Promesas y omisiones: la estrategia de Sheinbaum ante las desapariciones en México
El pasado 17 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de las desapariciones en México a raíz del descubrimiento de un “campo de exterminio y centro de reclutamiento” en Teuchitlán, Jalisco.
Afirmó que “el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional” y que “también lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia para las víctimas y sus familiares”.
Esta es la primera vez que la Presidenta se pronuncia sobre el tema desde el 29 de octubre de 2024, y lo hizo para presentar una serie de propuestas legislativas y operativas con las que busca atender esta deuda histórica.
En el listado de acciones anunciadas hay propuestas con las que coincidimos, al menos en el plano teórico.
Respaldamos la decisión presidencial de fortalecer las capacidades de análisis y las herramientas tecnológicas de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que requiere asignarle mayor presupuesto y personal para consolidar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Esto es aún más relevante si el objetivo es generar un sistema que cruce sus datos con el Registro Nacional de Población y el Instituto Nacional Electoral para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas.
También coincidimos en la necesidad de garantizar e incrementar la atención y ayuda para los familiares de las víctimas, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como en incluir en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cifras sobre víctimas y carpetas de investigación por los delitos de desaparición.
Sin embargo, las reformas anunciadas a la Ley General en Materia de Desaparición también evidencian la larga lista de omisiones y retrasos acumulados durante el gobierno anterior.
Entre estas deudas destacan la creación de un Programa Nacional de Exhumaciones y la operación de registros de personas fallecidas no identificadas y de fosas, ambos contemplados en la Ley General, pero omitidos por la Fiscalía General de la República.
La misma ley establece que la FGR y las 32 fiscalías estatales deben contar con fiscalías especializadas en la investigación de desapariciones. No obstante, hasta febrero de 2025, cinco entidades aún no cumplían con esta obligación.
En los estados que sí han conformado estas fiscalías, los informes sobre su funcionamiento son escasos y reflejan el estancamiento de los casos debido a la falta de respaldo administrativo y operativo.
Cabe destacar que, según Impunidad Cero, el 99 por ciento de las denuncias por desaparición presentadas ante las fiscalías estatales y la FGR entre 2019 y 2022 permanecen impunes.
Además, las entidades federativas están obligadas a emitir normativas propias para regular la búsqueda e investigación de personas desaparecidas e integrar sus estructuras institucionales al Sistema Nacional de Búsqueda.
No obstante, al cierre de 2024, 12 estados aún no contaban con una ley en la materia y en 15 entidades los tipos penales no estaban homologados con la Ley General.
En 10 de ellas ni siquiera se distingue entre “desaparición forzada” (cometida por servidores públicos) y “desaparición cometida por particulares”.
En algunos estados, los códigos penales no contemplan que particulares pueden cometer desapariciones, lo que reduce la protección a las víctimas y obliga a las fiscalías a recurrir a tipos penales y protocolos de investigación incorrectos.
El rezago en materia forense es igualmente preocupante.
Un claro ejemplo es el desempeño del Centro Nacional de Identificación Humana, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda como parte del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, cuyos resultados han sido mínimos.
El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense carece de lineamientos de operación y de recursos etiquetados para su implementación, lo que ha impedido su consolidación institucional.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Identificación Humana, de acuerdo con el último informe del Sistema Nacional de Búsqueda, al cierre de 2024, sólo ha logrado identificar a 15 personas mediante coincidencias genéticas.
A septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda contaba con apenas 119 trabajadores dedicados a la búsqueda de personas en todo el País. Considerando las 13 mil 449 desapariciones registradas en 2024, en promedio, cada persona buscadora tendría que encargarse de la localización de 113 desaparecidos simultáneamente, sin contar las decenas de miles de casos acumulados en años anteriores.
Esta carga de trabajo evidencia la precariedad con la que operan las instituciones responsables de la búsqueda de personas en México y deja en claro que cualquier intento de reforma debe partir del reconocimiento de estas carencias estructurales.
El mensaje de la Presidenta Sheinbaum y su reconocimiento de la crisis de desapariciones son un primer paso, pero la efectividad de su estrategia dependerá de su capacidad para traducir estas propuestas en acciones concretas.
Más allá de ajustes normativos, se requiere fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda, garantizar su financiamiento y dotarlas de herramientas reales para que puedan hacer su labor.
Sin estos cambios, la crisis de desapariciones seguirá siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
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El autor es René Gerez López (@gerezcong), investigador de @causaencomun.
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