Mateo es originario de Costa Rica y en 2019 decidió dejar su país en busca de mejores oportunidades en México. Sin embargo, su camino estuvo lejos de ser fácil. A pesar de encontrar varias oportunidades laborales al llegar a México, Mateo se encontró con un obstáculo significativo: la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, requisito indispensable para cualquier empleo en el País.
Esto a pesar de contar con documentos del Instituto Nacional de Migración que acreditaban su regular estancia en México, ya que Mateo era refugiado al haber huido de su país a raíz de la fuerte persecución que sufría allá por ser defensor de la naturaleza. Varios bancos se negaron a abrirle una cuenta, exigiendo requisitos claramente discriminatorios que no toman el contexto de las personas solicitantes de asilo o refugiadas.
Andrés, un ciudadano español que lleva tres años viviendo en México y que cuenta con su documentación migratoria, también enfrentó dificultades al intentar realizar un retiro en su banco local. Le robaron su mochila en donde llevaba su pasaporte y al vivir en un estado en donde no hay representación consular, debe viajar a la Ciudad de México para reponer su pasaporte, pero para eso necesita acceder al dinero de su cuenta bancaria; sin embargo, al llegar a la ventanilla del banco le negaron el retiro de dinero por sólo presentar su Tarjeta de Residencia Temporal y su identificación española.
Las historias de Mateo y Andrés son comunes entre quienes llegan a México buscando una mejor vida. La discriminación y la burocracia de las instituciones financieras afectan la vida diaria de estas personas y además tienen un impacto emocional profundo al limitar su acceso a servicios básicos.
El acceso a servicios bancarios está establecido como un derecho universal, incluyendo para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Este derecho no sólo se deriva de los derechos humanos, sino que también es un derecho en sí mismo.
En respuesta a estos desafíos, la Política Nacional de Inclusión Financiera en México tiene como objetivo alcanzar que el 77 por ciento de la población tenga al menos un producto financiero para 2024. Para lograr esto, se han establecido diversas acciones prioritarias:
1. Promover la apertura remota de cuentas a través de la flexibilidad regulatoria.
2. Fomentar la contratación de productos y servicios financieros mediante canales digitales.
3. Facilitar el uso de cajeros automáticos y servicios financieros digitales para personas con discapacidades y otras condiciones especiales.
4. Promover y facilitar la apertura de cuentas para migrantes y sus familias, tanto de manera presencial como remota.
Laura Canché, coordinadora del Programa Regional sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones, destaca que el acceso a servicios financieros facilita la integración laboral y el bienestar social tanto para nacionales como para extranjeros en México.
El acceso a cuentas bancarias para personas migrantes está protegido por la legislación mexicana, permitiendo a personas con residencia temporal, permanente o por razones humanitarias abrir cuentas y participar en actividades económicas en el país.
Recientemente, se ha avanzado en simplificar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias para personas refugiadas, eliminando la necesidad de presentar pasaportes y permitiendo el uso de documentos de identificación emitidos por el Instituto Nacional de Migración.
En conclusión, es crucial promover la inclusión financiera en México, especialmente entre grupos vulnerables como migrantes, refugiados, y solicitantes de asilo. Esto no solo fomenta la igualdad y el acceso a derechos fundamentales, sino que también fortalece la economía nacional al ampliar el acceso al crédito y otros instrumentos financieros y lo más importante, no violenta su derecho a la inclusión financiera lo que les facilita tener una vida digna en el país en donde ven una posibilidad de vivir en mejores condiciones.
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Las autoras son Ashley Cherem, abogada asociada de Ibáñez, Fernández del Castillo, Malagón, Abogados y Consultores (IFCM), y Wendy Castro, subcoordinadora del área Legal de Sin Fronteras.
