Estamos ya en el plazo legal de campañas para la elección judicial, donde las personas candidatas a los 881 cargos en disputa iniciaron la difusión de su trayectoria y méritos, buscando el voto del electorado de cara a la jornada electoral del próximo 1 de junio. ¿Qué podemos esperar para las campañas de abogados y abogadas sin experiencia en elecciones?
Para contestar a esta pregunta, es necesario saber que las candidaturas a un cargo judicial tienen en común la carrera en Derecho, pero pocos tienen experiencia electoral y ninguno, salvo excepciones, saben pisar las arenas movedizas de la política; es decir, las candidaturas, ya definidas y registradas ante el INE, aún no son necesariamente conscientes de la cantidad de reglas y prohibiciones legales que tendrán que atender incluso antes de empezar su campaña. Lo que hace aún más complicado todo.
A partir del 30 de marzo vemos un escenario muy distinto al que conocemos, pues sólo hemos presenciado campañas políticas. Las candidaturas tienen la posibilidad de usar tiempos oficiales en medios de comunicación, debates, mítines, gastos y fiscalización, pero tienen prohibido difundir propaganda gubernamental, aunque deberán respetar la veda los tres días previos a la jornada. Los tiempos de radio y televisión serán administrados por las autoridades electorales, por lo que las candidaturas no podrán promocionarse en ellos; sin embargo, los debates, de concretarse, serán un desafío porque será imposible establecer igualdad de condiciones para todas las candidaturas, y en las reuniones o mítines no habrá promesas de campaña, sino difusión de trayectorias y méritos académicos, por ejemplo.
El medio principal para comunicar el perfil de las candidaturas será internet. Además de que las redes sociales serán el único espacio para difusión masiva, el INE ha dispuesto la creación del micrositio “Conóceles” dentro de su página web, en el que las candidaturas deberán identificarse por su imagen y cargar información estandarizada: su currículum, sus medios de contacto, la visión de lo que es ser una persona juzgadora, de la impartición de justicia y las propuestas de mejora a la labor judicial de su competencia. Dado que ninguna candidatura tendrá posibilidad de acceso a radio y televisión de manera individual, será el INE quien difunda spots genéricos invitando a las y los potenciales votantes a que naveguen en la página.
En ambos casos, lo complejo de entender el procedimiento de votación y la razón por la que debemos de votar por las y los integrantes del Poder Judicial, se une a la realidad de que no todas las personas votantes tenemos acceso a internet (ni a navegar en la confusa página web del INE), o a identificar a las y los candidatos de las elecciones federales y locales, y dar con sus redes sociales para analizar a conciencia y definir el voto. Además del ejercicio adicional que implica analizar a cabalidad cada uno de los perfiles.
Otro ejemplo de que las campañas son lo mismo, pero no igual, es la fiscalización y la propaganda. Definitivamente en esta, como en cualquier otra campaña, habrá gastos fiscalizables bajo las estrictas reglas del INE, lo que supone que todas las candidaturas deben ser especialmente cuidadosas en los aspectos técnicos de una campaña con un tope de gastos de 200 mil pesos, provenientes de su propio bolsillo e insuficientes para un cargo nacional. Posiblemente, aquello incluirá una estructura detrás que les sirva de apoyo, como la tienen los partidos políticos.
Si desde septiembre se han señalado nubarrones en el horizonte, a partir de ahora nos adentraremos en la tormenta perfecta. Las condiciones están dadas con miles de candidaturas en las calles sin un conocimiento pleno de lo que conlleva organizar y participar en una campaña, un INE asfixiado presupuestalmente e inoperante por carecer de reglas especiales para esta elección, un Tribunal más enfocado en confrontaciones para legitimar lo inevitable, un Poder Judicial debilitado, y un Ejecutivo y Legislativo con un poder avasallante y desorganizado. En medio de todo estamos las y los ciudadanos que aún no dimensionamos -o quizá preferimos no hacerlo– la importancia de seleccionar a quienes, al final del día, nos habrán de brindar la seguridad jurídica necesaria para vivir en comunidad.
