¿Qué debe atenderse en la agenda digital para este sexenio 2024-2030 en México?

Nos encontramos en un momento político crucial para la agenda de derechos digitales en México. En este momento existe la posibilidad a aprender de los aciertos de administraciones anteriores, transformar los errores pasados y atender los temas pendientes. Sin embargo, para que esto se pueda materializar es necesario que se implementen procesos de reaprendizaje y fortalecimiento de capacidades al interior, así como abrir las puertas a la participación y debate de todas las partes interesadas.

En el Reporte de Política Pública: México, publicado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas) se realizó un análisis de cómo agenda gubernamental encaminada a la inmersión de la inteligencia artificial (IA) en México fue reorientada con la entrada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con la publicación del Plan de Desarrollo Nacional (2019-2024), se redefinió la estrategia en la agenda digital, y apostó por el despliegue de infraestructura de conectividad, pasando por alto la agenda de IA.

Por ello, hemos visto la necesidad de enfatizar algunos puntos a considerarse por la nueva administración gubernamental en temas de agenda digital vinculada a una estrategia de política pública.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se prometió que el 92 por ciento de la población contaría con acceso a Internet. Así se implementaron programas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y Altán Redes, mismos que de acuerdo con cifras oficiales para diciembre de 2023 habían cumplido y excedido dicho cometido. Sin embargo, la infraestructura no lo es todo y menos cuando no cuenta con el mantenimiento adecuado.

La falta de una perspectiva amplia sobre conectividad se materializó con aumentos poco significativos en el uso de Internet. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, únicamente el 81.2 por ciento de las personas mayores a 6 años utilizaron Internet durante el 2023 y solamente 43.8 por ciento de los hogares disponía de computadora.

En este nuevo gobierno es crucial que se adopte una perspectiva hacia la conectividad universal significativa, que vaya más allá de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Esto implica fortalecer capacidades tecnológicas, administrativas y operativas, ofrecer educación digital accesible y plataformas intuitivas para poblaciones vulnerables, y reconocer el derecho de las comunidades a decidir qué tecnologías son útiles para ellas. Asimismo, es necesario reconocer y apoyar procesos y proyectos comunitarios de conectividad, lo cual incluye dotar a las comunidades de recursos tanto materiales como económicos para facilitar la conectividad.

La adquisición y despliegue de las tecnologías ha sido utilizadas con estos fines injustificados en contra de voces críticas al poder como periodistas y defensoras de derechos humanos.

Algunos de los puntos que deberá de abordar la agenda sobre vigilancia masiva son: 1) limitaciones y salvaguardias con el abuso y el uso indebido de tecnologías emergentes; 2) evaluación y revisión constante para garantizar que esas tecnologías se utilicen de manera apropiada, ética y sobre todo con enfoque de derechos humanos; 3) impulsar y fortalecer la investigación, persecución y sanción de delitos relacionados con intervención de comunicación y evitar a toda costa la impunidad; 4) evitar la concentración de facultades y atribuciones inconstitucionales, injustificada, ilegales y desproporcionadas a elementos del ejército, guardia nacional y elementos de seguridad pública y ciudadana.

Los sistemas automatizados han sido reconocidos por reproducir sesgos y desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad histórica. Se han señalado el racismo científico a través del cual se diseñan y operan estos sistemas, promoviendo el perfilamiento racial, la censura previa, la vigilancia masiva e incluso la comisión de abusos de autoridad y graves violaciones a derechos humanos. Por eso es imperativo conocer cómo operan estos sistemas y cuál es su rol en la toma de decisiones gubernamentales bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Durante la transición política del gobierno de AMLO al de Claudia Shienbaum, debe quedar un liderazgo para retomar, mejorar y promover un Plan de Desarrollo Nacional que incorpore una Estrategia Digital Nacional orientadas al uso, desarrollo e implementación de tecnologías emergentes con perspectiva de derechos humanos y en beneficio de la sociedad. Considerando, además, un enfoque multisectorial y de múltiples partes interesadas en construir esfuerzos desde las dependencias, órganos legislativos, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada (poniendo énfasis en Startups y PyMES mexicanas de tecnología) y academia mediante diálogos y participación real y no simulada.

Por otro lado, es fundamental evitar la sobre regulación y populismo punitivo frente al espacio digital que se ha convertido en tendencia en los últimos años y que representa limitaciones arbitrarias, ambiguas y anticonvencionales frente al ejercicio de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Es crucial que la nueva administración aborde de manera integral y efectiva las violencias estructurales del ámbito digital, que limitan el acceso y la participación equitativa en el espacio digital, y perpetúan desigualdades y exclusiones. Solo a través de la participación significativa en la atención a estos puntos será posible impulsar estándares y prácticas basadas en las necesidades, intereses y contextos de las personas y comunidades desde una perspectiva de derechos humanos.

* Las autoras María José De Icaza es investigadora del programa de derechos digitales y Priscilla Ruiz Guillén es coordinadora legal, ambas en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

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