Quién gana y quién pierde al caer los capos: conversatorio para desnudar la política de drogas
Hay algunas verdades relacionadas con nuestra seguridad que cuesta mucho procesar desde la investigación académica y el activismo social. Entre las más difíciles está la prolongación de una política de drogas prohibicionista cuyos saldos son extremadamente negativos para la inmensa mayoría. Es quizá el peor escenario: de un lado, tan sólo en la etapa contemporánea, más de 50 años de acuerdos internacionales enfocados principalmente en perseguir la oferta, mientras su motor, la demanda de sustancias ilícitas, solo crece; y del otro, el reducido -y desigual- acceso a drogas indispensables para tratamientos ante padecimiento extremos.
La evidencia es contundente, en el mundo “la cantidad estimada de personas usuarias aumentó de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021... mientras que alrededor del 86 por ciento de la población mundial no cuenta con acceso a opioides farmacéuticos para aliviar el dolor o como parte de cuidados paliativos.
Es duro en verdad; yo llegué a estos temas a principios de los 90 rodeado de un grupo interdisciplinario de especialistas que, al menos desde los 80, participaba en redes de epistemologías críticas del derecho penal, perspectivas que por décadas han demostrado que esa política prohibicionista es, sobre todo, un discurso de poder amparado históricamente en la etiqueta de la seguridad nacional, que jamás logra lo que formalmente promete y sí, en cambio, reproduce la violencia, la riqueza criminal y la corrupción institucional.
Se ha sabido siempre que quienes más ganan con esta política son los poderes formales que la usan para construir apoyo político de audiencias amplias (incluyendo el electoral) y los grupos criminales que amasan fortunas inconmensurables. Y quienes más pierden son las personas usuarias y entre ellas las poblaciones más pobres.
Peor: recientes investigaciones de alcance global confirman que “la participación del Estado en la delincuencia organizada sigue siendo la fuerza más omnipresente que impulsa el crimen organizado”.
Luego de la detención de Zambada, he revisado la opinión de algunas personas especializadas. Leí con atención, por ejemplo, las más recientes columnas de Eduardo Guerrero. Él escribe: “...la situación se podría poner muy delicada en Sinaloa, en Durango y en muchas otras partes del País. No hay que olvidar el baño de sangre que se desató con la última gran ruptura en el Cártel de Sinaloa, en 2008, cuando los Beltrán Leyva se sintieron traicionados... el rompimiento en la cúpula del Cártel de Sinaloa podría dar lugar a una nueva ‘guerra’... No es una exageración decir que, con la escisión de los Beltrán Leyva, estalló una espiral de violencia que se salió de control, y que 16 años después todavía no se ha logrado contener del todo... La ola de violencia que pudiera generar una ruptura en la alta dirigencia del Cártel del Pacífico no sólo potenciaría la epidemia de violencia y la expansión territorial del crimen que ya están en curso, sino que incluso podría revertir los pocos logros que hemos tenido en términos de pacificación y contención criminal”.
Guerrero coordina un monitoreo nacional de la violencia asociada a la delincuencia organizada y ni él ni otras plumas incluyen, entre sus escenarios posteriores a la detención de Zambada, hipótesis fundadas que anticipen la reducción de la violencia o del mercado de drogas o de la corrupción o de la impunidad.
De todas maneras, el espectáculo de la caída de los capos seduce audiencias masivamente y su mayor logro es “justificar” la prolongación de la misma política.
En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX hemos decidido organizar un conversatorio para desnudarlo a profundidad (jueves 8 de agosto a las 16:00 horas vía YouTube). Te esperamos.
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@ErnestoLPV
Animal Político / @Pajaropolitico
