“En el caso del Gobernador, no tiene él responsabilidad, esto fue una decisión y un operativo de la Federación, del Gobierno federal, en particular la Secretaría de la Defensa, no tiene ninguna responsabilidad”, dijo y reiteró Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera del pasado martes 22.
Salía al paso a una corriente de opinión dentro y fuera de Sinaloa, dentro y fuera de Morena, donde se señalaba que Quirino Ordaz Coppel estaría detrás de los sucesos del “jueves negro” por haberse reunido semanas antes con Uttam Dhillon, director de la Administración para el control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas), y un grupo de funcionarios estadounidenses, representantes del Gabinete de Seguridad Nacional y funcionarios públicos locales.
Para esta opinión sesgada ahí se pudo haber acordado la “Operación Ovidio” y por ende habría responsabilidad del mandatario estatal.
Información periodística reciente (MVS y Eje Central) indica que el Cártel se mantenía en máxima alerta luego de que la Marina había destruido al menos cuatro laboratorios de drogas de diseño y cuando 12 funcionarios estadounidenses habrían visitado el estado, incluso se habían desplazado para conocer in situ “el tamaño y sofisticación” de los laboratorios de la mayor organización de comercio de drogas del mundo.
De ser consistente esta información, estamos frente a un tema de política bilateral al más alto nivel entre ambos países y sería secundaria la explicación del Gobernador, es decir, la baja que el estado ha tenido en materia de homicidios dolosos, la advertencia que pega al turismo, los drones o los frenos al tomate sinaloense.
Ríodoce recuperó la nota que otros medios la vieron rutinaria, irrelevante, y fue por lo que después de los sucesos trágicos del jueves antepasado Carmen Aristegui entrevistó a Ismael Bojórquez, director del semanario. Se trataba de conocer su opinión sobre los hechos y el posible papel que pudieron haber jugado los actores locales en esa reunión.
Bojórquez expresó su extrañeza de que este funcionario de la DEA se haya trasladado hasta Culiacán para escuchar el balance del Gobernador y los temas tecnológicos en la lucha contra el crimen organizado.
La DEA, desde hace décadas, es un actor fundamental en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, y el mundo, ha estado en la mayoría de los operativos dotando de información estratégica a los gobiernos, con el fin de capturar a aquellos criminales que tienen órdenes de aprehensión en la Unión Americana y por eso, resulta razonable la extrañeza del director de Ríodoce.
Sin embargo, lo único que arroja es que hay áreas oscuras que no han sido dilucidadas suficientemente en beneficio de la opinión pública sobre lo que se habló en aquella reunión y mucho serviría la minuta o las minutas del encuentro o la opinión de los otros actores presentes que no las conocemos.
La Diputada Tatiana Clouthier retomó el asunto en la máxima tribuna del país y haciendo un balance emotivo del jueves negro recogió entre otros temas la inquietud de Ismael Bojórquez y señaló que dentro de la operación fallida hay quienes tienen que explicar cosas, para empezar los miembros del Gabinete de Seguridad Pública, pero también las autoridades estatales.
No hay uniformidad entre los parlamentarios morenistas aun cuando versión oficial es clara, la estrategia de seguridad está bien, lo que no estuvo bien fue el operativo de detención de Ovidio Guzmán, y en esas coordenadas, no hay otros responsables, que aquellos que estuvieron directamente comprometidos con el operativo y hacia allá va la investigación, como lo dijo Gertz Manero, el Fiscal General de la República.
Y ahí es donde cabe el deslinde que hace AMLO del Gobernador Ordaz Coppel, descarta la hipótesis de los fines de la reunión de primer nivel con los agentes de la DEA y el ulterior operativo militar, hay quienes hablan de generosidad de AMLO con el Gobernador, pero también es un deslinde de responsabilidades.
No dudo que en este tipo de reuniones bilaterales se traten temas de interés para los Estados Unidos de Norteamérica, top secret, incluidos potenciales detenciones de personas que tienen expedientes abiertos en sus juzgados y que son reclamados por los jueces, incluso más allá de una necesidad penal, una necesidad electoral, como se ha especulado sin mucho sustento documental.
Estados Unidos tendrá elecciones en noviembre de 2020 y una de las banderas de Donald Trump es el combate contra “quienes ponen en peligro la seguridad de los estadounidenses” y Ovidio es uno de ellos. ¿No es excesiva esa sospecha?
Supongo, por otras experiencias similares, que cuando van a ocurrir este tipo de operativos se corre discretamente una cortesía al Gobernador para que esté alerta junto con sus policías estatales. No hay indicios que se haya corrido la cortesía si nos vamos a la reacción limitada de las autoridades estatales que le echaron en cara en las conferencias de prensa. El martes Tatiana Clouthier lo retoma señalando que durante la refriega no se vieron las policías locales pues se mantuvieron bajo resguardo. El Gobernador dice que tan estuvieron que hay dos policías heridos y vehículos oficiales quemados.
La responsabilidad es de las fuerzas de seguridad, no se olvide que la lucha contra el crimen organizado constitucionalmente es materia federal y la federación es la que cumple estas tareas e incluso acuerda con otros países.
¿Habría algún interés extraordinario del Gobernador Ordaz Coppel en meterse entre las patas de los caballos?
Yo no que pudo obtener un beneficio.
Y, menos ahora, cuando la imagen mercadológica de Puro Sinaloa se cayó y no sabemos qué tanto le afectó estar entre los gobernadores mejor valorados por su desempeño en el ejercicio público.
En realidad, el Gobernador ha sido quien ha perdido más y esta por demostrarse si la percepción positiva que se tiene de su gobierno es suficiente para recuperar los bonos y si eso lo blinda de posibles ataques.
En definitiva, formalmente hay tres niveles de responsabilidad en el operativo del “jueves negro”: Uno, que podría tener que ver con la diplomacia que encabeza Marcelo Ebrard porque seguramente es un asunto que, si existió, se le planteó desde Washington; dos, el nivel operativo que recayó a decir por el Presidente en la Secretaría de la Defensa Nacional y tres, el Gobernador por ser el responsable político del estado y no haber previsto, informado o desinformado, lo que finalmente ocurrió.
Ahora habrá que esperar el desenlace de las comparecencias que los mandos civiles y castrenses den ante el Poder Legislativo, esa será en última instancia la posibilidad de transparentar lo que nunca debió ocurrir en Culiacán, pero tampoco en ningún lugar del país y en tanto el Gobernador va a cuanto micrófono le ponen enfrente para explicar su versión de los hechos.
La marcha masiva por la paz que se celebrará este domingo en Culiacán, será el termómetro para medir la percepción de la gente y ojalá el Gobernador se sume como cualquier otro ciudadano.