Hemos vivido varias semanas de incertidumbre en el estado de Sinaloa y particularmente en la ciudad de Culiacán y todo el ámbito rural que nos rodea. La vida cotidiana a la que estamos acostumbrados no aplica en estos tiempos y estamos implementando otras formas de utilizar la ciudad con una actitud resiliente hasta donde es posible. La noche no es opción para paseos, el ocio lo debemos recrear en casa donde nos resguardamos temprano mientras el comercio reestructura sus horarios para adaptarse a la situación. Tenemos seis semanas cuidándonos de ser testigos o incluso víctimas de los actos de violencia que se están presentando todos los días en la ciudad. En cuanto anochece, el silencio de la ciudad es abrumador.
Los ánimos fluctúan. Un día pareciera más en calma y al siguiente se intensifican los enfrentamientos. Desplazarse en la ciudad en cualquier medio de transporte implica una dosis de adrenalina derivada de ese vacío legal que se percibe por la ausencia de agentes de la Policía Municipal que parece provocar el síndrome de la imprudencia al volante en la ciudadanía. Los accidentes viales abundan y generan más caos y desconcierto. Manejamos con todos los sentidos en alerta, aunque siempre estamos poniendo más atención a qué tipo de vehículo circula a nuestro lado y estamos pendiente de cualquier suceso inusual. Una nube de humo negro, incluso, puede ser ahora señal de peligro.
Hemos sido testigos de la fragilidad de una sociedad cuando no se construyen sus cimientos de forma adecuada. Estos días se han incrementado los homicidios dolosos, aunque los homicidios culposos también han ido en incremento permanente durante varios años. Estos últimos suceden generalmente en hechos viales prevenibles. De acuerdo con cifras de Mapasin, hasta el mes de agosto, en este año ha fallecido una persona cada cinco días víctima de un hecho vial provocado generalmente por absurdas imprudencias. Las principales causas de estos hechos son manejar a exceso de velocidad, en estado inconveniente (por consumo de alcohol o de drogas) o por utilizar elementos distractores como los celulares. Esto último -que está prohibido- lo seguimos viendo como algo común en Culiacán.
Por otro lado, estos días el espacio público lo hemos abandonado. No salimos con frecuencia a la calle y mucho menos a los parques o lugares de encuentro más que para obtener lo esencial para subsistir: comprar alimentos, atenciones médicas, reparar lo impostergable y cumplir con los horarios de trabajo y servicios. Los estudiantes acuden con miedo a las escuelas. Los padres de familia no pueden estar tranquilos mientras sus hijas o hijos están fuera de casa mientras que los eventos culturales y deportivos han sido desairados o cancelados.
Escucho constantemente la expresión de que los ciudadanos de bien estamos encerrados mientras los delincuentes utilizan libremente la ciudad. Este encierro lo hemos venido desarrollando por décadas nosotros mismos en la medida de nuestras posibilidades. Hemos construido nuestras propias guaridas cada vez más reforzadas. Nosotros decidimos instalar protecciones en nuestras ventanas, instalar alambrados o cables electrificados para protegernos y construir las rejas y las bardas cada vez más altas. Los portones cerrados terminan negándonos la convivencia con la gente y convierten en verdaderas cárceles nuestras viviendas. Todo ello ha sido decisión de cada uno de nosotros. Nadie nos ha obligado. Nosotros hemos recreado parte de estos escenarios del miedo.
En la ciudad han predominado ahora los fraccionamientos cerrados -las llamadas privadas- que también ofrecen una relativa seguridad a la ciudadanía, aunque lo que sí inducen bastante es a la desarticulación de la ciudad. Este tipo de conjuntos habitaciones provoca más el aislamiento de las personas. Dentro de ellas, cualquier requerimiento de la ciudad obliga al uso del automóvil y ello conlleva al desuso del espacio público. La gente camina menos, las calles están vacías de personas y ello incrementa la inseguridad.
Recuperar la seguridad en la ciudad va más allá de aquellas decisiones que tomen los grupos que hoy se están enfrentando. La seguridad se podrá recuperar a largo plazo mediante un riguroso programa transversal multisectorial que incluya cambios estructurales de forma integral en materia económica, social, urbana, ambiental, cultural y sobre todo educativa. Hablar de cambios estructurales implica grandes sacrificios de la sociedad y del Gobierno. Debemos construir un pacto social a partir de la reconstrucción de un sistema educativo que promueva ante todo la legalidad como regla básica y que anteponga el valor de la convivencia entre las personas y todas las formas de vida que nos rodean. La solución no es inmediata, el problema lo hemos construido a la medida durante varias décadas y quizá también, varias décadas nos llevará revertirlo.
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