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El miércoles pasado una tragedia política dio vuelta al mundo: el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, del movimiento político Construye, a la presidencia de la República de Ecuador.
Este magnicidio, como lo denunció el propio Villavicencio, habría sido cometido por la franquicia local del Cártel de Sinaloa, Los Choneros, luego de que el político ecuatoriano había sostenido un discurso de campaña intenso contra el crimen organizado que asola a su país y porque estaba convencido del mal que le ocasionaba a su país y pensaba, quizá, le redituaría en votos entre una población mayoritaria indecisa sobre el partido y candidato a votar el próximo 20 de agosto.
Y una cosa parece estar clara en el debate político ecuatoriano actual, urge cambio en la estrategia de seguridad pública que no está rindiendo los resultados esperados -un reclamo que dicho de paso es una exigencia en varios países de la región latinoamericana y que, en México, no está ausente, y no es silenciosa, por la gran cantidad de homicidios dolosos y desapariciones forzadas que a diario conocemos en términos absolutos.
Villavicencio y su equipo de campaña estaban amenazados de muerte por su discurso de confrontación, sin embargo, no dieron un paso atrás sino por el contrario su candidato siguió con su lema propagandístico ¡Es tiempo de Valientes! como lo consignó el diario español El País cuando en un mitin hizo las siguientes declaraciones: “Esto, dijo Villavicencio refiriéndose a la amenaza recibida, lo que hace es confirmar que, efectivamente, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo”.
Más aún agregó: “Se acabó el tiempo de la amenaza” ...En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo [...] Lo único que pueden hacerme es matarme, y con eso liberamos a un pueblo entero. No le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella”.
Y ante los llamados a protegerse de la amenaza respondió: “Me han dicho que use chaleco [antibalas]. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. ¡Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no lo necesito! Ustedes son de un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes”. Luego sobrevendría el ataque mortal y con ese cuerpo inerte se agudizaría la crisis política que había provocado la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.
El Presidente Guillermo Lasso ha emitido el decreto 841 en el que se establece además de tres días de duelo nacional un “estado de excepción” por 60 días que tiene como propósito que “Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad de país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto”.
Al estado de indecisión de los potenciales votantes que arrojan las encuestas de intención de voto hoy se agrega la incertidumbre ante la posibilidad de que la violencia alcance la antesala y la jornada electoral que llevará a que un segmento de los ciudadanos probablemente esté en clave del dilema del prisionero, es decir, en clave de incentivos entre participar y no participar en el proceso de elección de la representación política.
Y es que, como lo dice el Presidente Lasso, el 20 de agosto estará en juego no sólo una elección más sino algo crucial cuando deja entrever la existencia de la narcopolítica: “Quiero decirles a quienes buscan amedrentar al Estado que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato... No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas”.
Justo es el riesgo que representan las llamadas narcocracias que asoman sus tentáculos en varios países latinoamericanos y que, han pervertido el sistema institucional, de manera que se ha naturalizado la idea de que en la fase de selección y promoción de candidatos es indispensable tomar en cuenta la opinión de este actor poderoso que está en las sombras de las decisiones políticas.
Ahí es donde radica la esencia de una narcocracia porque influye en forma determinante en la representación política, define aun con toda la parafernalia y los recursos democráticos resultados en las competencias electorales y es que, en esa lógica, se estaría eligiendo una suerte de lobby al servicio de esos intereses ilegales e ilegítimos.
Luego lo que tenemos es un nuevo enemigo de las democracias representativas o, sea, no estamos ante lo que el politólogo norteamericano Samuel Huntington identificó como los enemigos de la democracia contemporánea: los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos, sino algo más cercano, incluso doméstico que está frente a cada uno de quienes vivimos en este tipo de sociedades, de manera de que son parte de nuestras vidas cotidianas, sea a través de las conversaciones, las noticias, los chismes o personajes legendarios que nutren el imaginario colectivo y terminan por afectarnos en nuestras vida comunitaria.
Entonces, el asesinato del político ecuatoriano no es ajeno, sea porque va a la cuenta criminal del cártel de casa o porque nos recuerda, sucesos trágicos, que han empañado nuestros procesos electorales y que nos acercan a lo que algunos académicos conceptualizan como Estado fallido, es decir, Estados con una fuerte interferencia criminal que llegan a afectar la integración y las decisiones de la representación política.
En definitiva, esa tragedia política que vive hoy el pueblo ecuatoriano sirva para recordar un suceso mediático de las últimas semanas que fue parte de la conversación pública y se suscitó a raíz de un artículo que publicó el periodista Raymundo Rivapalacio en el diario El Financiero y que se regó como pólvora.
En ese artículo el autor exploró la eventualidad de un ataque del crimen organizado contra Xóchilt Gálvez lo que provocó menciones entre la comentocracia llevando el asunto al púlpito presidencial donde López Obrador reaccionó mal al considerarlo parte de una campaña infame en su contra por sus adversarios políticos.
Al margen del sustento de aquella reflexión periodística y la reacción del Presidente, una cosa es clara, el crimen organizado es parte de la vida de este país y de nuestra conversación pública. Como lo es ahora, más que nunca, en Ecuador.
