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Desde hace varias semanas la discusión pública ha girado sobre las graves implicaciones que ocasionaría la aprobación del actual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, principalmente para la educación de las niñas, niños y jóvenes que más lo necesitan. Entre estos recortes se contempla la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el cual ha sido uno de los más exitosos a nivel nacional y cuya desaparición afectaría en Sinaloa a 128 mil estudiantes de mil 036 escuelas.
Recientemente, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en su comparecencia ante el Senado aseguró que se garantizará el presupuesto del programa para el año 2021, sin embargo, habría cambios en las reglas de operación y los recursos se entregarían directamente a las escuelas a través de los comités escolares de administración participativa que operan con el programa La Escuela es Nuestra.
Lo anterior pone sobre la mesa diversas reflexiones. La primera es que La Escuela es Nuestra, a diferencia del PETC, tiene como propósito mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos mediante transferencias directas a los comités escolares. De esta manera se sustituye peligrosamente las funciones del extinto Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) al delegarles la responsabilidad a las familias sobre la seguridad de las escuelas en lugar de contar con una instancia técnica especializada.
La segunda es que La Escuela es Nuestra, contrario a las declaraciones del secretario de educación, no ha contado con mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas ya que hasta el momento no existe evidencia sobre los resultados de su implementación, ni datos públicos, accesibles y de calidad sobre su operación.
La tercera es que destinar 5 mil millones de pesos de La Escuela es Nuestra es a todas luces insuficiente para garantizar el funcionamiento del PETC. En 2020, este programa había tenido un recorte de 51.7 por ciento al pasar de 10 mil 189 millones de pesos a únicamente 5 mil 100 millones, limitando gran parte de su funcionamiento. Por tal motivo esta medida sería insuficiente puesto que el programa sería incapaz de atender en todas las escuelas los gastos relativos a la compensación de las figuras educativas en el horario ampliado, el servicio de alimentación, el acompañamiento o actualización del personal.
Lo anterior es muy importante puesto que destinar recursos insuficientes podría provocar que el programa sacrifique componentes fundamentales como el servicio de alimentación que tanto ha ayudado a niñas y niños en pobreza crónica, la compensación de docentes, directivos o personal de apoyo o incluso eliminar su cobertura en preescolares, primarias o secundarias.
La cuarta es que si se mantiene una visión cortoplacista que no visualice las necesidades a futuro de las niñas, niños y jóvenes de educación básica se les negará la oportunidad a quienes más lo necesitan de nivelar y mejorar sus posibilidades de aprendizaje las cuales pudieron ser afectadas severamente por la pandemia.
Si bien el PETC no ha estado exento de problemas y tiene áreas que requieren mejorarse, la evidencia nos muestra que ha impactado significativamente en los aprendizajes, favorecido la participación de las madres en el mercado laboral, aumentado la asistencia escolar y la reducción del abandono, así como la disminución del rezago escolar grave y las brechas de desigualdad entre aquellas niñas, niños y jóvenes en condiciones de mayor marginación.
Aún es temprano, para señalar que las escuelas de tiempo completo han sido salvadas la incertidumbre prevalece y los diputados tendrán la última palabra para garantizarle a este programa recursos suficientes y pertinentes para su funcionamiento, el cual ha favorecido por más de 10 años la equidad educativa.
