Rafael Morgan Ríos
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Desde el inicio de esta administración federal, se planteó como algo seguro que el crecimiento económico podría ser de un 4 por ciento anual con sólo eliminar la corrupción en la función pública, y hasta se le dio el valor de 500 mil millones de pesos, corrupción en la que también estarían involucradas empresas y empresarios.
Pues bien, ya pasó un año y, aparte de que nadie del Gobierno quiere acordarse del crecimiento del 4 por ciento, también hacen mutis sobre en dónde quedaron los 500 mil millones. Pero además, se tomaron decisiones con el supuesto de esos ahorros; si bien se ha encontrado la mayor corrupción en Pemex, lo cierto es que esa paraestatal está tan quebrada, que cualquier ahorro que se haya logrado se perdió en los miles de millones de dólares de sus pérdidas y deudas acumuladas.
Sin embargo, existen otros muchos renglones de corrupción en la administración pública que provocan deficiencias, ineficiencias e insuficiencias, tanto en el ejercicio del presupuesto como en el ejercicio administrativo. Así, no sólo es corrupción robar los recursos públicos, también lo es desviar el presupuesto hacia fines diferentes a los que fue aprobado; en la misma forma es corrupción asignar presupuesto a fines y actividades no priorizadas ni autorizadas.
Corrupción también es designar funcionarios sin capacidad y sin el perfil necesario, así como aceptar trabajos y empleos a sabiendas de no saber cómo ejercerlos; igualmente no llevar a cabo las funciones que les corresponden, aplicar lenidad o atender sólo a quienes convenga; es corrupción designar funcionarios públicos por amiguismo, por nepotismo o por pagar favores políticos.
Claro que es corrupción recortar el presupuesto a necesidades primarias de salud, educación, investigación e innovación, a las escuelas de tiempo completo, a becas o compra oportuna de medicinas, todo lo cual afecta la productividad y el desarrollo del País. Los recortes presupuestarios sin estudiar a fondo las repercusiones en la obra pública y atemorizar o minimizar la obra privada, ha traído como consecuencia el retroceso en la economía del País.
Es también corrupción repartir dinero sin control y sin reglas de operación, lo que ha ocasionado déficit presupuestal y más recortes en áreas prioritarias, todo lo cual ha “desinflado” la economía afectando también la recuperación de los ingresos públicos.
Es corrupción no cumplir con las funciones constitucionales de otorgar seguridad plena a la sociedad mexicana; es corrupción no perseguir a la delincuencia organizada y hasta dejarlos libres sin siquiera llevarlos a juicio. Claro que también es corrupción liberar con argucias legales a delincuentes aprehendidos en flagrancia o sencillamente confesos.
Es igualmente corrupción hacer normas a conveniencia o bien no cumplir con la normatividad establecida y tomar decisiones ilegalmente con las “consultas al pueblo a mano alzada”.
Es abuso de poder y corrupción, atacar desde el poder a las instituciones y organizaciones ciudadanas, sean organizaciones sociales o instituciones legalmente constituidas, denostando a sus integrantes, destituyéndolos o rebajándoles sus emolumentos. Es abuso de poder atacar a los medios de comunicación que critican o por la menos denuncian estos excesos de poder. Casi todos los presidentes, entre ellos Juárez y Madero; “aguantaron” las críticas ciudadanas, algunas veces agresivas y hasta insultantes, porque estaban conscientes que los ciudadanos son el verdadero poder y el gobierno se debe a los ciudadanos, a todos, no sólo a los que se juntan a echar porras.
Es corrupción también no atender la problemática del cambio climático, a pesar de que se está sufriendo la contaminación del aire y las aguas negras, la falta de agua, la desertización del suelo y la tala de árboles; el sargazo y las inundaciones fuera de serie; más aún, las decisiones de una nueva refinería y del tren en la Península de Yucatán agravarán más todavía la destrucción de la zona maya de selvas y la biodiversidad.
Es corrupción doblar impúdicamente la cerviz ante el vecino del norte en cuanto a la migración, bajo la amenaza de fijar aranceles exagerados a las exportaciones mexicanas, aceptando de hecho ser un “país seguro” para detener a los migrantes en este país, mientras que Estados Unidos decide si los acepta o no.
Muchos de estos factores que no parecen ser de pesos y centavos, se refieren a la ineficiencia del sector público, ineficiencia que muchas veces es más costosa que la corrupción en sí.
