Pueblos originarios, una prioridad en los 100 primeros días de Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbuam arribó a sus 100 días de Gobierno con un alto índice de popularidad en las encuestas, cercano al 80 por ciento. Entre los resultados que destacan en este período está todo lo relacionado con el avance en la agenda de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, comenzando por la aprobación de la reforma constitucional que los reconoce como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, cuestión que por sí misma reconfigura la estructura federal del Estado mexicano, añadiendo un cuarto nivel de gobierno y replanteando el tipo de relación de las autoridades con los pueblos y las comunidades bajo principios de igualdad y respeto y no de tutelaje y subordinación.

La Mandataria no se ha contentado sólo con presumir la aprobación formal de la reforma, sino que ha venido dando pasos concretos para que el reconocimiento como “sujetos de derecho público” no quede en letra muerta y puedan las comunidades recibir y administrar sus propios presupuestos de forma autónoma. Muestra de ello fue el paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal para 2025 y aprobado por el Congreso, desde Fundar identificamos, algunos cambios importantes (1):

- Nuevas disposiciones para la participación efectiva y directa de los pueblos y comunidades respecto a los recursos contemplados en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

- Potencial asignación de recursos a ejercerse libremente y de manera autónoma por los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.

En el caso del Anexo 10 el presupuesto para este año ascendió a un total de 219 mil 732 millones de pesos, un aumento real de 37.39 respecto al presupuesto aprobado en 2024, que fue de 153 mil 343 millones de pesos. Pero no sólo se trata de un aumento significativo, sino que la visión asistencialista con el que operaba este anexo cambió al incorporarse como requisito obligatorio la participación de los pueblos y las comunidades en la operación de los programas, así como la asistencia técnica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la elaboración de los criterios para su diseño, que se venía haciendo de forma discrecional por cada dependencia de la Administración Pública Federal.

Sobre la asignación de recursos a pueblos y comunidades para su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con nuestro análisis, se estableció que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) -parte del ramo 33 destinado a entidades y municipios- “debe garantizar la entrega de por lo menos el 10 por ciento de los recursos [...] a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos en el Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos”. En 2025, el FAIS tendrá 123 mil 742.8 millones de pesos, del cual el 10 por ciento constituye una bolsa de 12 mil 374 millones de pesos.

Sólo queda destrabar el control que aún tienen las entidades y municipios sobre el Fondo, al ser recursos que se le siguen asignado de forma directa y son estas quienes se encargan de su distribución a las comunidades. No obstante, el haber etiquetado un porcentaje importante a este objetivo es fundamental; esperemos ahora que la legislación reglamentaria de la reforma, la cual ya inició su proceso de construcción y será sometida a consulta el próximo mes de febrero, pueda establecer límites para evitar la intermediación de las autoridades estatales y municipales en la repartición del recurso, lo cual ha traído un sin número de conflictos en entidades como Oaxaca.

Otra acción relevante en estos 100 días fue la firma del Decreto Presidencial por el que se le reconoció la Propiedad Comunal Tradicional de sus tierras a las comunidades Rarámuri de Guasachique (mil 485 hectáreas) y Bosques de San Elías Repechique (693 hectáreas), en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. En el caso de Repechique, se les restituyó por ahora un 6 por ciento de las 11 mil hectáreas que llevan exigiendo tras una larga batalla legal por recuperar su territorio ancestral (2).

Además, este 10 de enero la Presidenta anunció en su conferencia matutina un programa de “Apoyo Financiero A Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas”, el cual contará con un monto de 500 millones de pesos en 2025, para otorgar 12 mil apoyos individuales de hasta 50 mil pesos y mil para colectivos o sociedades de hasta 300 mil pesos, con “la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades productivas de las mujeres indígenas y afromexicanas artesanas que tengan 18 años y más, que enfrentan dificultades para el desarrollo de sus actividades productivas” (3).

Sin lugar a duda, son algunos pasos positivos en un contexto donde son muchos los pendientes y las urgencias, como es dar una atención prioritaria a las familias jornaleras indígenas, en especial las mujeres, que viven junto a sus hijas e hijos -una violación sistemática a sus derechos sociales en los campos agrícolas- o proteger la vida de las personas defensoras indígenas, que son frecuentemente asesinadas y agredidas por defender sus territorios.

No obstante, la señal que parece mandarnos la titular del Ejecutivo es que dará prioridad a la agenda indígena y no se contentará sólo con el gesto simbólico de tener a los pueblos originarios en sus actos públicos o para recibir el bastón de mando o arrodillarse ante una líder indígena y declarar este 2025 como el año de la mujer indígena. Al parecer, lo simbólico vendrá acompañado esta vez de acciones concretas para hacer justicia a los pueblos y erradicar las condiciones de discriminación que han padecido por siglos. Ojalá no sean sólo los 100 primeros días y siga materializando esta voluntad a lo largo de todo su sexenio.

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El autor es Edmundo del Pozo, coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

1. Fundar: “Análisis del Paquete Económico 2025”, apartado Pueblos Indígenas y Presupuesto, pp. 32-36.

2. “Para resarcir la justicia, tenemos que regresarles la tierra a los pueblos: Sheinbaum” / “El largo recorrido de la comunidad rarámuri de Repechique para lograr el reconocimiento de su territorio en el norte de México”.

3. “Presidenta Claudia Sheinbaum presenta apoyo financiero a mujeres indígenas y afromexicanas artesanas”.

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