Para saber adónde vamos. Las movilizaciones masivas celebradas en la Ciudad de México y otras 50 urbanizaciones de todo el territorio nacional en defensa de la democracia, el sistema electoral y el INE, plantea un desafío de análisis, para observar este fenómeno en una perspectiva en general y en cada uno de los estados, que con mayor o menor participación, dejó ya su impronta, en el registro de nuestras luchas políticas por la democracia aunque para la visión patrimonialista que domina el imaginario obradorista estas serían conservadoras, retrogradas, motivo de un “striptease político”.
Ya sean estas luchas las estudiantiles ocurridas a finales de los años 60 que exigían libertades, las de los electricistas los años setenta que reclamaban democracia sindical, las de los panistas y la izquierda socialista en los años ochenta movilizadas por la defensa del voto que frecuentemente era truqueado, en los noventa por las movilizaciones del perredismo para que se les reconocieran sus triunfos y dejaran asesinar a sus militantes; en la década del 2000 la lucha ciudadana por la alternancia y las movilizaciones del obradorismo reclamando un triunfo que nunca se ha demostrado y que dejo más dudas que certezas, en las del 2010, las ciudadanas contra la corrupción para cerrar el ciclo con la movilización en defensa en nuestras instituciones democráticas y los riesgos de un renovado maximato.
O sea, lo sucedido el pasado domingo, no es una instantánea, sino un proceso dinámico el que hemos vivido a lo largo de décadas, cada vez con manifestaciones distintas, pero con una misma vocación democrática, y siempre se ha logrado algo con mayor o menor profundidad en el sistema electoral y de partidos como de políticas públicas.
Recordemos, los años 60, trajeron la llamada “apertura democrática” y la reforma electoral de 1978 que amplió el sistema de partidos que cerró la etapa del llamado del sistema de partidos hegemónico sin oposición (Sartori, dixit); los ochenta que quitó competencias al gobierno en materia electoral y derivo en la construcción por consenso del IFE y el inició de elecciones competitivas y procesos de alternancia en buena parte del país.
Los 90 con un sistema electoral más sólido inauguramos los gobiernos sin mayoría legislativa y una negociación intensa y democrática que dio pie a las instituciones que ayer y hoy se busca destruirlas o al menos socavarlas para ponerla al servicio de un partido político, peor de una persona, lo sorprendente es que entre los destructores se encuentran los que en el pasado las consideraban parte de sus conquistas políticas.
En el primera década del 2000 tuvimos la alternancia a favor del PAN y nuevas reformas electorales que, técnicamente, pondrían candados para que en el caso de elecciones cerradas, pudieran ser recontados los votos y de esa forma dar mayor certeza a la competencia electoral, y en la segunda década del siglo XX, vuelve el PRI a la presidencia de la República y la búsqueda de pactos interpartidarios que terminaron muy mal por la gran corrupción que se vivió en esa administración y, creo el argumento central del obradorismo, para ganar ampliamente las elecciones concurrentes de 2018.
Y, finalmente, en lo que llevamos en la tercera década vivimos, el mayor intento desde un gobierno legítimo intentar echar abajo las instituciones de la democracia bajo el supuesto de que son hechuras del “viejo régimen político corrupto”.
Lo que paradójicamente ha venido acompañado por la militarización de la vida pública y en lo político, el exceso, de volver a que el gobierno administre los procesos electorales.
Y en ese punto estamos, se busca mediante el garlito de que las instituciones del pasado hay que reconstruirlas como si el obradorismo no hubiera puesto ni un solo tabique institucional y ofrece a cambio como pilar la transformación política a través de la idílica cuarta transformación, que no termina por saberse más allá de la narrativa justiciera lo que representa en clave de futuro económico, político, social y cultural.
Y ya lo deberíamos de saber, cuándo estamos por cerrar el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel, los saldos en materia económica si bien a nivel de las variables macroeconómicas es satisfactorio en el micro el incremento de pobres es el dato más significativo de las fallas del modelo que guía a este gobierno.
En lo social tenemos una política horizontal destinada ayudar a los más pobres pero que choca brutalmente con una reducción de recursos destinados a la salud, la educación o vivienda, no se diga que en estos años hay un incremento nunca visto del protagonismo criminal y la polarización social de la que vimos estampas el pasado domingo y lunes.
En tanto, lo político, el consenso ha dejado de ser la pieza clave del entendimiento en la diferencia para abrir paso al disenso entendido este como confrontación permanente entre contrarios.
Y lo cultural, construido sobre los cimientos de una visión nacionalista con anclajes en los grandes pilares de las transformaciones y personajes que obviamente culminan en el actual residente de Palacio Nacional.
En definitiva, lo ocurrido el pasado domingo, es la defensa de lo construido y la búsqueda de un horizonte donde quepamos todos, más allá de orígenes raciales, concepciones políticas, niveles sociales e ingreso, que necesariamente pasa por políticos capaces de leer mensajes en clave democrática y en favor, de las mayorías del país, seguir en la ruta de la polarización lo único que lograremos es más polarización donde la confrontación será cada vez más pasional e incapaz del logro de la concordia nacional.
Y esa concordia, no puede ser otra, que las que subyacen a las instituciones que nos hemos dado y si estas no funcionan, los representantes políticos deben, están obligados a sentarse a discutir y acordar lo que se tenga que discutir y acordar para alcanzar los acuerdos que el país necesita y alejarnos de ese imaginario binario de buenos y malos, transformadores y conservadores, honestos y corruptos, pobres y ricos...
Se ve lejos, pero no hay que dejar de exigirlo, solo así, repito, podremos saber adónde vamos.
