Los paraísos fiscales son utilizados por las corporaciones, ultramillonarios y funcionarios públicos alrededor del mundo para pagar menos impuestos y esconder su riqueza de las autoridades tributarias. En México, el uso de paraísos fiscales por parte de las empresas multinacionales ocasiona que aproximadamente el uno por ciento del PIB[1] deje de destinarse a financiar servicios públicos y garantizar los derechos humanos. Por tratarse de un problema internacional, solamente un acuerdo global podría impedir que estos lugares continúen siendo una causa de la desigualdad extrema. Sin embargo, esto no significa que el Estado mexicano deba quedarse con las manos cruzadas.
Si los paraísos fiscales continúan siendo utilizados es porque los Estados toleran la opacidad financiera, y, desafortunadamente, México no es la excepción. Hoy dependemos de filtraciones periodísticas para saber quiénes se aprovechan de la globalización para mantener lejos de la vista de las autoridades nacionales potenciales actos de corrupción y evasión fiscal.
En nuestro país recientemente se presentó una iniciativa por parte del Senador Juan Zepeda para obligar a las y los funcionarios públicos a declarar si perciben ingresos provenientes de lugares considerados paraísos fiscales[2]. Pese a ir en una dirección correcta, esta propuesta en realidad no es suficiente por dos razones. La primera es que las y los funcionarios podrían decidir si revelan al público dicha información, y la segunda razón es que omite tomar en cuenta que las y los funcionarios no son los únicos que tienen acceso a los paraísos fiscales.
Si queremos contar con un mayor panorama en torno al uso de los paraísos fiscales por parte de las personas contribuyentes mexicanas, también necesitamos conocer las operaciones financieras de las multinacionales y dónde se encuentran las propiedades de los ultramillonarios.
Por ejemplo, el Estado mexicano podría exigir que sus empresas multinacionales reporten de manera detallada qué gastos realizan, cuántos salarios pagan y de dónde obtienen sus ganancias, una práctica denominada Reporte País por País que ya ha sido implementada por corporaciones de otras naciones.
Otra posibilidad consiste en avanzar hacia un sistema nacional[3] donde se registren todo tipo de propiedades, un mecanismo similar al Registro Público de la Propiedad pero donde también se incluya otro tipo de bienes como cuentas bancarias, compañías, fideicomisos, yates, joyas y obras de arte. Un sistema de este tipo es fundamental para que las autoridades mexicanas tengan un mejor panorama en torno a la concentración de la riqueza y diseñar políticas tributarias más acordes a la realidad. Esta medida también permitiría a las autoridades de otros países a identificar si sus contribuyentes tienen bienes en nuestro país.
Los paraísos fiscales son pequeños lugares que ocasionan pérdidas gigantes a costa de la gran mayoría de la población. Aunque el Congreso ha comenzado a mirar hacia la forma de desincentivar que las y los funcionarios públicos “inviertan” en estos lugares, no podemos dejar fuera de la discusión a quienes concentran la mayor parte de riqueza nacional.
* Iván es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
[1] Informe Tax Justice Network sobre el estado de la justicia fiscal en 2021 https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_Tax_Justice_Report_2021_SPANISH.pdf
[2]Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 3, 7, 35 y 60 de la ley general de responsabilidades Administrativas. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-03-02-1/assets/documentos/Inic_MC__Sen_Juan_Zepeda%20art_3_7_35_60_LGRA.pdf
[3] Carta abierta de ICRICT a líderes del G20: es hora de que un registro de activos global apunte a la riqueza oculta https://www.icrict.com/press-release/2022/4/19/icrict-open-letter-to-g20-leaders-its-time-for-a-global-asset-register-to-target-hidden-wealth-ej44h
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