Si hay un termómetro del estado de nuestra democracia lo encontramos en las garantías realmente existentes para la libertad de expresión. Como un cruel y doloroso recordatorio de lo que nos falta para avanzar a un estadio de libertad de información plena, el joven 2022 ya registra tres asesinatos de periodistas en tres semanas.
La violencia se ha normalizado y eso es peligroso. Como sociedad entramos a un estado de negación total. Las más de 100 muertes registradas cada día parecen no mover a la indignación y a la exigencia de mejores y mayores condiciones de seguridad y justicia. En esta tesitura ¿por qué habría de movilizarnos la muerte de tres personas en específico? ¿No tenemos suficiente con la atrocidad que se vive cada día y que tiene como saldo 200 mil personas asesinadas en 15 años y 95 mil desaparecidas? En ese mar de sangre y zozobra es fácil que se pierda la perspectiva sobre la violencia contra la prensa.
La violencia generalizada, la captura del Estado por intereses político-económico-criminales, la impunidad, el déficit de Estado de Derecho es algo que nos asedia como país. Y precisamente poner luz sobre esta situación que padecen con mayor agudeza poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad es la labor de la prensa. Por esa función de informar sobre complicidades y corruptelas es que cada 12 horas se agrede a la prensa.
Hostigamiento, bloqueo informativo, remoción de contenido en línea, acoso judicial, amenazas, agresiones físicas, robo de equipo de trabajo, allanamientos a oficinas, secuestros, tortura, desaparición y asesinatos son el pan de cada día para las y los periodistas de vastas regiones del país. De hecho, prácticamente ninguna entidad federativa está exenta de registrar por lo menos una agresión a la prensa.
Cada agresión impune o menospreciada por las autoridades es la promesa de que acontecerá una más grave. Tal como hemos probado las organizaciones que defendemos libertad de expresión, ese desdén, traducido en impunidad, envalentona a los perpetradores que pueden escalar la violencia hasta el asesinato. Por eso la impunidad mata.
El lunes 10 de enero sujetos desconocidos asesinaron a José Luis Gamboa, periodista independiente y director de la página en Facebook “Inforegio Network”, en el fraccionamiento Floresta, en el puerto de Veracruz, Veracruz. Entre sus últimas publicaciones se encuentran dos, “La Guerra por la Narco Política” y “Prospectiva parte 1”, en las que se muestra como un fuerte crítico de la situación de violencia en la región y de los vínculos entre crimen organizado y políticos.
Siete días después, Margarito Martínez fue asesinado con arma de fuego por un sujeto desconocido afuera de su domicilio en la colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California. Martínez solicitó su incorporación al Sistema Estatal de Protección a Periodistas en diciembre. El Sistema Estatal remitió la petición al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas (SEGOB), quienes iniciaron comunicación con el periodista. No obstante, el periodista no culminó su proceso de incorporación y por lo tanto Martínez no fue registrado como beneficiario ni del sistema estatal ni del Mecanismo federal. El semanario Zeta, uno de los medios para el que trabajaba Margarito, publicó días después que el arma homicida había sido utilizada en cinco ocasiones anteriores y se vinculaba al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana, Baja California el 23 de enero. Conforme a la documentación que ARTICLE 19 realizó directamente con la periodista Lourdes Maldonado, se registró que la periodista sufrió dos ataques a su vehículo en la semana del 29 de marzo al 4 de abril del 2021, el segundo con arma de fuego. En esa ocasión Lourdes mencionó a ARTICLE 19
Lourdes atribuía los ataques a sus críticas hacia el gobierno de Bonilla (en ese entonces aún Gobernador en turno de BC) y a los gobiernos panistas, pues diario publicaba noticias sobre actos de corrupción de las y los funcionarios públicos, además. Una semana antes de su asesinato había acudido con su abogado laboralista a embargar la empresa de Bonilla con motivo de un laudo laboral a su favor después de 9 años de litigio. En un video publicado en YouTube la periodista señala que tendrá acceso a los libros contables de la empresa PSN y demostraría que el ex Gobernador es un evasor fiscal.
Desde 2021, Lourdes contaba con rondines de policía municipal en su domicilio, como medida de protección por parte del Sistema Estatal de Protección a Periodistas, al cual acudió después de estos hechos contra su vehículo. Asimismo, contaba con “botón de pánico” en su celular y domicilio. Desde 2019, Lourdes había solicitado protección al Presidente de la República en una “Mañanera”, temía por su vida.
ARTICLE 19 ha documentado que los periodistas son atacados principalmente por autoridades públicas. Tal vez eso explique por qué el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de adoptar una estrategia integral que articule a las instancias competentes.
El Mecanismo federal ha incorporado a 1,515 personas para darles alguna medida de seguridad. En sus 10 años de existencia han asesinado a 9 de sus beneficiarios (siete periodistas y dos defensores). En el caso de los mecanismos estatales han sido asesinados cuatro periodistas que en algún momento recibieron medidas o tenían medidas vigentes (tres en Veracruz y una en Baja California) .Los mecanismos de protección, urgentes y necesarios, no resolverán la situación por sí solos. Es fundamental entender esto.
En materia de procuración de justicia la única instancia que tiene la buena y necesaria práctica de publicar datos sobre su operación es la FEADLE. Dicha Fiscalía especial perteneciente a la FGR informa que de 3 mil 419 investigaciones a las que dio trámite de 2010 a 2021, han logrado obtener 28 sentencias ante el Poder Judicial Federal, lo cual representa el 1 por ciento de los casos. De las fiscalías estatales ni sus luces, no tienen información precisa o desagregada y son un ejemplo de malas prácticas de revictimización e incapacidad para abordar los crímenes contra la prensa con un enfoque especializado.
Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas sin presupuesto y personal suficiente, están imposibilitadas para acompañar jurídicamente y reparar el daño. Por su parte las comisiones públicas de derechos humanos, formalmente autónomas, están más preocupadas en cubrir las espaldas de los gobiernos en turno que en defender a las víctimas.
Así, la prevención, protección, justicia y reparación están disociadas. Ello empeora ante un discurso virulento y estéril que considera a la prensa adversaria política. De hecho, la muerte violenta de periodistas en lo que va del mes ha atrincherado al Presidente en una posición defensiva que considera “politiquería” los cuestionamiento en este tema a su gobierno y a sus amigos (como Bonilla).
En el gremio de periodistas algo inédito sucedió el martes cuando cientos de comunicadores se movilizaron en 65 ciudades del país. Nunca se había visto eso. Más allá de filias y fobias, se cobra conciencia que el piso común para cualquier discusión civilizada en democracia es no dejar que maten a la prensa.
