Primero al bote

    Ahí están los datos que el Presidente preferiría negar, y que el gobierno quisiera tapar, revelados por la investigación de Animal Político e Intersecta. La ampliación lopezobradorista del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa ha sido catastrófica. Ha llevado al encarcelamiento de 300 personas al día; al crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.

    El gobierno de “primero los pobres”. El proyecto de apoyarlos, visibilizarlos, ponerles la atención merecida y tantas veces insuficiente. Saboteado por la seducción de la mano dura, la imagen de los corruptos tras las rejas, la narrativa de los criminales exhibidos y castigados. La 4T víctima de un patrón pernicioso: una transformación epopéyica en el discurso pero destructiva en los hechos. Porque después de la profundización del punitivismo penal con la reforma del 2017, los pobres sí han sentido en carne propia los efectos de la política pública, pero no como hubieran querido, ni como hubiéramos anhelado. Son los primeros en ser encarcelados, los primeros en ser entambados, los primeros en padecer los efectos de algo que López Obrador presume, pero no debería. La prisión preventiva oficiosa que no reduce la corrupción, ni disminuye la impunidad, ni abate la violencia. Parapeta a los poderosos y persigue a los pobres.

    A los que son acusados de robar un taco o vender un churro de mariguana. A los que sin investigación van pa’ dentro, encerrados detrás de un muro hermético, donde, como siempre, hay demasiada ley para quienes pueden evadirla, y muy poca para los que no tienen con qué. Donde primero aprehenden y luego investigan. Miles de mujeres marginadas, cientos de artesanos acusados, decenas de taxistas condenadas, sin sentencia. Apilados en celdas cada vez más llenas, en cárceles cada vez más hediondas. Los prioritarios del lopezobradorismo pudriéndose, encogiéndose, deshumanizándose. Han caído en manos de los que aprueban la prisión automática, y no podría haberles ocurrido algo peor. Esa cárcel oficiosa que victimiza a las víctimas, condena a los inocentes, captura a los débiles, pero no toca a los privilegiados. Esa práctica del pasado, reforzada en el presente, avalada por Morena, votada por el resto de los partidos. Para Lozoya hay pato pekín en el Hunan; para los vulnerables hay Santa Martha Acatitla.

    Ahí están los datos que el Presidente preferiría negar, y que el gobierno quisiera tapar, revelados por la investigación de Animal Político e Intersecta. La ampliación lopezobradorista del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa ha sido catastrófica. Ha llevado al encarcelamiento de 300 personas al día; al crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Ha producido a 130 mil personas a quienes se les ha arrebatado la presunción de inocencia, mientras esperan juicios, sin acusaciones probadas en su contra. Ha tenido efectos espeluznantes como los padecidos en Oaxaca y la Ciudad de México, donde en 2020, el 100 por ciento de las personas encarceladas ingresaron a los centros penitenciarios como presuntos culpables: sin juicio, sin sentencia, sin salida, sin voz, sin derechos, sin defensor público. Atrapados por esa “justicia” discriminatoria que aprisiona a vendedores ambulantes, pero deja libres a los involucrados en Odebrecht.

    He ahí los resultados del populismo penal; de la mano dura para algunos pero el guante de terciopelo para otros. Una transformación que más bien parece una mimetización. Una versión aún peor de la podredumbre heredada, más no reformada. El país donde -a pesar de la prisión preventiva oficiosa- el 95 por ciento de los crímenes permanecen impunes. El país donde 75 por ciento de los crímenes no son denunciados por falta de confianza en las autoridades. El país donde la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de la cárcel automática, y el Presidente ataca a la institución en vez de modificar la ley y corregir la práctica. El resultado de décadas de más de lo mismo: gobiernos que no profesionalizan policías, que no entrenan a procuradores, que no adiestran a peritos, que no saben cómo investigar crímenes y optan por inventar criminales.

    Gobiernos de “derecha” y de “izquierda”, compartiendo el mismo desprecio por la presunción de inocencia, el mismo desdén por la justicia. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador argumentando que el fin justifica los medios, y que para perseguir criminales hay que generar criminales. Hay que encarcelar a muchos inocentes para encontrar a algunos culpables. Lo han hecho y lo siguen haciendo. Sólo que a diferencia de sus predecesores, el Presidente actual se jacta de su preocupación por los pobres. Y no tardará en exaltar el estoicismo del pueblo bueno tras las rejas.