación, las autoridades enfrentan un gran reto para romper con esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción.
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El autor es Carlos Barrachina Lisón, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (Imeesdn). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla (Udlap).
