Colombia es uno de los países que tiene mucho que contar respecto a los estragos de la violencia por conflictos armados entre organizaciones ilegales, clandestinas y paramilitares. En 2018, como parte de mi formación académica, en una gira de trabajo, visitamos la Universidad Nacional de Colombia, en particular su “Observatorio de Paz y Conflicto” con sede en Bogotá. Nuestra anfitriona fue la investigadora doctora María Clemencia Castro, reconocida psicóloga social, codirectora de la línea de investigación de violencia y guerra. Una mujer acreditada como experta en procesos de paz, desarme, desmovilización, reintegración y reincorporación social en conflictos armados.
Nos contó sobre los momentos difíciles que vivieron diversas regiones del País por el conflicto armado colombiano que tuvo una escalada de violencia entre 1980 y 1995 (aunque el tratado formal de paz fue hasta 2016) contabilizando 220 mil víctimas. Por un lado, en las zonas urbanas se libraban batallas por el control entre los denominados cárteles de la droga, que en aquel momento disputaban la hegemonía en el tráfico de estupefacientes particularmente de cocaína. Casi al mismo tiempo, en la zona rural entre las montañas cafetaleras y la selva amazónica, se vivía otra guerra entre grupos subversivos de reivindicación ideológica (extrema izquierda) que se levantaron en armas contra los propietarios y caciques de las unidades productivas de las regiones, los grupos “revolucionarios” declararon la lucha contra los burgueses y la oligarquía.
Haciendo el recuento de los años más negros en la convulsa historia colombiana, la profesora investigadora nos contó como la violencia siempre genera más violencia. Que aquello que comenzó con asesinatos entre bandas delincuenciales y ejecuciones selectivas entre grupos, pronto avanzó a terribles atentados terroristas con explosivos en edificios e incluso en un avión de una aerolínea comercial, magnicidios, eliminación sistemática de jueces y la toma del Palacio de Justicia con los magistrados de la suprema corte entre otros actos criminales.
Por su parte, las agrupaciones guerrilleras comenzaron una ola de secuestros, robos y asesinatos, que, ante la ausencia y abandono del Estado, la oligarquía y los potentados colombianos contrataron, armaron y entrenaron ejércitos privados en un complicado fenómeno de paramilitarismo, es decir, grupos financiados para resguardar los intereses de productores, narcotraficantes y terratenientes de regiones en disputa.
En poco tiempo fue muy difícil entender este complejo fenómeno social que, en sus peores momentos, causó la muerte de miles de civiles inocentes, combatientes, delincuentes y milicianos de todas las partes en conflicto. La doctora Castro reflexionaba: “Estábamos perdiendo la noción de algo muy importante. En aquel tiempo se decía; murieron 16 de las FARCs, 12 del cártel de Medellín o 5 de los de Cali, los muertos flotando son en el Río Cauca y seguramente esos dos eran de paramilitares. Pero no, no se trataba de delincuentes, guerrilleros o paracos, eran colombianos. Los muertos eran nuestros y el error más grande era tratar de encontrar justificación en la barbarie”.
Inmediatamente los presentes, alumnos y becarios de diversas nacionalidades interrumpíamos con un rosario de preguntas: Doctora, ¿Se puede detener la violencia con más violencia? ¿Cómo se logra la paz en un conflicto que suma miles de víctimas? ¿La intervención del Estado debe ser con fuerza letal en el legítimo uso de la violencia? ¿En qué momento se debe llamar a la paz? ¿Quién la convoca? ¿Bajo qué ley o reglamento? ¿Se perdonaron los crímenes de guerra? ¿Qué interés tenía Estados Unidos en el conflicto? ¿Quiénes fueron los primeros que dejaron las armas? ¿Triunfó la impunidad y terminó de renunciar el Estado colombiano? ¿Cuál es el mejor momento para construir la paz?
El observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional de Colombia es un espacio académico para la investigación, estudio y análisis de los procesos, las problemáticas relativas a la construcción de paz y las dinámicas de los conflictos. Desarrolla actividades de monitoreo, seguimiento y análisis científico social para la construcción de los procesos de paz. No toman partido, no juzgan combatientes, no dan la razón, ni justifican actos de guerra, buscan en la antropología histórica, la sociología del conflicto y psicología de grupos, pistas para las intrincadas soluciones que, en fenómenos como estos, nunca vienen exclusivamente de los gobiernos. Se requiere de mucha voluntad ciudadana, neutralidad política, pulcritud académica, objetividad mediática, avales sociales y amor por la tierra. Luego le seguimos...
