A partir del pasado 30 de marzo, con el inicio de las campañas electorales, a la ciudadanía nos han pasado la responsabilidad en esta inédita elección judicial.
Desde el primer minuto de ese domingo, las personas candidatas a ocupar alguno de los 881 cargos en disputa de la judicatura federal se pudieron dirigir hacia el electorado, de una manera atípica: el esquema es el mismo, pero la carencia de reglas específicas y, sobre todo de un referente, han convertido esta etapa en un concurso de popularidad que poco o nada tiene que ver con la justicia.
Esta campaña, exactamente como cualquier otra, es la posibilidad única de que las candidaturas se presenten ante el electorado para ofrecer su perspectiva y conseguir su voto, solo que en este particular caso, se entiende, no podrán primar las promesas de campaña, sino los méritos, la trayectoria y la visión sobre la impartición de justicia.
El INE ha dispuesto una plataforma en internet para que la ciudadanía conozca sus candidatas y candidatos, en la que estos difunden su imagen y trayectoria. Desde la sociedad civil organizada, el Observatorio Electoral Judicial, del que forma parte Laboratorio Electoral, ha hecho un gran esfuerzo para generar, además de los informes periódicos de hallazgos, un ejercicio de investigación y análisis de los perfiles de quienes buscan un cargo en la elección.
En el sitio se encuentran fichas de información sobre las y los candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del PJF y al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, en donde además de la información básica se incluye la huella digital y notas periodísticas que detallan aspectos adicionales de su trayectoria como, por ejemplo, conflictos de interés.
De este análisis se encontró, por ejemplo, que de las y los aspirantes a un cargo para la SCJN, el 53.1 por ciento tiene grado de doctorado y 31.2 por ciento de maestría. El 29.6 por ciento vienen postulados exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, 23.4 por ciento desde el Legislativo, y 21.8 por ciento del Judicial. De esos, el 45.3 por ciento aseguran que tienen experiencia en el Poder Judicial y 28.1 por ciento la tienen como litigantes. Sus propuestas se pueden consultar en la mencionada plataforma.
Los perfiles que participan en la elección son sumamente variados: desde juristas con amplia y probada experiencia y conocimientos comprobables, hasta técnicos del Derecho improvisados para participar en este ejercicio inédito, desde luego pasando por políticos que tienen un título de licenciatura en Derecho y otros sujetos que ostentan múltiples reconocimientos y estudios, pero cuya trayectoria es bastante cuestionable. Identificamos también algunos perfiles con nula o baja experiencia judicial, con claros vínculos políticos y cuyas postulaciones no abonan al fortalecimiento del Poder Judicial.
La responsabilidad de saber quién es quién en la elección es nuestra, de la ciudadanía. En algún momento, dentro de tanto alboroto, se ha perdido el objetivo principal de la elección: lo que está en juego es elegir a la persona que estudiará el caso acerca de un delito que se cometa, la persona que divorciará parejas o que aplique la ley en juicio sucesorios. Se elegirá a quienes resolverán los conflictos y controversias que todos los días se presentan entre particulares, así como respecto de la autoridad, quienes serán los garantes del Estado de Derecho, de la interpretación de la ley y de salvaguardar la Constitución. Una función no menor dentro del Estado mexicano.
En este mar de candidaturas sin aparente control debemos tener muy claro el perfil de juzgadores que el País requiere. Hablamos de personas con amplios conocimientos en la materia, que lleguen a resolver los casos, a impartir justicia; no podemos pagar la curva de aprendizaje. Que tengan una formación académica sólida, preparados para desempeñar la función jurisdiccional, con experiencia y madurez profesional. Que tengan el carácter y talante para enfrentar las presiones de litigantes, de empresarios, del Gobierno y de cualquiera que pretenda intimidarlos, pero probablemente lo más importante, personas íntegras y éticas, que sepan la responsabilidad que tienen y que estén a la altura de la misma.
Las personas juzgadoras deben ser una referencia para la ciudadanía, tener su respeto y reconocimiento como la autoridad jurisdiccional que son.
Más allá de pensar en el abstencionismo, quienes decidan experimentar por primera vez el voto judicial deben hacerlo de manera consciente, sabiendo que es necesario informarse, hacer un amplio trabajo de investigación para emitir un voto informado, entendiendo la importancia de lo que está en juego. Si la responsabilidad nos la han trasladado a la ciudadanía, habremos de asumirla en su justa dimensión.
